Para una onza de oro se consumen 200 mil litros de agua y se emiten alrededor de 650 kilos de CO2 a la atmósfera.
Las concesiones mineras abarcan 21 millones de hectáreas en México, una superficie casi equivalente al estado de Chihuahua. Su actividad contribuye con el 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB), al mismo tiempo que existen concesiones dentro de 68 de las 142 Áreas Naturales Protegidas (ANP), de acuerdo con información del gobierno federal.
“Se consideran Áreas Naturales Protegidas porque tienen condiciones únicas en términos ambientales. Generalmente una vegetación y fauna endémica, es decir, que sólo acontece ahí como la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán y Estado de México […] si se pierden son imposibles de restaurar”, explicó la doctora Leticia Merino, coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con Causa Natura.
Las afectaciones de la minería se reflejan en el medio ambiente y también en la calidad de vida de la población pero se apuesta por esta actividad productiva bajo el supuesto de que contribuye al desarrollo, agregó la doctora Merino.
Hace unas semanas, María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que en lo que va de la administración no se han entregado nuevas concesiones pero existen 68 vigentes que abarcan 1.5 millones de hectáreas.
De 2006 a 2018 se han extraído más de mil 59 toneladas de oro, lo que representa seis veces más lo registrado durante los 300 años de la época colonial. En el caso de la plata fueron 48 mil 626 toneladas, 90% más que en aquel tiempo, explicó la secretaria Albores durante la conferencia de prensa matutina el pasado 19 de mayo.
El problema es que para obtener una onza de oro se utilizan 40 kilogramos de explosivos, se consumen hasta 200 mil litros de agua y se emiten alrededor de 650 kilos de CO2 a la atmósfera, de acuerdo con información del Observatorio.
“También hemos encontrado que los principales municipios productores de oro y plata tienen condiciones de pobreza y pobreza extrema, de rezago educativo y falta de acceso a servicios básicos. Si se generan grandes ganancias son acaparadas y se concentran en muy pocas manos”, señaló la doctora Merino.
En México, las entidades con mayor presencia de minería dentro de las ANP son Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo con 16 proyectos; Coahuila con 15 proyectos; Baja California y Baja California Sur con 13 cada una.
Décadas de daños: derrames a ríos y enfermedades degenerativas
La apuesta por la minería como parte de la economía mexicana se dio hace tres décadas. En 1992, dos años antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se modificó la Ley Minera en el artículo 6 asegurando que la exploración, explotación y beneficio de los minerales son de utilidad pública y “serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.
“En términos legales (la minería) está sobre cualquier otra actividad sea conservación de la biodiversidad, agricultura para la seguridad alimentaria o manejo forestal comunitario”, explicó la investigadora Merino.
Uno de los casos más conocidos es Wirikuta, el territorio sagrado del pueblo huichol (wixárica), en San Luis Potosí. Desde 1988 este sitio forma parte de la red mundial de sitios sagrados naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y, a pesar de esto, en 2011, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón se entregaron 22 concesiones para explotación minera a la empresa canadiense First Majestic.
“En la pasada década ocurrieron más de 200 accidentes relacionados con las actividades mineras en México. Entre esos accidentes se ubican los escurrimientos de jales y derrames de compuestos tóxicos en ríos y otros cuerpos de agua. Destaca el colapso de los túneles de una mina de carbón operada por Grupo México, que ocasionó la muerte de 65 mineros que se encontraban dentro”, registró el Observatorio de la UNAM coordinado por la doctora Merino en una documentación colectiva titulada ‘Así se ve la minería en México’.
En dicha documentación se registra cómo la actividad minera produce residuos de metales tóxicos como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico. La exposición a estos puede generar enfermedades dermatológicas, oftalmológicas, respiratorias, neurológicas; abortos o partos prematuros, malformaciones, entre otros.
La minería de tajo a cielo abierto, una de las técnicas más utilizadas, propicia la erosión y contaminación de los suelos, así como la deforestación. Además de contaminar agua, suelos y acuíferos. Como ocurrió en 2014 con el derrame minero de Grupo México en el río Sonora.
Aunque la Semarnat reconoce todas estas afectaciones al medio ambiente y la salud, la iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en las ANP continúa detenida en el Senado.
Turismo y las posibles soluciones
“Yo no diría que no se realice minería, pero sí se debe prohibir en ANP y estar sujeta a un marco legal menos permisivo, más cuidadoso. Las concesiones se deben dar en acuerdo con las poblaciones locales afectadas, la evaluación de impactos ambientales tiene que ser a conciencia por el gobierno, no por las empresas”, propuso la investigadora Merino, además de negar que exista una “minería sustentable” como propone la Secretaría de Economía.
Una de las opciones que también ha sido dialogada por localidades defensoras y actores de medio ambiente es el turismo. Esto en relación con la participación ciudadana en las ANP.
“No queremos un turismo tipo Cancún o la Riviera Maya donde las grandes empresas turísticas también se han apropiado de los terrenos. Queremos un turismo que contribuya efectivamente al desarrollo local, más regulado y sustentable. Exigirlo es tomarnos en serio el hecho de ser ciudadanos y exigir a los legisladores más responsabilidad”, concluyó Merino.
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