Los programas sociales son instrumentos de política que tienen el propósito de garantizar los derechos básicos de las personas como la educación, la salud, la alimentación y en general todos aquellos aspectos esenciales para una vida digna y plena. En este sentido, están orientados a atender a la población más vulnerable que es la que enfrenta los mayores obstáculos para lograr estos derechos. Sin embargo, en muchas ocasiones los programas no logran su propósito, ya sea porque no fueron bien diseñados desde inicio, porque en la práctica funcionan con propósitos distintos a los sociales, como es el uso clientelar para propósitos político-electorales, o bien porque operan con anomalías en un ambiente de opacidad.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y otros organismos independientes dedicados a evaluar la política pública, una medida para evitar estos problemas es contar con evaluaciones y mecanismos de control en todo el ciclo del programa, además de operarlo con la máxima transparencia (1).
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