De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019 hubo cerca de 213,246 personas que dependieron directamente de la actividad pesquera y acuícola como medio de sustento. Y aunque de primera impresión este número pudiera parecer pequeño en comparación con el número de trabajadores que sostienen otras actividades económicas, hay que reconocer que la labor de los pescadores y acuicultores es estratégica para la seguridad alimentaria del país.
El universo de productores del sector pesquero y acuícola es bastante heterogéneo. Tradicionalmente, y con el objetivo de simplificar el análisis, la flota mexicana se divide en pesca ribereña y pesca de altura. Al interior del grupo de la pesca ribereña, que conforma el grueso de la mano de obra en el sector, hay una diversidad de productores que va desde los que trabajan de manera individual hasta las organizaciones y/o cooperativas pesqueras.
Ahora, entre los distintos factores que amenazan la actividad pesquera, especialmente el trabajo de miles de pequeños productores en situación de vulnerabilidad, se encuentra el cambio climático. El aumento de la temperatura global está afectando severamente la salud de los océanos al alterar el curso de las corrientes marinas, las cadenas tróficas y las zonas de reproducción y pesca; sin mencionar otros efectos que no son fáciles de cuantificar. Estos cambios impactarán cada vez más, y no de manera positiva, en la vida de los pescadores, en sus ingresos y en el acceso de alimento para todos. La emergencia climática exige que se tomen medidas urgentes para revertir procesos de degradación ambiental que no harían más que ahondar la pobreza en las comunidades costeras.
Los refugios pesqueros son instrumentos de manejo que pueden contribuir a las medidas de adaptación al cambio climático. El funcionamiento efectivo de las áreas con restricciones a la pesca puede ayudar a aumentar la biomasa ecosistémica; alentar la conversión de las artes de pesca y a la recuperación de las pesquerías de interés comercial. Adicionalmente, el conocimiento empírico obtenido del proceso de implementación y operación de los refugios en México sugiere que las comunidades pesqueras podrían estar transformando la manera cómo se relacionan con los recursos marinos, pues éstos últimos empiezan a percibirse más como riqueza natural que debe ser preservada, valorada y defendida en comunidad (a través de la organización, vigilancia, intercambio y generación de información), que como recursos “disponibles” a la competencia abierta y no regulada entre pescadores de una comunidad o de comunidades vecinas.
Los refugios pesqueros son una alternativa de empoderamiento comunitario para la defensa del patrimonio natural y deben ser una herramienta accesible a las comunidades pesqueras vulnerables para garantizar su derecho a una vida digna que se nutre de un medio ambiente sano.
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