Ecuador, un país petrolero de tradición, ha dado el sí a detener la explotación de yacimientos en el Parque Nacional Yasuní. Tras una década de procesos legales para lograr obtener una consulta popular a todo el país, el pasado 20 de agosto se dieron sus resultados con el 60% de los votos a favor de la clausura. Ahora, organizaciones civiles vigilan el cumplimiento de esta decisión en medio de las elecciones presidenciales.
"Sabemos que es algo complejo porque una cosa es ganar en las urnas y otra cosa es que el gobierno nacional quiera cumplir. Entonces lo que buscamos es que en estos meses se acelere el proceso para actualizar el plan de abandono del campo”, explicó Fernando Muñoz-Miño, coordinador de articulación de YASunidos, una coalición de organizaciones civiles que impulsó la consulta popular.
El abandono del campo al que se refiere Muñoz-Miño consiste en sellar los pozos petroleros y desmantelar la infraestructura del bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, el área natural protegida más grande de Ecuador al oriente de la Amazonía, también nombrado Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Para esto, el gobierno de Ecuador tendrá que retirar progresivamente las operaciones y evitar el otorgamiento de cualquier tipo de contrato para actividades dentro del bloque en el plazo de un año laboral (considerando sólo días hábiles). Asimismo, Petroecuador, la empresa petrolera estatal, deberá presentar un informe sobre cómo se dará el proceso de abandono de campo que tendrá que ser aprobado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Sin embargo, ante la victoria también ha habido el desconocimiento de los resultados de la consulta por parte del actual presidente Guillermo Lasso argumentando no querer terminar con la producción de petróleo. Así como declaraciones de Petroecuador sobre los costos de cerrar el bloque petrolero.
“Se está armando un proceso de veeduría ciudadana debidamente inscrita y registrada en el Consejo de Participación Ciudadana para vigilar que el proceso se cumpla. De la misma manera estamos exigiendo a los candidatos a la presidencia que quedaron para la segunda vuelta que se manifiesten sobre cómo harán cumplir esta voluntad popular", explicó Muñoz-Miño.
Parque Nacional Yasuní. Foto: Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador
Entre costos y procesos
La decisión de extraer petróleo del Yasuní se dio el 15 de agosto de 2013. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció la cancelación de la iniciativa Yasuní ITT, un proyecto de gobierno que tenía por objetivo mantener el petróleo del bloque 43 bajo tierra.
Antes de esta cancelación, cinco años atrás, Correa había impulsado la iniciativa tras la petición de organizaciones civiles. A cambio, pidió la cooperación internacional para formar un fondo de 3 mil 600 millones de dólares que compensara el alto a la explotación de yacimientos. Sin embargo, de 2007 a 2013 sólo se recaudaron 13 millones, por lo que la iniciativa fue suspendida y se autorizó la extracción.
Dicha autorización estuvo acompañada de una declaratoria de interés nacional para justificar la entrada a un área protegida. Esto pese a no haber realizado una consulta popular, requisito de carácter internacional según el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El Parque Nacional Yasuní es también la región de los últimos grupos indígenas que viven en aislamiento en Ecuador: los tagaeri y los taromenane.
“Cuando se dio la declaratoria empezamos a juntarnos (organizaciones civiles) de una manera más orgánica para activar un mecanismo de democracia directa que está en la Constitución del Ecuador, que es la consulta popular de iniciativa ciudadana”, explicó Fernando Muñoz-Miño.
Para lograrlo es requisito recolectar el 5% de las firmas del padrón electoral. En seis meses YASunidos consiguió superar el margen de lo solicitado con 757 mil firmas. Pero el proceso se vio detenido cuando la autoridad electoral decidió anular la mayoría de las firmas bajo el argumento de supuestos problemas de forma como el tipo y peso del papel.
Acciones legales, incluyendo una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograron que la Corte Constitucional ordenara al Consejo Electoral autorizar la consulta que ocurrió el pasado 20 de agosto, en medio del proceso electoral para elegir presidente.
Tras el resultado positivo de la consulta, el actual presidente Guillermo Lasso negó el resultado de la votación. Además, Petroecuador también ha insistido en que sellar los pozos representaría una pérdida económica.
“El Bloque 43 - ITT es un campo joven que podría arrojar unos 13 mil millones de dólares, que si se suman a los valores que dejarán de recibir las comunidades y las terminaciones de contratos, la pérdida se elevaría”, de acuerdo con declaraciones a un medio local de Ramón Correa Vivanco, gerente general de Petroecuador.
Parque Nacional Yasuní. Foto: Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador
“Aquí hay una lectura compleja porque se dice que no se cuenta con los recursos para cerrar el bloque, pero nosotros (YASunidos) junto con universidades ecuatorianas mostramos que hay muchas alternativas y que es un pretexto realmente el que ponen para no cumplir la voluntad popular”, indicó Fernando Muñoz-Miño.
Más allá de las trabas, el cese de la explotación petrolera no puede interrumpirse ya que las sentencias constitucionales son de obligatorio cumplimiento.
En caso contrario, las organizaciones civiles tienen la posibilidad de hacer una demanda por incumplimiento que podría derivar en la destitución del funcionario público que está incumpliendo la sentencia e incluso escalar a otras autoridades.
Mientras tanto, YASunidos continúa sus esfuerzos, en espera de tener avances antes de que llegue el cambio de presidencia.
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