Las políticas de la administración de los Estados Unidos tienen consecuencias en el combate a la pesca ilegal en México, apuntan expertos.
Al cierre de la administración del presidente Joe Biden, el gobierno de los Estados Unidos evidenció la incursión del narcotráfico en la pesca de México.
El 26 de noviembre, el Departamento del Tesoro reportó a cinco miembros del cártel del Golfo a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Este mecanismo, entre otras cosas, interrumpe los vínculos entre miembros del crimen y empresas. Implica que cualquier cuenta o propiedad de las personas señaladas sean bloqueadas, así como cualquier empresa de la que sean propietarios o tengan más del 50% de las acciones.
Además del efecto mediático, la reciente declaración del presidente Donald Trump como terroristas a los cárteles busca romper vínculos entre actores y el crimen, comenta el experto en seguridad Vidal Fernando Romero, quien es profesor del departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“En términos más sustantivos lo que hace es generar como una herramienta más para el gobierno americano para tratar con ciertos actores en México que pudieran estar relacionados con carteles…. Entonces ahí entran pues empresas mexicanas que puedan haber estado involucradas en negocios con los carteles. Políticos que pudieran haber estado involucrados con carteles”, apuntaló.
Sin embargo, el principal motivo de la medida de Trump es “propagandístico”, ya que le da al gobierno de Estados Unidos más herramientas para exigir a México conforme a sus intereses, aseguró Romero.
“Es la parte más de opinión pública y es mostrar que pues ahora va más en serio que la vez pasada. Esto ya es un paso adicional en esta guerra contra los carteles”, dijo. Si bien el crimen organizado se ha diversificado, Trump se centra en sus discursos sobre el fentanilo porque es lo que sus votantes esperan, apuntó Romero.
El revuelo de la declaratoria de terrorismo ha incluso levantado especulaciones de una posible intervención u operación militar. No obstante, esta medida del gobierno de Trump no tiene ninguna implicación extraterritorial, apuntó la profesora Guadalupe Cabrera-Correa de la Universidad George Mason en Virginia.
“Obviamente, la definición no tiene efectos de extraterritorialidad, pero lo que sí tiene son efectos para supuestamente desmantelar las redes concentrándose en lo económico. En lo material. Y es importante porque Estados Unidos puede congelar cuentas y también se puede ir por lo económico de los grupos o de las personas que apoyan a estas organizaciones que ahora son terroristas. Entonces se cancelan visas, obviamente se va contra el dinero. Sin embargo, pues tiene que hacerse una investigación para ver cómo se hace este lavado de dinero, por ejemplo, quién lo hace y a qué cartel porque hay específicamente algunos grupos que fueron elegidos”, dijo la experta en seguridad transnacional.
Lo anterior toma relevancia en el sector pesquero, ya que el Departamento del Tesoro ha vinculado la pesca furtiva como parte de un esquema de financiamiento ilegal.
“(Organizaciones criminales) dependen de una variedad de esquemas ilícitos como la pesca INDNR (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) para financiar sus operaciones, junto con el narcotráfico y el tráfico de personas”, dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Bradley T. Smith, el 26 de noviembre.
Dicho Departamento es parte de un grupo de trabajo intergubernamental en contra de la pesca ilegal establecido por la ley SAFE (por sus siglas en inglés), que es el principal mecanismo de coordinación contra la pesca furtiva en ese país.
El combate y las exigencias en el ámbito de la pesca ilegal han sido cada vez más públicas en ambos lados de la frontera. Arguyendo que la pesca ilegal de México pone en desventaja a los pescadores del Sur de los Estados Unidos, una propuesta de ley firmada por cuatro senadores estadounidenses pidió el 28 de enero el desarrollo de un estándar para identificar el país de origen del huachinango y ciertas especies de atún que entran a los Estados Unidos.
La incursión de productos que han sido pescados ilegalmente a Estados Unidos fue estimada en un informe de la United States International Trade Commission del 2021, donde México encabeza las exportaciones ilegales a Estados Unidos, con 25% del valor total.
Escepticismo
Es difícil prever qué tipo de implicaciones puede tener en México las nuevas medidas del gobierno de Trump, al tiempo que hay escepticismo de lo que la declaratoria de los cárteles como grupos terroristas implique para las propias empresas de los Estados Unidos.
“Históricamente, lo que sabemos es que el lugar en donde más lavan dinero los carteles es Estados Unidos. Y entonces difícilmente el gobierno americano se va a meter a eso a fondo. Es decir, hay buenas razones por las que, aunque todos estamos de acuerdo en que hay que pegarles en el dinero (a los cárteles), nunca se ha hecho de forma real”, apuntó Romero.
En cuanto a sanciones puntuales a la pesca ilegal, los casos anunciados por medios oficiales estadounidenses son escasos. En diciembre del 2023 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) impuso tres multas que sumaron 734 mil dólares a empresas en Estados Unidos por importar ilegalmente camarón del Alto Golfo de México.
Por otra parte, cuando se habla de las herramientas en México para combatir el lavado de dinero surgen nombres como el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Para Romero, su conformación no es la ideal para atacar este flagelo.
“Los temas de lavado de dinero van mucho más allá de la parte formal, hay muchísimo lavado informal, yo diría que la gran mayoría está en la parte informal. Y eso pues no llega a Hacienda, por definición porque no es algo registrado”, comentó Romero.
“Si comparas, por ejemplo, lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera con otros países en el mundo, México es casi el único país que tiene esa unidad dentro del Ejecutivo. Es decir, en la Secretaría de Hacienda. En todos los demás países esa unidad está en las fiscalía”, opinó Romero.
El experto del ITAM indicó que han sido creadas unidades que combaten el lavado dentro de fiscalías pero no han tenido el apoyo necesario.
Este año la UIF cuenta con 163 millones de pesos; la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales 46 millones; y la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 60 millones. Los montos representan, respectivamente, caídas de 19.7%, 0.5% y 0.3% con respecto al presupuesto de 2024.
Recortes de USAID
En otro frente, los recortes de la administración Trump a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) tienen implicaciones en el trabajo que se hace en las costas pesqueras de México.
“Con algunos de estos fondos se financiaban acciones a través de distintas organizaciones no gubernamentales y, ocasionalmente, apoyos a gobiernos extranjeros, entre ellos el mexicano, para tomar acción en medidas respecto de la pesca ilegal”, apuntó el abogado Rigoberto García Soto, experto en temas de inspección y vigilancia.
El 28 de marzo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, notificó al Congreso su intención de desmantelar la USAID antes del 1 de julio. De contar con 10 mil empleados alrededor del mundo, se contempla que la agencia conserve 15 para septiembre, de acuerdo con un email desclasificado por el New York Times.
En cuanto a los fondos en México, medios y organizaciones no gubernamentales de diferentes rubros han manifestado recortes de personal y cese de operaciones debido al congelamiento de estos fondos.
“La cancelación de estos fondos de los programas de USAID en donde se han restringido terriblemente las iniciativas a las cuales se van a poder destinar estos recursos, se van a ver reflejadas en México y en el mundo en medidas que ya se aplicaban por parte de entidades gubernamentales en coordinación con organizaciones no gubernamentales para atajar este tipo de temas”, dijo el abogado.
Para el 10 de marzo el 83% de los programas de USAID habían sido terminados, lo que dejó un agujero global de 60 mil millones de dólares, de acuerdo con el tanque de pensamiento del Parlamento Europeo.
García Soto recordó que estos fondos entregados muchas veces a organizaciones civiles han servido en términos prácticos a la operación gubernamental de la inspección y vigilancia pesquera.
“Cuando ya no van a estar estos fondos de ayuda de USAID disponibles para las oenegés, no se va a reflejar solamente en lo que hacen o dejan de hacer las oenegés, sino que se van a reflejar en medidas concretas de aplicación de la ley que hacen los países a través de sus autoridades domésticas, que ya no se van a hacer”, apuntó.
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