El embargo pesquero sobre México no detuvo el comercio por completo. Certificados de Admisibilidad (COA, por sus siglas en inglés) han abierto una vía para que los productos pesqueros mexicanos lleguen a Estados Unidos.
En Baja California Sur, cooperativas y empresas exportadoras comenzaron el año con incertidumbre. El 1 de enero entró en vigor el embargo de Estados Unidos contra 21 pesquerías mexicanas tras la determinación de la autoridad estadounidense de que México no acreditó la “comparabilidad” requerida por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA) en materia de mitigación de captura incidental de mamíferos marinos.
Florencio Aguilar, presidente del consejo de administración de la cooperativa Puerto Chale, ubicada en San Juanico, recuerda que el anuncio del embargo generó preocupación.
“La disposición de la NOAA nos había asustado mucho el año pasado (anuncio en septiembre). Pero al final, lo único que pudieron hacer fue elaborar un certificado de admisibilidad para todas las especies”, señala.
El COA es un mecanismo administrado por el Servicio de Pesquerías Marinas (NFMS), dependiente de la NOAA, y el departamento de comercio de Estados Unidos, que permite que productos provenientes de pesquerías extranjeras (no solo mexicanas) ingresen al mercado estadounidense; exige que cada embarque sujeto a embargo sea evaluado individualmente.
La explicación operativa del certificado para los exportadores mexicanos llegó en un seminario virtual organizado por la NOAA, por sus siglas en inglés, agencia científica del gobierno estadounidense que monitorea los océanos, de acuerdo con Leo Adán Murillo Aguilar, encargado de compra de pescados y mariscos en una empresa exportadora.
“En la reunión de la NOAA, la señora que habló dijo: van a tener que llenar los formatos de admisibilidad. Entonces estamos entrando (a ese mercado), o sea, se puede…No pudimos preguntar, porque no hubo sesión de preguntas y respuestas, todo fue muy rápido y en inglés”, añade Murillo Aguilar.
En esa misma sesión, según su versión, la autoridad estadounidense atribuyó el origen del embargo a la falta de información oficial mexicana: “Nos dijo que el gobierno no estaba proporcionando la información ni la documentación completa”.
A pesar de la entrada en vigor del embargo, las exportaciones continuaron bajo el nuevo esquema del COA. “El día viernes 2 trabajamos nosotros haciendo la primera exportación”, explica. Desde entonces, cada envío requiere un trámite adicional. “A todas las que metieron, todas con certificado pasa. A todas, pescados y mariscos. Todo tiene que ser con certificado”.
El cambio no es menor pues implica reorganizar tiempos administrativos, coordinación interinstitucional y mayor carga documental.
El proceso exige que la documentación se gestione en una ventana horaria limitada: “Para el certificado de admisibilidad tienes hasta las 11 de la mañana aquí en las oficinas de Conapesca en Ensenada, porque ellos lo tienen que mandar a Mazatlán… Mazatlán tiene 3 horas para contestarme… y la oficina de aquí cierra a las 3 de la tarde”.
La presión se acentúa cuando se trata de producto fresco. “El fresco ya viene muerto en hielo. Y ese le pasas tres días aquí, pues se te va haciendo viejo”, explica.
Si el certificado no se emite a tiempo, el producto debe permanecer almacenado. “Si no están los certificados en tiempo… tengo que guardar, gasto más recursos de gente, gasto más hielo”.
Esos costos adicionales no desaparecen en la cadena comercial. “Si hay una pérdida acá, pues obviamente lo tienes que ajustar en el precio de compra”, sostiene.
La consecuencia, añade Florencio Aguilar desde la cooperativa Puerto Chale, es que el impacto puede recaer en el productor.
La dimensión económica se vuelve tangible en la temporada de lenguado, un pez blanco.
“77 toneladas a 50 pesos en promedio representan 3 millones 874 mil 950 pesos”. Así 29 pangas y sus respectivos tripulantes pueden ganar 133 mil pesos en dos meses.
El mercado estadounidense es determinante para absorber esos volúmenes. “Andábamos bien preocupados, porque mucho se manda para Estados Unidos”, comenta el exportador. La alternativa interna resulta limitada: “El mercado nacional… no puede acomodar ni media tonelada, casi no se consume lenguado aquí”.
En este contexto, el embargo no ha cerrado por completo la puerta comercial, pero ha modificado las condiciones de acceso. Cada embarque depende de una validación administrativa que puede retrasarse por errores en nombres científicos, inconsistencias documentales o tiempos de respuesta institucional.
La incertidumbre persiste. “No se sabe nada”, resume Murillo Aguilar sobre la duración del esquema. Y agrega: “Yo no sé hasta cuándo vayan a decir: ¿sabes qué?, ya no van a entrar”.
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