Aunque el Gobierno federal aseguró que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México está bajo control, comunidades pesqueras de Tabasco y Veracruz, junto con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, han denunciado que los daños ambientales y económicos continúan sin una reparación efectiva e integral y que Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue sin asumir plenamente su responsabilidad.
A casi tres meses del incidente, cuya responsabilidad fue reconocida por Pemex el pasado 16 de abril, pescadores y habitantes de distintas localidades afirman que las compensaciones no han llegado a todas las personas afectadas y que muchas comunidades permanecen fuera de los esquemas oficiales de apoyo.
En un posicionamiento conjunto, organizaciones civiles señalaron que la destitución de tres funcionarios relacionados con el manejo del derrame “sanciona la mentira, pero no el daño ambiental”, además de cuestionar la falta de información clara sobre la magnitud de la contaminación y sus impactos a lo largo de más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México.
Las agrupaciones recordaron que el propio Gobierno federal reconoció que la fuga se originó en el ducto Old AK-C de Pemex debido a una pérdida de integridad mecánica. Sin embargo, denunciaron que el incidente fue negado por áreas operativas durante varios días y que la válvula principal no fue cerrada sino hasta ocho días después de detectada la fuga.
Además, criticaron que hasta ahora no exista un cálculo público y confiable sobre el volumen total de hidrocarburo derramado.
La mayoría de pescadores de Tabasco, denunciaron ser excluidos. Foto: Itzel Chan.
Efectos en las comunidades costeras:
La organización Oceana visitó recientemente Las Barrancas, Veracruz, donde encontró que varias familias afectadas no han sido incluidas en los programas de reparación y que persiste una falta de coordinación entre las instituciones responsables.
En esa comunidad, pescadores reportaron que las redes permanecen fuera del agua desde hace semanas. Habitantes señalaron que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó recorridos y concluyó que no hubo daños porque no encontraron restos de chapopote en las playas.
Sin embargo, la comunidad sostiene que las autoridades dejaron fuera del análisis las pérdidas económicas derivadas de la paralización de la pesca durante Semana Santa, una de las temporadas de mayor actividad comercial.
La situación también se replica en El Bosque, Tabasco, considerada la primera comunidad reconocida como desplazada por cambio climático en México. Allí, pescadores aseguran que desde el derrame enfrentan dificultades para comercializar sus productos, pues compradores dejaron de adquirir pescado proveniente de la zona.
Además, gran parte de las personas afectadas no se encuentran inscritas en los padrones oficiales requeridos para acceder a apoyos gubernamentales, lo que ha dejado a numerosas familias sin respuesta institucional.
Los pescadores indican que no han podido distribuir sus productos. Foto: Félix Márquez, Oceana.
Las Barrancas y El Bosque comparten además otros problemas relacionados con la crisis climática, como la erosión costera y el incremento en el nivel del mar.
“Duermo con el mar en la nuca”, expresó una habitante de Las Barrancas al describir la vulnerabilidad que viven frente al avance del océano y las actividades extractivas.
En El Bosque, pescadores también denunciaron que el crecimiento de la infraestructura petrolera ha modificado profundamente su actividad. Señalaron que embarcaciones vinculadas a Pemex atraviesan zonas de pesca, rompen redes y desplazan los cardúmenes hacia áreas cada vez más lejanas.
“Nos han dejado por los suelos porque no nos atienden, no nos apoyan, y esos barcos que tienen, ellos saben que esos barcos pasan por donde pescamos, les afectan y ponen en riesgo su vida y rompen las redes”, señaló un pescador de la comunidad.
A estas denuncias se sumó Álvaro Wilson de la Cruz, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Andrés García, en El Bellote, Tabasco, quien representa a 379 socios y confirmó que los apoyos no han llegado para todas las personas afectadas.
“Hasta la fecha nada. Habían prometido que nos iban a dar 15 mil pesos en apoyo por lo del derrame, pero nada más le dieron a lo que es Cárdenas; aquí en Paraíso no dieron nada”, señaló.
Las comunidades pesqueras afirmaron que el apoyo prometido contemplaba a 2 mil 879 personas en Tabasco; sin embargo, aseguran que únicamente se distribuyó en zonas cercanas a Cárdenas, dejando fuera a localidades como Paraíso y Centla. También comentó que en Veracruz, donde se reportaron mayores afectaciones, solo unas 800 personas habrían recibido compensaciones económicas.
“Imagínese lo que es el área, son como 600 kilómetros de costa y darle apoyo a 800 personas, ¿dónde va a creer?”, expresó
Además de la falta de compensaciones, los pescadores denunciaron retrasos en la entrega de apoyos anuales para combustible, recurso necesario para continuar con sus actividades.
En la zona costera del sureste mexicano, no es la primera vez que se ven afectados por un derrame de petróleo. Foto: Félix Márquez, Oceana.
Exigen transparencia y apoyo:
Las organizaciones civiles señalaron además que tampoco se ha transparentado el costo total de la respuesta al derrame, pese al despliegue de más de 3 mil elementos, buques, aeronaves, drones y labores de contención y limpieza.
Asimismo, consideraron insuficientes los apoyos anunciados por el Gobierno federal, que contemplan 30 millones de pesos para cooperativas pesqueras y pagos individuales de 15 mil pesos para pescadores afectados.
Indicaron que esos recursos no sustituyen una reparación integral del daño ni compensan la pérdida de ingresos de las comunidades pesqueras, además de dejar fuera las afectaciones a ecosistemas como manglares y arrecifes.
Las especies marinas se han visto directamente afectadas: Foto: Félix Márquez, Oceana.
Para Oceana, el derrame evidenció un problema estructural en la forma en que se atienden este tipo de emergencias ambientales.
“El derrame no solo contaminó el mar, evidenció un sistema que deja fuera a quienes viven de él. Hoy, las reglas de apoyo están diseñadas para reconocer manchas en la playa, no la pérdida real de ingresos ni el impacto cotidiano en las comunidades”, señaló Nancy Gocher, directora de Política Pública e Incidencia de Oceana.
Las organizaciones también denunciaron dilación en la impartición de justicia ambiental, pues afirmaron que a un mes de presentadas las denuncias legales, estas aún no han sido admitidas, limitando el acceso de comunidades e indígenas a mecanismos de defensa jurídica.
Los pescadores exigen que exista una reparación integral del daño causado. Foto: Félix Márquez, Oceana.
Exigieron al Gobierno federal y a Pemex informar públicamente el volumen total derramado, transparentar el costo de remediación, precisar el monto que deberá asumir la empresa y presentar un plan integral de restauración ambiental con metas claras y mecanismos de seguimiento.
“Este derrame debe marcar el fin de la expansión de los hidrocarburos y abandonar los planes de explotar las aguas profundas donde los impactos de un derrame serían mayores. Es momento de dar un giro hacia un modelo de desarrollo donde la pesca, las comunidades y los ecosistemas sean el centro y no el costo”, concluyó Gocher.
* Este artículo fue escrito por Itzel Chan, quien cubre comunidades costeras gracias al apoyo del programa Report for the World.
Comentarios (0)