Al mismo tiempo que los esfuerzos de combate a la pesca ilegal por parte de la Secretaría de la Marina (Semar) se concentran en la pesca ribereña, los resultados son menos significativos. En 2021 los marinos aseguraron 51 mil 166 kilos, esto es 3.4% menos que en 2020.
En contraste, los operativos de aseguramientos contra la pesca ilegal incrementaron 426% entre ambos años. Al pasar de 73 realizados en 2020 a 384 aseguramientos de 2021, de acuerdo con una solicitud de transparencia.
En su mayoría, las retenciones están por debajo de los 100 kilos, con un promedio de 25 kilos por operativo.
“Esto nos indica que el esfuerzo de inspección se ha visto orientado a otro segmento de la cadena de productores como pescadores artesanales, ya que los grandes centros de acumulación de producto pesquero ilegal no tienen 10 o 20 kilogramos, hay decenas o incluso cientos de toneladas”, explicó Rigoberto García Soto, abogado y antiguo Director General de Inspección y Vigilancia.
El número de aseguramientos ofrecido en esta publicación no contempla a la Octava Región Naval en Acapulco, donde la Semar carece de esos datos. En cambio, la región reportó 302 recorridos entre los que se aseguraron mil 574 kilos (incluidos dentro del peso total por año de este artículo).
Asimismo, los sectores navales de Cabo San Lucas y de Puerto Peñasco no ofrecieron kilos asegurados, pero sí el número de aseguramientos (incluidos en el número global de aseguramientos).
García señaló que es importante considerar las regiones en donde se dan las retenciones y el tipo de especie que se asegura.
“Porque si estamos hablando de 10 ó 15 kilos de especies como la mojarra y el camarón creo que son esfuerzos hormiga que no estarían representando genuinamente lo que se requiere para poder controlar la pesca ilegal”, puntualizó el abogado.
En el caso de la información proporcionada por la Semar a Periodismo Causa Natura, la especie que destaca en los aseguramientos es el camarón con 14 mil 872 kilos y la jaiba con 14 mil 441 kilos en 2021.
Las principales retenciones han tenido lugar en Ahome, Sinaloa, seguido de municipios como San Blas, Nayarit y Naranjos, Veracruz, a pescadores de menor escala o en mercados locales.
“Al mencionar Ahome podría decirte que es posible que se trate de camarón y de pescadores individuales con atarraya, que capturan cinco o diez kilos por noche en eventos de pesca furtiva, sin permiso, incluso en la veda. Capturas más de subsistencia que destinadas a los grandes centros de comercialización”, explicó García.
Sin recursos
Los aseguramientos, como lo indica la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, son retenciones que forman parte de las sanciones administrativas para hacer frente a las múltiples caras de la pesca ilegal.
Ante el uso de artes de pesca prohibidas, la captura durante las vedas y la caza de especies protegidas, los aseguramientos y los decomisos tendrían que servir como una medida cautelar ante un panorama donde la actividad furtiva supera el 40 % de la captura total en México.
Sin embargo, durante los últimos años la presencia de inspectores y el presupuesto para instituciones como la Conapesca han disminuido y, con ello, la efectividad en la protección de los recursos naturales.
Por ejemplo, en el sexenio de 2006 a 2012 se contó con 214 oficiales de pesca; para el siguiente, de 2012 a 2018, se trabajó con 170; y a 2018 llegaron sólo 104 inspectores.
“Hay un abandono del gobierno federal a la vigilancia pesquera y ambiental en términos generales. Hoy lo que sucede con los recursos naturales es una tragedia en el país, existe una explotación indiscriminada y no hay por parte de las autoridades la presencia suficiente para disuadir a las actividades ilegales”, explicó García Soto.
En marzo de 2020, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para transferir las responsabilidades de inspección y vigilancia en el combate a la pesca ilegal de la Conapesca a la Semar.
“La transferencia de responsabilidades no atiende el problema de raíz, la forma en la que se está haciendo significa aventarle el problema a otra institución, en este caso, a la Secretaría de Marina”, se pronunció en su momento Renata Terrazas, vicepresidenta de la organización Oceana en México.
De acuerdo con la vicepresidenta, esto se debe a que durante estos años no ha habido “una estrategia clara de combate a la pesca ilegal”, un reglamento para su implementación ni un censo con suficiente información sobre quienes se dedican a la pesca.
Inspección de Semar en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Foto: Conapesca.
Sin sanciones
Hablar de aseguramientos, grandes o pequeños, de productos de pesca ilegal no es igual a hablar de sanciones.
“El hecho de que la autoridad hoy anuncie 10 kilos o 10 mil toneladas decomisadas no equivale a que hubo al final del proceso administrativo una sanción. Una retención provisional no equivale a un decomiso”, señaló el abogado García Soto.
Durante 2021, en Acapulco, Guerrero, la Octava Región Naval que reportó los 302 recorridos totales, sólo hizo el levantamiento de 11 actas de Inspección por retención precautoria.
La falta de decomisos efectivos, señalan especialistas, es más grave ante la falta de recursos para trabajar con productos como el pescado que pierden su estado de conservación rápidamente.
En un escenario ideal, como describe García, los aseguramientos deberían tornarse en decomisos -por intervención de un juez- y pasar al Estado para ser vendidos y destinar los fondos de inspección y vigilancia.
Para 2022 los aseguramientos parecen seguir la línea de incremento. Hasta abril, la Semar compartió que se habían realizado 70 con la recolección de 2 mil 807 toneladas, donde la mayor retención ocurrió el 10 de enero por 630 kilos de huachinango en Puerto Vallarta, Jalisco.
“Por lo general, estos productos asegurados que son perecederos se echan a perder o les dan una venta también ilegal que nunca nadie revisa”, indicó García.
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