En la antesala de la COP 30 a celebrarse en Brasil y la discusión en curso del proyecto de presupuesto 2026, una coalición de organizaciones civiles de México hace énfasis en que las finanzas públicas del país se encuentran desalineadas de las metas climáticas del país.
México Resiliente alertó sobre la necesidad urgente de identificar qué programas gubernamentales generan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero para que el gasto del país pueda combatir el calentamiento global y no agravarlo.
La directora Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), refirió que dicha identificación permitiría armonizar los programas con la agenda de combate al cambio climático, cuyo trabajo debe iniciar desde la concepción de los programas y no al final cuando estos ya están echados a andar.
“Si cada año hiciéramos un análisis de cómo los programas están alineados o no y eso nos llevara a diseñar el presupuesto, haríamos muchísimos cambios que no tienen que ser radicales, sino paulatinos”, apuntó la fundadora del GFLAC.
En la actualidad el presupuesto del país se orienta más a aquellas actividades que producen los gases de efecto invernadero que a las que combaten el calentamiento global.
De acuerdo con Guzmán, el 0.47% del presupuesto total del país se va a la atención del cambio climático, mientras que en aquellos rubros dirigidos a la producción de petróleo y otros componentes que producen el cambio climático este porcentaje presupuestal asciende a 8.98%, conforme el Índice de Finanzas Sostenibles.
De esta cuenta la petición de Resiliencia Climática es tener una estrategia de financiamiento, apuntó Guzmán en el marco de la conferencia de prensa “Las contribuciones climáticas de México y el Paquete Económico 2026: retos y oportunidades para alinear el presupuesto y el clima”.
“Y ese tema va a ser una condicionalidad cada vez más grande. Los donantes ya no te van a dar dinero por dártelo. Te van a decir en qué lo vas a usar. Y si México no tiene un plan, entonces volvemos al mismo punto. Vas a gastarlo en cosas que no van a transformar y va a ser una pérdida de dinero y va a ser un círculo vicioso”, apuntó la experta.
Presupuesto refleja descuido del ambiente
El anexo transversal 16 es un apartado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que muestra los recursos para atender el cambio climático, sin embargo, expertos manifestaron su escepticismo sobre que esta partida atienda a cabalidad el objeto que se propone.
Para el 2026 el anexo transversal 16 mantiene un presupuesto de 212 mil millones de pesos, distribuidos en diferentes rubros del PPEF y reflejados en este anexo que funciona como una matriz. Este monto representa un 2.09% del gasto neto total para el siguiente año fiscal.
“Algo necesario que es preciso subrayar en esta presentación es que el anexo transversal 16 se ha transformado en un presupuesto para financiar megaproyectos.”, dijo Gina Chacón, directora de Política Pública Programa México de la organización Wildlands Network.
Un análisis hecho por la coalición de organizaciones civiles Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa) precisó que menos del 0.2% de este Transversal 16 está destinado a las áreas naturales protegidas. Lo que supone que, de no haber modificaciones, estas áreas contarán con 10.2 pesos por hectárea.
Con mil 2 millones de pesos, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se enfila a contar con el presupuesto más bajo en los últimos 21 años, de acuerdo con el PPEF. En el detalle funciones como la conservación y manejo de áreas naturales protegidas están sufriendo recortes.
“Podrán ver que en el 2021 tuvo una asignación de 540 millones de pesos y para el 2025 este dinero se desplomó a sólo 93 millones de pesos. ¿Por qué lo subrayo? Porque precisamente desde este año se comenzó la elaboración de programas de adaptación al cambio climático en áreas naturales protegidas. La disminución constante y sistemática del presupuesto público para las áreas las están dejando sencillamente en la desprotección y el abandono”, sentenció Chacón.
Desigualdad y prioridades
Jorge Martínez, coordinador del Programa de Justicia Climática de la organización Oxfam México, puso el énfasis en que la apuesta de México se sigue centrando en los combustibles fósiles, lo cual está reflejado en el Plan México, una serie de acciones que engloban los objetivos de desarrollo de la presidencia de Claudia Sheinbaum.
“Seguimos invirtiendo en combustión en centrales de combustión interna cuando el resto del mundo ya está transitando (a energías limpias); 94% de la nueva capacidad instalada para generar electricidad del año pasado fue a través de renovables en el resto del mundo”, apuntó Martínez.
Licitaciones de energía priorizan ciclo combinado. Foto: Juan Luis García.
El gobierno federal pretende adicionar 22 mil 674 MW a la capacidad de generación pública para el 2030, esto comprende siete licitaciones este año equivalentes a casi 60 mil millones de pesos de inversión (seis de generación fósil y una renovable).
La inversión contrasta con la de electrificar el 100% del país que contempla 19 mil millones de pesos. Martínez apuntó que el 10% de los hogares más ricos del país reciben una cantidad considerable de subsidios eléctricos que es comparable al monto total que el gobierno planea gastar en electrificación durante todo un sexenio.
“No es que no haya dinero, es que lo estamos enfocando en subsidiar la electricidad de los ricos y para subsidiar el transporte de los ricos”, lamentó Martínez.
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