La falta de información verificable y de sistemas robustos de monitoreo es el principal factor que detonó el embargo impuesto por Estados Unidos a 21 pesquerías mexicanas, coinciden especialistas en conservación y manejo pesquero.
Más allá de un señalamiento directo por la mortalidad de mamíferos marinos, el problema radica en la ausencia de datos claros, transparentes y sistematizados que permitan evaluar las interacciones entre la actividad pesquera y especies como ballenas y la vaquita marina, apuntó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “No hay datos verificables y no hay ninguna medida de mitigación”, expuso.
Por su parte, Rafael Ortiz Rodríguez, director general de Environmental Defense Fund (EDF) México, explicó que “en muchas de estas ocasiones es simplemente porque la pesquería no presenta la información de la manera en la que se requiere para no ser afectada por la ley del Marine Mammal Protection Act”.
Ambos especialistas coincidieron en que la carencia de mecanismos de reporte, observación y transparencia limita la capacidad de México para demostrar un manejo comparable al de Estados Unidos, aun en pesquerías donde el impacto real sobre mamíferos marinos es bajo o incluso nulo.
¿De qué trata el embargo y la comparabilidad?
La entrada en vigor del embargo a 46 países, a partir del 1 de enero de 2026, impide la exportación de diversos productos del mar hacia Estados Unidos, incluido México al considerar que no cumple con los criterios de “comparabilidad” establecidos en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (Marine Mammal Protection Act, MMPA).
La medida aplicada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se deriva de una evaluación del desempeño regulatorio del país en materia de monitoreo, reporte y mitigación de interacciones entre actividades pesqueras y mamíferos marinos, como ballenas, delfines, lobos marinos y la vaquita marina.
A diferencia de otros mecanismos, el embargo no está relacionado con niveles de sobrepesca ni con el estado de las poblaciones objetivo, sino con la falta de información verificable para estimar la captura incidental de mamíferos marinos y demostrar la aplicación de medidas para reducirla.
La MMPA exige que los países exportadores acrediten un nivel de protección “comparable” al de Estados Unidos en sus propias pesquerías, lo que implica programas de observadores, registros sistemáticos de interacciones, límites máximos permisibles de captura incidental y medidas de mitigación cuando se detectan afectaciones.
Olivera explicó que esta exigencia “no pide la perfección de cada pesquería”, sino “una equivalencia en la efectividad” de las reglas. “Lo que está solicitando es que haya evidencia del monitoreo de mamíferos marinos, límites de captura incidental y medidas de mitigación”, precisó.
Asimismo, aclaró que la NOAA no evalúa a las pesquerías por cooperativa, permisionario o estado, sino por regiones amplias donde coinciden artes de pesca y poblaciones de mamíferos marinos. “Aunque se utilice el mismo arte de pesca, la NOAA las identifica de manera distinta dependiendo de la región y del stock de mamíferos marinos con el que se sobrepone”, explicó.
Tras varios años de prórrogas posteriores a la publicación de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos en 2016, el proceso de evaluación se intensificó durante en agosto del 2025, cuando la NOAA publicó sus determinaciones finales de comparabilidad, en las que concluyó que 240 pesquerías extranjeras de 46 países no cumplen con los estándares de protección de mamíferos marinos y quedarían sujetas a prohibiciones de importación.
A finales de dicho mes, la NOAA precisó que la medida no sería un embargo por país, sino por pesquería y especie, disposiciones que fueron formalizadas en el Federal Register en septiembre. Desde entonces se fijó el 1 de enero de 2026 como la fecha de inicio de las restricciones comerciales.
Certificaciones y afectaciones al sector
Uno de los puntos que generó mayor sorpresa en el sector fue la inclusión de pesquerías que cuentan con certificaciones de sostenibilidad o procesos avanzados de mejora, como la langosta con certificación del Marine Stewardship Council (MSC) o la merluza, que se encuentra en un Proyecto de Mejora Pesquera (FIP, por sus siglas en inglés).
Olivera aclaró que estas certificaciones no sustituyen los requisitos de la MMPA. “No te sirve para mantener una certificación del MSC, porque no te pide lo mismo que el Marine Mammal Protection Act. El MSC es una certificación de sustentabilidad, pero la ley de Estados Unidos pide reportar y mitigar interacciones con mamíferos marinos”, afirmó.
Ortiz reforzó esta postura al señalar que “el embargo y las certificaciones son dos temas totalmente diferentes”, y que “no porque una pesquería esté certificada quiere decir que no puede ser embargada, y viceversa”.
El caso de la merluza ilustra esta desconexión. De acuerdo con Ortiz Rodríguez, se trata de una pesquería que cuenta con un programa de observadores y que ha generado información relevante sobre interacciones nulas con mamíferos marinos. “Sin embargo, esa información no está presentada de una manera en la cual las autoridades de Estados Unidos tuvieron acceso, y por lo tanto está en esta lista”, explicó.
Mientras el embargo permanezca, añadió, las exportaciones de merluza hacia Estados Unidos no podrán realizarse, lo que representa “una pérdida económica significativa y una pérdida de oportunidades de mercado”.
Conforme a datos de comercio de la NOAA, las importaciones de Merluza mexicana en Estados Unidos ascendieron a 274 mil kilos en 2025, valuados en alrededor de 500 mil dólares (unos 8 millones 798 mil pesos).
Para las cooperativas cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, el impacto puede ser directo. Olivera advirtió que la medida “puede ser devastadora” cuando se limita el acceso a su principal mercado de exportación y señaló que la falta de información oportuna por parte de las autoridades agravó el escenario. “La gente de las cooperativas, de las pesquerías no estaba enterada. Conapesca no documentó bien ni pidió información a todas las pesquerías”, afirmó.
En este contexto, dijo, quien sufre las consecuencias son los pescadores.
Ambos especialistas coincidieron en que el cumplimiento es posible si se actúa de manera coordinada y urgente. Olivera apuntó a la necesidad de un acercamiento inmediato con las pesquerías afectadas, la realización de talleres y la generación de información verificable.
Ortiz Rodríguez añadió que las acciones clave son “presentar la información que sí se tiene”, asegurar el reporte adecuado de interacciones y, cuando existan afectaciones, “trabajar en alternativas tecnológicas para evitarlas”. También subrayó el papel del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas) en la transparencia de la información pesquera.
Mientras se resuelven los procesos de revisión ante la NOAA, Olivera advirtió que, en ausencia de controles efectivos, existe el riesgo de rutas irregulares de comercialización. “Está pasando ahorita para el camarón del Alto Golfo. Se lava el producto y se exporta”, señaló.
El embargo estará en pie hasta que México solicité una nueva evaluación de estas pesquerías. Ambos entrevistados coincidieron en que se trata de un punto de inflexión para la pesca mexicana en términos de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas frente a los mercados internacionales.
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