En México se tiene registro de más de 20 mil concesiones mineras y ante la ley “la minería tiene el carácter de utilidad pública y de actividad preferente. Lo cual está hecho para facilitarles las cosas a los proyectos mineros”, señaló Dolores Rojas, coordinadora de programas de Transformación Socioecológica de la Fundación Heinrich Böll.
Entre las promesas de la administración federal se encuentra el no otorgar más concesiones mineras. La última declaración se realizó en noviembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina desde Guanajuato.
En entrevista con Causa Natura, Rojas comparte lo que es una realidad estudiada por el sector ambiental: la actividad minera siempre ocasionará daños ambientales y, por consecuencia, a la salud.
Incluso, describió, “hay situaciones donde es irreversible. Cuando hablamos de minería a cielo abierto, de oro y plata, de cerros desaparecidos y modificaciones brutales, cómo vuelves a aparecer el cerro y el bosque. Es irreversible”.
En México la actividad minera contribuye con el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) . Junto con el sector de hidrocarburos es una actividad preferente en la economía mexicana desde hace tres décadas. Fue en 1992, cuando se modificó la Ley Minera para catalogarla como utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
La minería moderna puede implicar importantes riesgos sobre la calidad del aire y deforestación de los suelos, la cantidad de agua y la reducción de ésta, además de afectaciones al hábitat y la salud, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Entonces, si eliminamos el carácter de utilidad pública y de actividad preferente que está en la ley, es más fácil tener una supervisión y un control de daños, porque sin duda habrá daños. No hay minería sustentable, eso es un mito. Pero sí se podría tener un mayor control de la gestión del territorio”, explicó Rojas.
Para la coordinadora de la Fundación Heinrich Böll esta medida sería un paso pendiente para “quitar los privilegios y favoritismo a los proyectos mineros”. Posicionamiento que comparten en común las comunidades afectadas, organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos.
Marcha por la Vida “No a la Mina” el pasado 10 de enero por resistencias de Cuentepec y Tetlama para exigir que Temixco sea declarado municipio libre de concesiones mineras. Foto: Margarito Pérez Retana/ Cuartoscuro
— Considerando las últimas noticias sobre las concesiones al sector minero, ¿podemos decir que en México se cuenta con las acciones que permitirán disminuir el impacto ambiental?
Podemos decir que depende. Depende de cuál proyecto minero es, cómo se haya iniciado, cuándo, si ya no está en funcionamiento, si su cierre fue adecuado, si hay el seguimiento, si se cumplieron las medidas de mitigación. Habría que ver cada caso porque no podemos hablar en abstracto.
Lo que sí es un hecho es que en la minería a cielo abierto los daños son irreversibles y no hay manera de volver a la situación previa. En todos va a haber afectaciones, sin duda, en todos.
— Para poder hablar de cada caso se necesitan herramientas, principalmente de información, ¿cómo influye la opacidad de las empresas y el sector minero?
Hay opacidad de alguna manera, pero gracias a la sociedad civil y a las comunidades que están en resistencia en los proyectos mineros tenemos acceso.
Más allá de esto, lo que sí hay es un déficit de ejecución. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento solicitado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que debería ser la guía en donde se registran las afectaciones y qué se hará para mitigarlas, no tiene un seguimiento. Tampoco lo encontramos documentado en ningún lado.
Lo que se puede hacer con las concesiones, si ya no se han abierto otras, es empezar a darle seguimiento, pedir ver sus informes de investigación, de cumplimiento con la MIA, con sus planes de desarrollo del proyecto. Y a partir de ahí, empezar las comunidades a preguntar si sí se ha cumplido.
— ¿Y qué pasa con el marco legal que protege a la actividad minera?
De los resultados que se han obtenido vemos que quienes más violan la ley son las empresas y los distintos órdenes de gobierno. Mientras que son las comunidades las que más se afanan por el cumplimiento de la ley y que usan causas legales para exigir el respeto a sus territorios. Meten sus amparos porque judicializan pero también ejercen su derecho a la manifestación y a la protesta.
Esto es interesante porque siempre el discurso de los empresarios es que quieren “certeza jurídica”, mientras resulta que no están cumpliendo la ley, que son las empresas mineras o los gobiernos locales o los distintos órdenes de gobierno quienes no cumplen. Y quienes enfrentan la criminalización, los ataques y el acoso son quienes están protestando por estas irregularidades.
En el informe Miradas en el territorio: Cómo mujeres y hombres enfrentan la minería , realizado por Mujer y Medio Ambiente en colaboración con la Fundación Heinrich Böll-México, destaca el estudio de la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, ubicada a unos cuantos kilómetros del complejo minero ‘Los Filos’. Se trata de un proyecto de extracción de oro a cielo abierto por parte de la empresa canadiense GoldCorp abriendo la puerta a la delincuencia organizada, la migración y los ataques a personas defensoras del territorio.
— Bajo esta perspectiva, ¿qué planteamientos nos esperan respecto a la actividad minera?
Aún hay cosas que se pueden hacer, por supuesto. Desde mi perspectiva personal, diría que hay que replantearnos y revisar qué minerales sí son necesarios y cuáles no. Yo creo que el oro que se requiere para fines científicos o médicos, ya lo tenemos afuera y está en lingotes en las reservas de bancos. Ahí, inmóvil, y eso se podría usar para fines científicos, médicos, etcétera.
Pero bueno, como se trata de ver más el todo, la primera situación es que la minería tiene el carácter de utilidad pública y de actividad preferente ante la ley. Está todo hecho para facilitarles las cosas a los proyectos mineros con la actividad preferente. Esto se podría quitar y, en efecto, valorar caso por caso el proyecto minero para ver cuál sí procede y cuál no.
Otro problema es que realmente no hay diferencia en el otorgamiento de concesiones para exploración o explotación. Esto significa que yo en un solo movimiento puedo explorar y explotar sin mayor problema, pero además, la concesión que dan es por 50 años. Son concesiones demasiado largas y se pueden renovar, eso es una privatización de facto de los bienes naturales de todo el territorio.
Finalmente, está el reconocimiento al derecho de los pueblos originarios para decidir sobre su territorio, a lo que está obligado el Estado mexicano. Tiene que hacerse efectiva esa libre determinación del derecho a decidir sobre la manera en que quieren desarrollar sus territorios, que sea efectiva su participación y que sea respetada la decisión.
Boletín del Movimiento Morelense Contra la Minería por las afectaciones de la minera Esperanza Silver. Crédito: Margarito Pérez Retana/ Cuartoscuro
— Finalmente, ¿cómo podemos continuar apelando a la conciencia ciudadana sobre los impactos de la minería?
Bueno, yo creo que tiene que quedar claro cuáles son los impactos. Además de saber que la minería está en todo lo que consumimos, lo necesitemos o no lo necesitemos. Tenemos que empezar a exigir que haya políticas de no a lo desechable; no a la obsolescencia programada; no a la obligación de cambiar cada año de modelo de celular, de coche, de pantalla, de computadora.
Además, una política que tiene que ver es la recuperación de materiales electrónicos. Hacer a lo que llaman minería urbana, no la minería de los desechos. Yo sé que suena a contracorriente en estos momentos que dicen que hay que activar la economía, pero no sé si vivir bien tiene que ver con ganar más o, más bien, con vivir mejor teniendo calidad del aire, agua, alimentos….
Y si bien creo que las acciones individuales son importantes, lo relevante y lo que va a ser más rápido un cambio son las políticas públicas, donde también la ciudadanía nos tendría que ayudar a que se le exija a sus representantes, a sus legisladores, que cambien la Ley Minera.
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