Hace poco más de 15 años la comunidad costera de Altata, en Sinaloa, se quedó sin posibilidades de extraer almeja chocolata, uno de los recursos marinos más importantes para la economía local. La razón: un deterioro extremo de sus poblaciones.
“Tal vez lo sacamos pensando que nunca se nos iba a acabar, las familias enteras vivíamos de este recurso, que empezó a escasear y pues en una nos dimos cuenta que ya nos la habíamos acabado”, contó Yanette Castro, presidenta de la Sociedad Cooperativa Almejeras de Santa Cruz.
No se tomaron en cuenta estrategias de aprovechamiento sostenible, reconoció Castro. Las autoridades tampoco estuvieron presentes para evitar la extracción indiscriminada, añadió.
En México no existe un marco legal para regular la sobreexplotación de los recursos pesqueros y tampoco se prevén estrategias de recuperación, situación que pone en riesgo la actividad económica de los pescadores artesanales o ribereños, es decir, los de menos ingresos, sostuvo Esteban García-Peña, director de Campañas de Pesquería de la organización Oceana.
“La Ley de pesca, es una ley profundamente neoliberal porque se basa en el volumen, se basa en la productividad, se basa en darle elementos al mercado, pero no garantiza ni la presencia de peces ni el bienestar de los pescadores”, aseveró el especialista en sustentabilidad.
Cuando Esteban García-Peña habla de una Ley neoliberal, puntualiza, se refiere a que apuesta todo al mercado.
“Es discriminatoria, se discrimina a los que menos capacidad tienen de entrar al mercado, los que tienen menos capacidad de competir, y esas son las personas con menos recursos”, dijo.
Para Yanette Castro, las autoridades mexicanas no están poniendo el foco en un punto crucial para los pescadores, la garantía de tener recursos para pescar esta y las futuras generaciones.
Oceana interpuso en noviembre pasado un amparo en contra de las Cámaras de Diputados y Senadores, donde se reclama la omisión de actualizar dicha ley acorde al principio de progresividad de los derechos humanos, con base en la restauración o recuperación de especies pesqueras sobreexplotadas.
Esas especies cuyas poblaciones se encuentran deterioradas son, precisamente, de las que dependen los pescadores artesanales, los que tienen menos ventajas competitivas en el mercado, frente a las pesquerías de gran escala, afirmó García-Peña.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay alrededor de 213 mil personas dedicadas a la actividad pesquera, de las cuales el 88% son hombres y 12% son mujeres.
México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litorales, pero las entidades con mayor producción pesquera son Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
Oceana realizó una Auditoría Pesquera, donde se llevó a cabo un análisis de las condiciones sociales de los pescadores en los dos estados con mayor producción.
“Dentro de 3 años el 55% de los pescadores en Sonora estará por debajo de la línea de pobreza, 45% en el caso de Sinaloa”, explicó el experto.
Esto se debe a que, ante la sobreexplotación, los trabajadores del sector disponen cada vez de menos recursos pesqueros o deben adentrarse más al mar para conseguirlos, lo que incrementa potencialmente los riesgos.
Un análisis elaborado por la organización civil Environmental Defense Fund (EDF) en conjunto con la organización Inteligencia Pública, publicado en 2019, refuerza la postura de Oceana, pues explica que la pesca artesanal es una actividad económica poco valorada.
“La gran mayoría de los cientos de miles de pescadores ribereños o de pequeña escala viven en condiciones precarias en las comunidades costeras, con un enorme rezago en cuanto a infraestructura y acceso a servicios básicos como salud, educación, agua y drenaje”, se lee en el trabajo.
El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024 establece que el aprovechamiento pesquero en México se concentra en 36 especies.
La demanda de amparo, a la que Periodismo Causa Natura tuvo acceso, plantea que diversos estudios reconocen que al menos 40% de las especies pesqueras en México están deterioradas o sobreexplotadas.
Entre esas especies están algunas emblemáticas como el atún, camarón, huachinango, marlin y callo de hacha.
Asimismo, expone que dentro de la Norma Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010 -que protege a la flora y fauna amenazada- están incluidas especies que en algún momento fueron recursos pesqueros.
“Transitaron por un proceso en que su población se deterioró o sobreexplotó, hasta no ser susceptible su aprovechamiento pesquero al adquirir por razones principalmente de disminución de su población, el estatus de especie en riesgo”, refiere el amparo.
Las deficiencias de la Ley y la falta de acciones legislativas llevaron a la organización a emprender acciones por la vía legal.
“Ley General de Pesca es una ley que contempla el mercado, contempla los actores en el mercado pesquero, contempla cómo es que se manejan las especies. Regula los artes de pesca, regula los permisos, regula todo lo que está alrededor de la ejecución de la pesca, pero no regula que haya peces en el agua”, alegó Esteban Gacía-Peña.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables fue publicada en 2007 y actualizada en 2015 y 2018, pero ninguna reforma ha tocado los puntos centrales relacionados con la recuperación de los recursos marinos.
El pasado 9 de diciembre la demanda fue aceptada por el Juzgado sexto de Distrito con sede en la Ciudad de México. El siguiente paso es una valoración y desahogo de las pruebas presentadas, para que el juez determine si ampara a la parte quejosa. En este caso, no se otorgó una suspensión provisional o definitiva, toda vez que no es posible detener las actividades legislativas.
Derechos violentados
La demanda de amparo hace énfasis en los artículos que considera inconstitucionales, por representar una violación a los derechos de los pescadores y a los de interés colectivo.
Uno de los aspectos destacados son los servicios ambientales. Oceana alega que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Vida Silvestre tutelan los “servicios ambientales”, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a través de su regulación e instrumentos y mecanismos.
Los servicios ambientales, refiere, son los beneficios de todo orden que la naturaleza y los recursos naturales otorgan a los seres humanos, al proveer las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. El mencoscabo de estos, por tanto, representa una violación al derecho a un medio ambiente sano.
Sin embargo, se anota, la Ley de Pesca no contempla la limitación de la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales pesqueros, y su finalidad no comprende ni la restauración como tampoco medidas en este sentido de mayor profundidad como lo es un programa de restauración, con acciones como el monitoreo y control de población de peces, zonas de refugio, entre otras.
Con respecto a los artículos 26 y 27 de la Ley, que regulan el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, dice que en sus reglas de operación no se contempla promover la restauración de recursos pesqueros y ecosistemas clave.
“Para efectos prácticos, una vez que una especie pesquera se deteriora o sobreexplota, así se mantendrá”, señala el amparo.
Pesca ribereña y seguridad alimentaria
La presidenta de la Sociedad Cooperativa Almejeras de Santa Cruz aseveró que, pese a la calidad de producto que ofrecen los pescadores artesanales, no hay seguridad económica para el sector.
Por una parte, las compañías mediadoras acaparan la mayor parte de las ganancias, mientras que, otro lado, factores como la pesca ilegal, sobreexplotación, destrucción de hábitats de refugio y calentamiento global ponen en entredicho el futuro de esta actividad.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) publicó en 2018 las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Según el reporte, la pesca a pequeña escala representa casi la mitad de las capturas a nivel global y cobra relevancia si se considera que la mayoría de estas capturas se dirigen al consumo humano directo.
Una de las Directrices apunta que los Estados y todos aquellos que participan en la ordenación pesquera deben adoptar medidas para la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros y para asegurar la base ecológica de la producción de alimentos.
Comentarios (0)