En la localidad de Sitilpech, Yucatán, de mil 799 habitantes, hay una granja porcícola de 48 mil cerdos operada por la empresa Productos Pecuarios para Consumo, que abastece a Keken, el grupo de producción porcícola más grande de México.
La producción industrial de cerdos llegó a la comunidad hace 4 años, sin una consulta pública, afirman pobladores que se oponen al proyecto, quienes han recurrido a las vías legales para detenerlo.
En mayo pasado se presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Yucatán, integrado en el expediente 887/2021, lo que derivó en una suspensión definitiva de la granja en tanto se resuelve el juicio.
Sin embargo, la compañía involucrada, Productos Pecuarios de Consumo, presentó un recurso de queja mediante el cual argumentó que la demanda de amparo no debió ser admitida por el Poder Judicial. Con este recurso le fue posible a la empresa echar abajo un juicio iniciado en el poblado vecino de Chapab de las Flores.
El recurso de queja, según lo dispuesto en la Ley de Amparo, es la oportunidad que tienen la contraparte de inconformarse por la decisión de un juez al admitir una demanda que consideran improcedente.
“El Tribunal Colegiado lo que hizo fue darle la razón a la empresa y con eso eliminó todo el juicio, dijo que nunca debió haber sido aceptado”, comentó Janet Medina Puig, abogada de Kanan Derechos Humanos, colectivo que acompaña a las comunidades.
Por esta razón, el pasado 5 de julio 700 pobladores firmaron una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde solicitan que atraiga el recurso de queja presentado por la empresa porcícola, una facultad que le permite a la Corte conocer casos aunque anteriormente hayan pasado por juzgados o tribunales.
Con ello, buscan sentar un precedente positivo sobre la admisión de juicios de amparo sobre derechos de los pueblos indígenas del país y el medio ambiente.
En conferencia de prensa este miércoles 20 de julio, acompañados de la organización ambiental Greenpeace, representantes de la comunidad y del colectivo Kanan Derechos Humanos informaron que la empresa argumenta que el amparo es “notoriamente improcedente”, por la temporalidad en la que fue interpuesto.
La defensa legal de la comunidad apuntó que eso es contrario a la protección ambiental. Los inconformes sostienen que ha contaminado el agua, aire y suelo del territorio de Sitilpech sin que alguna autoridad haya realizado su labor relativa a la prevención y precaución del daño ambiental.
Roberto Sánchez, también abogado de Kanan Derechos Humanos, expuso que se demanda la omisión de las autoridades para proteger los ecosistemas locales y la violación al derecho a un medio ambiente sano.
Por su parte, Greenpeace México hizo entrega de una carta técnica al Máximo Tribunal en la que subraya los impactos ambientales y sociales que mega granjas porcícolas, como la que opera en Sitilpech, ocasionan al medio ambiente.
De acuerdo al reporte “La Carne que está consumiendo al planeta”, publicado por Greenpeace en 2020, la deforestación en la Península de Yucatán debido a las granjas porcícolas es potencialmente de 10 mil 997 hectáreas de selva.
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