La caguama o tortuga amarilla en las brasas con el caparacho de cazuela y la carne del pecho mezclada con verduras, caldo y condimentos, conocida como “caguamada”, fue el platillo típico en Baja California Sur que pasó a ser ilegal con la veda de 1990 de todas las especies de tortuga marina que sigue vigente.
Para sustituir esta tradición surgió la “caguamanta” que emulaba la receta pero con carne de mantarraya. Sin embargo, debido al arraigo de las tradiciones, el mercado negro de tortuga continúa. Por ser ilegal, su consumo es difícil de cuantificar, señaló Graciela Tiburcio, especialista en manejo y conservación de vida silvestre.
Todas las especies de tortugas están clasificadas bajo la categoría de riesgo "en peligro de extinción" por la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010 y listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés).
Además está protegida en el Código Penal Federal en el artículo 420, donde establece las penas para quien “capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos”.
Pese a esto, “existe un tráfico muy serio de especies silvestres, de vida silvestre y especialmente en peligro de extinción”, explicó Tiburcio.
El mercado negro en evidencia
La presión social para comer caguama en eventos familiares o de amigos, así como la argucia de vendedores de decir:” ya está muerta, alguien más la va a consumir”, son dos ejemplos de prácticas que por más esporádicas, pequeñas e inocentes que parezcan, resultan en la comisión de un delito, señala Tiburcio.
“Aquí aplica la ley de la oferta y la demanda, que no la rige solamente el producto, la rige quien la compra. Si hay quien compra, va a haber quien vende; si compras mucho, pues van a producir muchos. Si se compra poco, se baja esa producción. Entonces aquí hay que buscar no consumir para que no las maten”.
Tiburcio añade que además hay quienes por ignorancia o por sentirse al margen de la ley hasta lo hacen público, como ha sucedido en al menos tres casos en Baja California Sur, donde figuras públicas han compartido evidencia del delito.
El caso más reciente es el del comunicador Víctor García que hizo pública una celebración donde el centro era una “caguamada”, publicación que después de dos días de críticas, fue dada de baja y de la cual solo existe como evidencia la publicación hecha por Tortugueros México, una página dedicada a la educación ambiental.
Fuente: Publicación de Víctor Octavio García Castro.
En 2020, la ex-regidora por Morena en el municipio de Comondú, Erika Venalonzo se hizo viral como #LadyCaguama después de presumir en un estado de whatsapp una foto de una caguamada, sin embargo se excusó en que era una fotografía de los años 70’s, antes de que existiera la veda.
En 2011, Nidia Murillo, quien en ese momento era servidora pública como recaudadora del Gobierno del estado en el municipio de Mulegé, quien aunque no sale en las fotos, deja en claro que participó de una “caguamada” junto a familiares. Al recibir ataques de otros usuarios en la red social, dio de baja la publicación.
Consecuencias legales del tráfico de tortuga
Debido a que las tortugas están protegidas por el Código Penal Federal y enmarcadas en los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, la autoridad responsable de perseguir el delito de capturar, dañar, privar de la vida, recolectar o almacenar ejemplares de tortugas marinas es la Fiscalía General de la República (FGR), sin la necesidad de que sea interpuesta una denuncia.
Sin embargo, también hay una responsabilidad ciudadana de denunciar estos actos vía internet, teléfono, correo electrónico o personalmente en las oficinas de Profepa, inclusive de manera anónima.
Las penas establecidas por el Código Penal van de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a tres mil días de multa, correspondiente, según Tiburcio, a 7 millones de pesos.
Actualmente, hay una denuncia interpuesta con el folio 0302885 ante la Profepa en contra de las personas que participaron en la caguamada junto a García.
Pese a estos incidentes, Tiburcio insiste en que hay más personas trabajando en la protección de esta especie que fortaleciendo este tráfico ilegal.
Ejemplo de ello son los esfuerzos de cientos de campamentos tortugueros y voluntarios, así como el caso de una cadena de hoteles con la que colabora en Los Cabos que es modelo internacional por capacitarse para la protección de aves y mamíferos marinos que integran como un valor agregado.
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