Numerosas son las comunidades que, desde el Golfo de México, pasando por las cuencas del Amazonas y hasta el Mar del Plata en Argentina, viven de la pesca y la acuicultura. En su mayoría, pertenecen al sector artesanal que con embarcaciones de pequeña escala sostienen los mercados y la seguridad alimentaria de países enteros.
“La protección social debería ser un derecho fundamental para el sector”, señaló Alejandro Flores Nava, Oficial principal de pesca y acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.
En la región se estima que existen 2.8 millones de personas en el sector pesquero y acuícola. El 90% es artesanal, también conocido como ribereño.
A pesar de las cifras, la actividad continúa siendo considerada un trabajo informal. La FAO apunta que no hay registro de cuántos trabajadores podrían tener seguridad social, pero la realidad indica que son pocos.
“La informalidad (laboral) es una de las primeras causas. Además de la falta de arreglos institucionales y legales para que puedan siquiera contratar el seguro social voluntario o contributivo”, explicó Flores Nava.
Este 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha impulsado el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales para hacer visible un trabajo que es sustento de 36 millones de personas de manera directa alrededor del mundo.
Como parte de las acciones, el viernes 20 de mayo se realiza el Foro Mesoamericano sobre Protección Social en la Pesca Artesanal y la Acuicultura de Pequeña Escala. En entrevista con Periodismo Causa Natura, el Oficial Alejandro Flores habla sobre el tema central: la exclusión de pescadores y acuicultores en programas de protección social en la región.
Se estima que en México la pesca ribereña puede generar entre 250 mil y 300 mil empleos directos. Foto: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inapesca).
— ¿Qué está pasando con el acceso a la seguridad social de pescadores y acuicultura artesanales?
Muchos de los pescadores y acuicultores están en zonas remotas. No son formales ni visibles a los programas sociales.
Es preocupante porque la pesca artesanal es una actividad de alto riesgo donde hay accidentes, hay problemas de seguridad, falta del equipo... en fin, una serie de riesgos sin una protección social que genere un mecanismo compensatorio.
No hablamos de que se regalen apoyos, pero sí de tener la facilidad de diversificar la actividad económica. Cuando hay un problema de salud que tengan atención médica; cuando lamentablemente fallece la cabeza de familia que cuenten con un seguro de vida. Todos estos son equipos, instrumentos que componen la protección social.
— En el caso de México, ¿cuáles son los retos para lograr la inclusión?
Vale la pena mencionar que en México hay una función muy interesante que son los mecanismos autógenos de protección social, es decir, existen algunas cooperativas pesqueras en estados como Yucatán que son modelos en protección social. Tienen estructurado todo un proceso de retención de ciertos porcentajes de las ventas y con ello crean fondos para salud, para atención médica, para incapacidad…
Pero lo importante es cómo al final esto se puede convertir en una política pública, una política de Estado. Y eso lo hace uno de los principales retos, el incluir a miles de pescadores y acuicultores a los sistemas de seguridad social porque implica una gran cantidad de recursos.
Aunque sí se destinan los recursos financieros necesarios para ir cubriendo esto, a la vez pueden ser contributivos, por supuesto, con la participación de los propios beneficiarios.
— ¿Qué ejemplos tenemos en México y América Latina para replicar o contribuir en el tema de seguridad social?
Hay ejemplos interesantes con los programas de empleo temporal que se activan durante las vedas, es decir, cuando se hacen las pausas para permitir la reproducción de especies, los pescadores no tienen ingresos, entonces estos programas tienen un propósito que se relaciona con la resiliencia. Me parecen un instrumento muy interesante porque se le está dando la oportunidad al sector de ofrecer una contraprestación.
Por ejemplo, en Brasil se llama el Seguro de Veda y en Paraguay cuando se activa automáticamente un fondo que otorga una cantidad mensual a la familias para compensar la falta de ingresos por las vedas.
Desde luego esto tiene que hacerse de una manera muy sistemática y muy bien pensada porque se presta también para que en una masa muy grande de beneficiarios se cuele gente que no tiene nada que ver.
Nosotros mismos aquí en la FAO estamos actualmente con un proyecto para fortalecer la independencia económica de mujeres indígenas de familias de pescadores.
Se trata de una comarca indígena de Panamá y el fin es no sólo apoyarlas para que identifiquen económicamente sus actividades mediante el cultivo de algas marinas, sino darles los medios para generar un fondo rotatorio que lo administren ellas mismas y les sirva para sus proyectos productivos.
Aunque repito, la protección social debe ser parte de un derecho garantizado.
Durante la entrevista, Alejandro Flores meciona que la seguridad social podría ayudar a hacer frente a otros retos mayores en el sector pesquero y acuícola, como lo son los efectos por el cambio climático y la sobreexplotación de especies marinas.
— ¿Qué acciones planea la FAO, siendo una organización internacional, para incidir en las políticas por parte de los gobiernos respecto al tema?
Tenemos un grupo que es promovido por la FAO que es el Comité Mesoamericano para la Celebración del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, y una de las líneas de acción ha sido promover de manera concreta avanzar en la inclusión de pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala en los sistemas nacionales de protección social.
Para esto organizamos el Foro Mesoamericano sobre Protección Social en la Pesca Artesanal y la Acuicultura de pequeña escala. Está estructurado de tal manera que hay una serie de presentaciones que dan luz sobre el tremendo problema que hay de la exclusión; dan luz sobre los riesgos que enfrentan quienes se dedican a estas actividades, y dan luz sobre las posibles vías para gradualmente incorporar el sector.
En el Foro tendremos dos paneles, uno con pescadores y otros con legisladores de tal manera que tratemos de generar una hoja de ruta por país y haya el compromiso para ir avanzando en este proceso.
En el Foro también participa Ospesca, que es la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, un mecanismos también importante para ir dando seguimiento con sus miembros que son las autoridades de siete países de América Central más República Dominicana.
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