El año comenzó con los bosques de La Sepultura, Chiapas, incendiándose. El 4 de enero, durante 17 horas, 20 hectáreas en la zona del municipio de Arriaga que pertenece a esta Área Natural Protegida (ANP) fueron consumidas por las llamas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El incendio de La Sepultura no ha sido el único. Hasta el 5 de mayo, entre los ocurridos en ANP y otras zonas boscosas no protegidas, se tiene registro de 171 en toda la entidad. Aunque las 26 mil 588 hectáreas incendiadas son menores a las de Morelos y el Estado de México, Chiapas es posicionado por la Conafor como el primer lugar a nivel nacional por la intensidad de los daños.

“Aquí en el estado, las áreas que más se queman son las protegidas… como son zonas donde se prohibe su manejo, la gente de los alrededores no se involucra en los incendios…”, señaló René Gómez Orantes, representante de Bosques y Gobernanza A.C., una agrupación dedicada a promover el manejo y la restauración forestal en el estado.

En el 2021 Chiapas cerró con 278 incendios forestales que afectaron a 47 mil hectáreas, de las cuales, el 34% pertenecía a un ANP. El año anterior, en 2020, de 319 siniestros el 49% también era una zona protegida. Las más frecuentes son La Sepultura, La Encrucijada, La Concordia y Cañón del Sumidero, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

De manera directa, la Conafor enlista a las actividades ilícitas, así como las agrícolas, dentro de las principales causas de los incendios forestales a nivel nacional. A éstas le siguen las fogatas, los fumadores, la quema de basureros y las actividades pecuarias.

Pero para activistas y organizaciones de Chiapas, las causas que se atribuyen a los incendios forestales van más allá de las acciones directas. Desde los efectos voraces del cambio climático hasta el presupuesto destinado a instituciones de protección ambiental durante los últimos años y, particularmente, el cambio de uso de suelo que se basa en utilizar los bosques para otras actividades no forestales.

“Aunque la naturaleza de Chiapas es forestal, se han promovido esquemas de desarrollo de la agricultura y la ganadería y eso ha impactado en los bosques. Básicamente en el fondo de problemas como la deforestación, el incendio y la tala ilegal, está el cambio de uso del suelo”, explicó Gómez Orantes.

Suelos y presupuesto

Desde mediados de 2018 se realizaron modificaciones al artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El objetivo es prohibir el cambio de uso del suelo en zonas incendiadas sin que hayan pasado 20 años desde la quema.

Sin embargo, investigadores de la Universidad Nacional de Australia descubrieron que los suelos necesitan hasta 80 años para recuperarse de un incendio.

“Tenemos un fenómeno de cambio de uso de suelo que está asociado con la deforestación. Cuando se remueve la cubierta forestal y se sustituye por otro uso del suelo como pastizales, edificios, cultivos altamente rentables o alguna otra actividad económica, se puede vincular con los incendios”, señaló el ingeniero Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Por ejemplo, en Chiapas la producción de maíz en regiones como La Frailesca y Villa Corzo coincide con las más afectadas por incendios derivados de la agricultura.

En México, los cambios de uso de suelo son otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en un procedimiento que incluye el estudio técnico de la zona forestal que será solicitada. La autorización puede incluir desde actividades agrícolas hasta remover áreas de vegetación para construcción.

Sin embargo, también se tiene registro de cambios en suelos forestales de manera clandestina.

“Hemos tenido una disminución de los apoyos para la política forestal, lo cual repercute en el número de personas por parte de Semarnat para dar seguimiento a las solicitudes de autorización de programas de manejo… y la disminución de las capacidades de inspección y vigilancia también viene derivado de esta situación…”, agregó el ingeniero Gustavo Sánchez.

De acuerdo con datos de la Conafor, en 2015 para el programa Manejo de Fuego se destinó un presupuesto de 1,007 millones de pesos. Mientras que para 2022 el mismo recibió 695 millones, lo que representa una caída del 30.9%.

No sólo en cuanto a programas para incendios ha habido un recorte, el presupuesto a las instituciones dedicadas al medio ambiente, como la Conafor, pasó de los 3 mil millones de pesos en 2018 a los 2 mil 440 millones, con una disminución del 18.6%. En el caso de Semarnat, la disminución es de los 49 mil millones a los 39 mil millones en el mismo periodo, un 20.4%.

Por su parte, la actual política del gobierno federal se enfoca en Sembrando Vida, un programa que consiste en otorgar 5 mil pesos mensuales a cambio de la siembra y el cuidado de árboles en parcelas.

“Sembrando Vida es una política más en términos de asistencia social. Desde mi punto de vista hay una tremenda confusión involuntaria-voluntaria sobre este tema, pero lo cierto es que la inversión forestal directa que es la que se canaliza a través de la Comisión Nacional Forestal ha venido disminuyendo”, dijo el presidente de Red MOCAF.

“Aunque también es importante la calidad de la inversión pública. La Conafor también tuvo momentos de mucho recurso, pero gran parte se destinaba a temas de conservación pasiva o de reforestación que no necesariamente estaban bien enfocados, por ejemplo, la época en que se quería romper un récord Guinness de reforestación. Lo que debería de haber es una política pública equilibrada”, añadió Sánchez.

_{Incendio en el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, 2020. Foto: Semar/Cuartoscuro.com}

La tierra para la comunidad

Para las comunidades forestales de Chiapas, la solución ante los incendios forestales está en un plan de manejo comunitario, que se resume en involucrar a quienes habitan los bosques en su cuidado y aprovechamiento.

“Nosotros hemos dicho que el responsable de cuidar los bosques y sus recursos es el dueño de la tierra, no el gobierno. ¿Y qué queremos del gobierno? En todo caso, que capacite, que equipe gente, que oriente, que promueva el manejo y promueva el aprovechamiento forestal, que evite las quemas en las áreas agrícolas o la actividad ilegal”, explicó René Orantes, de Bosques y Gobernanza A.C.

Gustavo Sánchez coincide que los planes forestales de manejo comunitario abren la posibilidad de mejora, principalmente en un país como México donde la mayor parte de sus áreas naturales está en ejidos y comunidades.

“Tenemos un esquema relativamente viejo que importamos de Estados Unidos de áreas naturales sin gente y muchas veces lo que se ha hecho con algunas políticas de ANP es impedirles el uso de sus medios de vida. Bajo este concepto de conservación pasiva lo que tenemos es que no hay una inversión en el bosque para sostenerlo, para manejarlo adecuadamente”, explicó Sánchez.

Un ejemplo de este plan de manejo comunitario está en la comunidad Niños Héroes, municipio de Cintalapa, donde el uso y venta de la resina de pino ocasionó que sus habitantes se organizaran para la protección del lugar ante cambios de suelo o tala ilegal.

En el mismo municipio chiapaneco, la comunidad indígena en Monte Sinaí decidió modificar la tradición de explotación forestal y siembra de café por el manejo sustentable que les llevó a recibir la certificación del Forest Stewardship Council.

“También es importante tener un equipo técnico que se sostenga a través del tiempo porque eso da mucha capacidad de operación en el terreno y que sea personal que conozca las regiones y esto sólo se podrá lograr cuando haya un trabajo coordinado entre la Federación, los estados, los municipios y sus habitantes”, sentenció Sánchez.