La defensa del territorio en la península de Yucatán cada vez es una actividad de mayor riesgo y una reciente muestra es el caso del activista Sergio Oceransky, quien enfrenta una escalada de procesos judiciales que organizaciones de derechos humanos califican como un ejemplo de criminalización contra personas defensoras del medio ambiente.
Luego de una denuncia interpuesta por representantes del proyecto inmobiliario Ciudad Maderas, Oceransky, director de la Fundación Yansa, fue detenido de manera arbitraria en Jalisco a inicios de abril, en un proceso que, según su defensa, estuvo marcado por irregularidades graves que van desde notificaciones realizadas en domicilios inexistentes hasta el desacato de una suspensión judicial que impedía su arresto.
La detención ocurrió el 6 de abril, pese a que el activista se presentó voluntariamente ante el juzgado con un amparo vigente. Fue liberado ese mismo día tras presión nacional e internacional, pero el caso no terminó ahí.
Apenas horas después de recuperar su libertad, Oceransky recibió un nuevo citatorio en el que se le anunció que deberá enfrentar una audiencia de vinculación a proceso el próximo 15 de abril en Yucatán, derivada de una denuncia interpuesta por integrantes de las familias Abimerhi y Millet en contra de él y miembros de la comunidad maya de Ixil.
Un patrón que se repite
Para organizaciones acompañantes, forma parte de un patrón más amplio de litigios estratégicos utilizados para frenar la defensa del territorio, conocidos como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation).
“Las zonas de sacrificio ambiental se implementan a través de zonas de silencio”, denunció el propio Oceransky, al señalar que estos procesos buscan inhibir la participación pública y debilitar la organización comunitaria.
De acuerdo con datos presentados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), México se mantiene entre los países más peligrosos para personas defensoras ambientales. Tan solo en 2025 fueron asesinadas 40 personas defensoras de derechos humanos, muchas de ellas vinculadas a la protección del territorio.
Es evidente la devastación que el proyecto Ciudad Maderas ha realizado. Foto: Profepa.
Intereses inmobiliarios de por medio
El conflicto se sitúa justo en un periodo en el que hay gran presión de proyectos inmobiliarios en la costa yucateca. En particular, el proyecto Ciudad Maderas se ubica entre Chelem y Chuburná, en una zona colindante con manglares y sistemas lagunares de alta fragilidad ecológica.
Especialistas y comunidades han advertido que la remoción de la cobertura vegetal en esta región podría tener consecuencias irreversibles.
“Si se elimina la última franja de selva, colapsan los manglares y eso afecta de manera grave al sistema costero y las reservas de agua”, se señaló durante la denuncia pública del caso.
Activistas sufren criminalización por exponer el daño de este tipo de proyectos. Foto: Profepa.
Irregularidades y “mordaza”
Durante el proceso en Jalisco, un juez impuso además una medida que impide a Oceransky mencionar públicamente a la empresa que lo denunció, lo que ha sido calificado como una “mordaza” que limita su derecho a la defensa y a la libertad de expresión.
El activista también denunció que la investigación en su contra fue fabricada y que existe una coordinación entre fiscalías estatales, lo que evidenciaría presión política y empresarial para obtener una condena.
A esto se suma un contexto de riesgo y el propio Oceransky reconoció el temor que enfrentó al acudir al juzgado en Jalisco, una de las entidades con mayor número de agresiones contra personas defensoras.
Más allá del caso individual, el proceso también involucra a integrantes de la comunidad maya de Ixil, lo que amplía la preocupación sobre la criminalización colectiva de quienes defienden su territorio.
Organizaciones han advertido que este tipo de acciones buscan castigar a líderes visibles y desarticular procesos comunitarios completos.
La empresa inmobiliaria Ciudad Maderas ha buscado recursos para continuar con el proyecto. Foto: Profepa.
Exigen protección y cumplimiento del Acuerdo de Escazú
Frente a este escenario, organizaciones nacionales e internacionales han exigido al Estado mexicano garantizar la protección de personas defensoras y respetar el debido proceso, así como cumplir con el Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones específicas para proteger a quienes defienden el medio ambiente.
También han señalado omisiones de instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuya falta de acción frente a posibles irregularidades ambientales ha contribuido a que los conflictos escalen hacia la criminalización.
El caso de Sergio Oceransky revela tensión en medio del el avance de proyectos inmobiliarios sobre territorios ambientalmente sensibles frente a comunidades que intentan defenderlos.
“No puede pasar esto en Yucatán, no somos criminales, somos defensores de nuestro territorio y exigimos protección y justicia”, declaró Federico May, de Kinchil.
* Este artículo fue escrito por Itzel Chan, quien cubre comunidades costeras gracias al apoyo del programa Report for the World.
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