En la zona conocida como La Tintorera dentro del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo, una red de 100 metros permaneció durante años sumergida como una trampa para la fauna marina. Su extracción el pasado 21 de agosto puso de nuevo sobre el ojo colectivo una de las problemáticas que persisten en la bahía de La Paz: las “redes fantasma”.
Ante la falta de recursos oficiales suficientes, colectivos ciudadanos como Mar Libre, Ecosistemas y Conservación (ECO) y la Red de Observadores Ciudadanos (ROC) han tomado un papel central en la detección y retiro de estas redes abandonadas en el mar, combinando trabajo voluntario, protocolos técnicos y colaboración con autoridades.
Las redes fantasma son difíciles de localizar y no siempre se distinguen de las redes en uso. Alberto Guillén, director operativo de ROC, explicó que en ocasiones se movilizan a sitios donde los reportes resultan ser de artes de pesca en uso.
La clave, dijo, está en reconocer los signos de abandono como incrustaciones, restos de fauna muerta, ausencia de boyas o bidones. Aun así, admitió que detrás de muchas redes fantasma podría estar la pesca furtiva: “Gran parte de las redes abandonadas están relacionadas a la pesca ilegal (…) inclusive el hecho de que se hayan abandonado redes, es muy posible que sea porque se combatió algún grupo de pesca ilegal”.
El hecho de ser abandonadas, no limita que estas redes sigan atrapando peces y fauna marina. Lo encontrado por la organización civil Mar Libre en sus limpiezas mensuales muestran la gravedad del problema. Pablo Ahuja, fundador del colectivo, relató que uno de los momentos más significativos fue “durante una limpieza mensual hace seis años en la bahía de La Paz, en la zona de Comitán encontramos una red con una cría de un delfín. Entonces liberamos el delfín y sacamos la red del mar (…) fue muy emocionante para los voluntarios”.
No todas las escenas tienen un desenlace positivo. Hace apenas ocho meses, en la playa El Saltito, Mar Libre encontró una red de monofilamento con animales ya muertos, entre ellos, una tortuga y un lobo marino.
“El problema más grande es cuando son redes fantasma (…) siempre va a haber partes que quedan como un poquito suspendidas, funcionando todavía como red, y en esas redes quedan atrapados peces, tiburones, tortugas, mamíferos marinos que nadie los va a liberar y pues se mueren”, dijo Arturo Ayala Bocos, director de ECO, una asociación civil que se fundó en 2015 como iniciativa de un grupo de biólogos que apuesta por la ciencia ciudadana y el monitoreo participativo.
Los cuerpos de un lobo marino y una tortuga fueron encontrados en la playa El Saltito en septiembre del 2024. Foto: Mar Libre.
Retiro de redes
El retiro de una red fantasma no es una operación sencilla, requiere embarcaciones, buzos especializados y recursos económicos que casi nunca están disponibles en las instituciones.
“Vamos a gastar entre 50 y 100 litros de gasolina, dependiendo del tiempo y la distancia que vamos a recorrer (…) hay que llevar un poco de agua, un poco de lunch para todos”, explicó Guillén sobre los recorridos de ROC.
Si bien los recorridos de dicha organización se centran en la vigilancia ambiental, cuando encuentran una red, deben absorber los costos del operativo.
Por su parte, ECO trabaja con protocolos internacionales aprendidos en talleres de la
Food and Agriculture Organization (FAO) y de especialistas como Edgardo Ochoa de Conservación Internacional México, representación en el país de la organización con sede en Estados Unidos, que se dedica a promover soluciones basadas en ecosistemas que aseguren el bienestar humano y la biodiversidad.
Los métodos para extraer una red del fondo marino pueden variar según el caso, ya que varían las dimensiones de la red, profundidad o dificultades como que estén atrapadas por piedras o enredadas en arrecifes. Arturo explica cómo han trabajado en ECO para la recuperación de estas redes: “Seccionas, amarras unas bolsas de levantamiento (boyas) y marcas en dónde vas a hacer los cortes (…) luego cortas y esas bolsas de levantamiento te van a mandar la red a superficie”.
La coordinación con autoridades suele ser lenta, lamenta.
Autoridades necesarias pero limitadas
Aunque los colectivos suelen dar el primer paso, la extracción legal de las redes requiere presencia institucional. ROC, acreditado como comité de vigilancia ambiental, colabora directamente con la Profepa: “Cuando nosotros les reportamos algo, ya se ha hecho un trabajo de confianza de muchos años. Ellos confían en los datos que les pasamos”.
Sin embargo la falta de presupuesto es evidente. Durante la década entre 2015 y 2025, México ha experimentado un claro cambio en la prioridad presupuestal dedicada a la protección ambiental.
La Profepa, destinada a la vigilancia ecológica, disponía de mil 107 millones de pesos en 2015, y para 2025 se proyecta alrededor de 839 millones, lo que representa una caída nominal cercana al 24%. La Conanp, responsable de la conservación de áreas naturales protegidas, pasó de contar con más de mil 185 millones en 2015 a apenas mil 1 millones en 2025, lo que implica que cada hectárea protegida recibe en promedio sólo 10.2 pesos al año este año, según el análisis de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) en el estudio Cuidar lo que importa.
“Profepa no siempre tiene movilidad en el agua. Entonces digamos que hacemos el favor completo: recibimos el reporte, lo verificamos, confirmamos y apoyamos en la maniobra”, dijo Guillén.
Para Ayala Bocos la raíz del problema está más arriba, “el gobierno federal no les da a estas comisiones el presupuesto suficiente para que lo hagan (…) quienes se tienen que hacer cargo de eso, pues es la comunidad, la sociedad por medio de asociaciones civiles, grupos de voluntarios (..) que a ver, no es que no quieran los de Conanp o Profepa pero no tienen con qué”.
De la reacción a la prevención
La gran pregunta que queda abierta es cómo evitar que estas trampas lleguen al mar. Arturo Ayala Bocos coincide en que la solución no puede limitarse a reaccionar cada vez que aparece una red, sino que debe orientarse hacia un modelo preventivo.
Según el director de ECO, ese cambio requiere tres ejes centrales: regulación, vigilancia y educación. “Para evitar y prevenir, la realidad de las cosas es que se tendría que tener un buen programa de regulación y de vigilancia (…) y lo más importante de todo es tener un arduo trabajo de concientización con los pescadores”, señaló.
Comentarios (0)