Enrique Enciso dice que para conocer un lugar apocalíptico hay que viajar a El Salto, en Jalisco. Lo que alguna vez fue el pueblo asentado en la orilla del gran río Santiago, uno de los más extensos de México, se ha convertido en otro sitio contaminado como consecuencia del corredor industrial ubicado en esta región.
“La gente necesitaría mucha imaginación para siquiera pensar cómo era antes El Salto. Los infiernos ambientales son paraísos industriales”, señala Enciso, habitante del municipio e integrante del colectivo Un Salto de Vida A.C.
La contaminación del río Santiago se ha denunciado por casi 50 años. El punto culminante ocurrió en los años 90, con la entrada de la industria energética a través de proyectos como las termoeléctricas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto derivó en la instalación de gasoductos, que son grandes tuberías subterráneas que transportan combustibles como gasolina y gas natural, por todo el territorio.
Así como un auto necesita una gasolinera para cargar combustible, las termoeléctricas necesitan de una red de gasoductos para funcionar. En el caso del gas natural, el más utilizado para la generación de energía eléctrica en México, se ha documentado la necesidad de expandir la red para llegar a regiones con un potencial industrial. Sin embargo, lo que es una necesidad para el sector energético y económico, es un problema de medio ambiente y salud para pueblos como El Salto, donde se produce esta actividad.
“Para nosotros, que pongan un tubo en esta zona significa que habrá industrialización, movimiento de combustibles y muchas cosas más. Los pueblos ya no resisten. Como dicen los muchachos: son zonas de sacrificio”, apunta Enciso.
Este año, pobladores y colectivos de defensa ambiental de Jalisco realizaron protestas luego de que Emilia Esther Calleja Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció en conferencia matutina que se tenía prevista una termoeléctrica de ciclo combinado en Jalisco.
Lo que levantó sospechas sobre una posible reactivación de la termoeléctrica “La Charrería”, en Juanacatlán, municipio vecino de El Salto, cancelada desde 2019 por razones de impacto ambiental. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, la central se abastecería de gas natural proveniente del gasoducto Salamanca - Guadalajara.
Como respuesta a las manifestaciones, el gobierno informó que la termoeléctrica no se construirá en Juanacatlán, aunque tampoco se negó la instalación del proyecto.
Mientras tanto el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México que contempla disminuir la importación del gas natural de Estados Unidos, pero aumentar en un 30% la producción nacional de otros combustibles fósiles como gasolina, diésel y turbina.
“El gran dilema es que la gente lo paga con su vida. A los pueblos les han quitado 20 años, la gente muere antes de tiempo”, denuncia Enciso.
El grande de la electricidad
Desde 2014, el gas natural es el combustible más consumido en México. Se estima que contribuye a la generación del 60% de la electricidad. En su mayor parte, importado de Estados Unidos, el único proveedor desde 2020 debido al bajo costo.
Aunque en México el gas natural se ha promocionado como una opción amigable con el medio ambiente, es un combustible fósil que genera emisiones de gases de efecto invernadero y fugas de metano que afectan la calidad del aire.
“Los impactos van desde su exploración, su extracción, las técnicas de extracción, y todo el midstream que es la transportación y el abastecimiento”, explica Carla Flores, investigadora en CartoCrítica, organización civil que se especializa en información socioambiental georreferenciada.
El gas natural importado de Estados Unidos se origina en Texas a partir del fracking, una técnica que consiste en la ruptura de cuerpos de roca a los que se les inyecta agua a alta presión, entre otros químicos.
En varios países se ha evidenciado que para la fracturación de un pozo se requieren entre 9 y 29 mil metros cúbicos de agua que equivalen a entre dos y siete albercas olímpicas. En Texas las afectaciones se ven reflejadas en la contaminación del agua y el aumento de sismos.
“El fracking es una técnica más desarrollada en Estados Unidos, lleva mucho tiempo y está muy extendida, lo que hace que su gas sea más barato. Así que resulta más fácil para México importar el gas obtenido por fracking que realizarlo aquí”, señala Flores.
En México, el fracking se practica en estados como Puebla, Veracruz y Tamaulipas. Durante todo el sexenio anterior, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se continuaría explorando pozos para esta práctica, sin embargo, nunca se aprobó el decreto de prohibición impulsado por colectivos y sociedad civil organizada como la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
Una vez que el gas natural se genera por fracking en Estados Unidos, se distribuye en la red de gasoductos conocida como Wahalajara, que conecta el centro de Waha, en el oeste de Texas con Guadalajara. La instalación de esta red ha ocasionado movilizaciones entre las comunidades por las que se trazó la ruta.
“Nos oponíamos por la fragilidad ambiental que ya se tiene en la zona. Vemos que el crecimiento se adapta a las necesidades de la industria para mantenerse en esta región… La potencia que quieren darle al Plan México y todo lo que se viene de infraestructura para el occidente del país genera las condiciones para la expansión industrial”, señala Sofía Enciso González, integrante de Un Salto de Vida A.C.
La organización ha mapeado cómo los sistemas de gasoductos se vinculan a los proyectos industriales, principalmente energéticos. Al oriente de El Salto y Juanacatlán también se encuentra la termoeléctrica de ciclo combinado "Tierra Mojada", construida en el municipio de Zapotlanejo, que está en operaciones desde 2019.
“Para nosotros es un problema de riesgo ya que las condiciones de vida de las poblaciones son vulneradas. Toda la acumulación de contaminantes que se ha generado en los últimos 50 años sobre nuestros territorios, que ahora afecta nuestra salud y nuestro día a día, encrudece la vida misma. Por eso nos oponemos, por eso denunciamos que existan estos megaproyectos sobre nuestros territorios”, precisa Enciso González.
Menos vida
Actualmente, el daño que ha dejado la industria en la región ha sido estudiado por investigadores y organizaciones de la sociedad civil, principalmente, en el río Santiago, declarado una zona de emergencia ambiental. Incluso el gobierno federal ha reconocido la vulnerabilidad a la que están expuestas las comunidades aledañas.
“El municipio de El Salto, en el estado de Jalisco, sufre severos impactos ambientales que afectan la calidad del aire y sus bienes naturales con metales como amoniaco, dióxido de azufre, aldehídos, entre otros; los cuales son vertidos y dispersados impunemente por las empresas asentadas en el corredor industrial que va desde el municipio de Ocotlán, a la Zona Metropolitana de Guadalajara”, señaló el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2023.
Respecto a la extracción del gas natural, un estudio de CartoCrítica enfocado en el desarrollo fetal evidenció las malformaciones del sistema digestivo con las que nacen hijos e hijas de madres expuestas a los pozos de gas en el norte de México.
“Es un daño a la salud que está documentado en Estados Unidos y nosotros lo que hicimos fue replicar esta metodología en la Cuenca de Burgos en Tamaulipas, específicamente ahí porque hay extracción de gas”, explica la investigadora Flores.
Ahora que el plan de la nueva administración federal proyecta seguir la producción de hidrocarburos, defensores ambientales y especialistas cuestionan el papel de la transición energética.
“No se trata únicamente de cambiar la fuente de energía, sino de reducir estructuralmente la demanda, priorizar la eficiencia, construir una transición justa que ponga la vida de los ecosistemas y los derechos humanos al centro porque en estas narrativas de transición energética parece que solamente queremos cambiar de tecnología y de origen del recurso”, agrega Flores.
Enrique Enciso cuenta que antes al río Santiago se le conocía como Chignahuapan, una palabra en náhuatl que significa “potencia de nueve ríos” debido a la extensión de su caudal. Hoy, éste ha disminuido a causa de la contaminación. Su imponencia es un recuerdo de los habitantes de mayor edad.
“El Estado presume que hace inversiones millonarias para su remediación, pero no se puede (remediar) porque no le han dado las condiciones al río”, dice Enciso.
Actualmente, las peticiones de la agrupación Un Salto de Vida están en la restauración y recuperación del río Santiago, sus afluentes, humedales y arroyos, así como la aplicación de un plan de atención por daños a la salud y una veda industrial.
“Para nosotros que siempre hemos habitado aquí, las respuestas a la contaminación las deben de dar los que recibimos los golpes porque no sólo han destrozado los territorios, sino que nos han robado el imaginario, nos han robado los sueños. Yo lo que digo es que no puede haber una remediación sin rehistorización”, concluye Enciso.
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