A finales del 2020 el gobierno mexicano ratificó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (1). El Acuerdo de Escazú, como es conocido, establece disposiciones en materia de acceso a la información, participación ciudadana y protección de activistas en defensa del medio ambiente. Este hecho es de suma trascendencia para México y sus Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Las ANP son territorios cuya función es la de conservar los diversos ecosistemas con los que cuenta el país, su biodiversidad, y los servicios que éstos proveen (2). Son reguladas bajo el marco normativo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha ley contiene varias clausulas relacionadas con los aspectos abordados en el Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, menciona la obligación del gobierno federal de hacer pública toda información respecto de las actividades y obras que se realicen dentro del territorio nacional, así como del impacto ambiental que pudiesen ocasionar (Art. 34 de la LGEEPA). También considera como premisa para lograr los objetivos de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad, la participación de la sociedad en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las ANP (Arts. 47, 47BIS, 48, 56BIS, 65, 66). No obstante, de la protección de activistas en defensa de su territorio, no se menciona nada.
A pesar de su carácter de “protegidas”, las ANP no están exentas de deforestación, devastación y violaciones de derechos humanos en materia ambiental. Se han registrado muchos casos en los que la construcción de megaproyectos mineros, hidroeléctricos o turísticos han afectado la biodiversidad y los ecosistemas que las ANP supuestamente deben proteger (3). Ahora mismo, la construcción del tren maya es una amenaza para al menos ocho ANP del sureste del país (4). Estos megaproyectos operan muchas veces en un marco de opacidad y procesos participativos amañados.
Por otro lado, las ANP también han sido afectadas por violaciones de derechos humanos contra activistas defensores del medio ambiente. Tan solo en 2019 fueron asesinados 15 defensores de la naturaleza. Entre ellos están los casos de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca contra la tala ilegal en la Reserva El Rosario en Michoacán (5) y el de Adán Vez Lira, defensor del área natural La Mancha, en contra de las mineras a cielo abierto en la región (6).
El Acuerdo de Escazú entrará en vigor en dos meses más. Ello representa una oportunidad para nuestro país de fortalecer la generación, divulgación y acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la política ambiental, y de generar un entorno más seguro para las personas defensoras de derechos humanos. Andrea Cerami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), comentó varios beneficios que vendrán con el Acuerdo de Escazú en las ANP: primero, la consulta a la población en autorizaciones de impacto ambiental en megaproyectos, ya no será opcional sino una obligación del Estado; segundo, la ciudadanía podrá participar en el ordenamiento del territorio en la gobernanza de ANP; y tercero, las políticas de protección de las personas del medio ambiente no serán solo reactivas, sino que empezarán a ser preventivas para evitar las agresiones, además de crearse un andamiaje jurídico para acceder a la justicia (7).
El Acuerdo de Escazú, en sí mismo, no significará una panacea para revertir los problemas que enfrentan las ANP y sus habitantes en defensa de su territorio, pero sin duda brindará mayor robustez a lo ya construido en materia de acceso a la información y participación, y en lo que respecta al tema de justicia, esperanzas para garantizar un entorno más seguro para los defensores del medio ambiente.
Nota:
(1) Gaceta LXIV/3PPO-47/113732 del Senado. 5 de noviembre del 2020.
(2) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf
(3) Megaproyectos devastan nueve Áreas Naturales Protegidas. Revista Contralínea. https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/05/09/megaproyectos-devastan-nueve-areas-naturales-protegidas/ [Consultado el 6 de enero de 2021].
(4) Tren Maya fragmentaría 8 áreas naturales protegidas. Pie de Página. 29 de noviembre de 2019. https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/tren-maya-fragmentaria-8-areas-naturales-protegidas-1180624 [Consultado el 6 de enero de 2021].
(5) El precio de defender la naturaleza en México: 15 activistas asesinados en un año. La Izquierda Diario - Red internacional. 5 de febrero de 2020. http://www.laizquierdadiario.com/El-precio-de-defender-la-naturaleza-en-Mexico-15-activistas-asesinados-en-un-ano [Consultado el 6 de enero de 2021].
(6) Asesinan a Adán Velez Lira, defensor del área natural de la Mancha, en Veracruz. Animal Político. 8 de abril de 2020. https://www.animalpolitico.com/2020/04/asesinan-adan-vez-lira-defensor-veracruz/ [Consultado el 6 de enero de 2021].
(7) ¿Cómo se implementará en México el Acuerdo de Escazú? Excelsior. 07 de noviembre de 2020. https://www.excelsior.com.mx/nacional/como-se-implementara-en-mexico-el-acuerdo-de-escazu/1415608 [Consultado el 6 de enero de 2021].
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