Durante el 2022 se redujo en un 29% la deforestación en Colombia con respecto al año anterior, una cifra inédita en los últimos nueve años, informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un comunicado, pero para el especialista en el tema Rodrigo Botero esta cifra responde la operación Artemisa, que usó la violencia armada para desincentivar la deforestación.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se superó la meta propuesta para 2022 en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023 de disminuir en un 20% la deforestación y con este resultado “se contuvo la tendencia creciente de la deforestación en el país”.
Botero, quien es director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, señaló que aunque hubo un decrecimiento no se contuvo la deforestación, ya que para su organización, “es una cifra totalmente inestable que no marca una tendencia”.
“Es una situación coyuntural y puntual que se da en el marco de las negociaciones de paz con los grupos armados que tenían el control territorial sobre las zonas en donde se ha venido dando la deforestación. Precisamente, por esa misma forma en que se produce (la disminución), es decir, a través de una coacción armada, irregular y presionando a las diferentes poblaciones que están en territorio, eso lo hace totalmente inestable”, explicó Botero.
En noviembre del 2022 el presidente Gustavo Petro reanudó una mesa de conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero el proceso sufrió un tropiezo a principios de 2023 cuando la organización guerrillera alegó que Petro hacía anuncios unilaterales. En junio las partes alcanzaron un cese “preliminar” (no definitivo) al fuego de seis meses de agosto hasta enero de 2024.
La operación Artemisa fue calificada por la Comisión Colombiana de Juristas, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, como una estrategia para el control de la deforestación, que actúo bajo la premisa de “arrasar y desplazar para conservar” debido a su enfoque militar, judicial y violatorio de derechos humanos.
Para Botero sería más legítimo si la disminución de la deforestación fuera producto de una política pública y de un proceso democrático y legítimo, “construido desde consensos territoriales”.
Desde su perspectiva no ha sido así, por esto se corre el riesgo de que este 2023 pueda revertirse esa cifra debido a la inestabilidad de las negociaciones de paz que están en marcha entre el Estado y los grupos armados que tienen el control territorial de las zonas sujetas a deforestación.
En septiembre de 2022 la nueva ministra, Susana Muhamad, cambió la estrategia para detener este problema. Ahora tiene como centro llegar a acuerdos sociales con las comunidades de los territorios.
Botero afirmó que se está haciendo “un gran trabajo en el camino correcto” y que es importante avanzar en negociaciones de paz para “tener una autoridad legítima por parte del Estado con las poblaciones locales, y no a través de grupos irregulares, que es lo que actualmente sucede”.
Sostuvo que tiene que haber un acuerdo político con los grupos armados dentro del acuerdo de paz y de ahí empezar a intervenir temas estructurales como la tenencia de la tierra, la participación local en los modelos de desarrollo y en una política a largo plazo de reactivación económica legal que desestimule formas de desarrollo económico que implican la deforestación.
Para la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible la deforestación tiene un trasfondo que va más allá del uso inapropiado del suelo, ya que la deforestación no obedece exclusivamente a los factores de la ilegalidad, de ahí la importancia de que se aborden cuestiones más estructurales en la estrategia.
“Para nosotros es una conjunción entre políticas públicas y estímulos públicos que se dan a través de proyectos de desarrollo, tanto regional como nacional, que junto con las economías ilegales hacen una sinergia en función de estimular la deforestación”, explicó.
Debido a que la problemática se relaciona con una demanda internacional de las economías ilegales, Botero también hizo el llamado a entender las implicaciones de la deforestación en la política de fronteras y por ende, la necesidad de atenderse a través de una cooperación fronteriza e internacional ya que, por su complejidad es imposible resolverlo exclusivamente en Colombia.
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