El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por impulsar una reestructuración de la función pública federal a través de una serie de iniciativas legislativas.
Este proceso se acelera conforme se llega el fin del sexenio, dentro de un año y medio, lo que renovará el poder presidencial y ambas cámaras del Congreso.
La opinión pública actualmente está enfocada en tres iniciativas que trastocan el acceso a la información y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para hacer frente a la crisis climática donde parece que, bajo el argumento de hacer ahorros presupuestales, se está desarmando a las instituciones encargadas de la información e investigación para la toma de decisiones en temas ambientales y así redirigir esos recursos a programas sociales.
Cristina Rivas de Humint, una empresa de consultoría que ha dado seguimiento a la política pública en el sector ambiental, señaló que la presente administración ha sostenido la instrucción de eficientar recursos en la administración pública, y bajo este argumento se presentan estas iniciativas, sin embargo, estos ahorros presupuestarios son hechos para fondear los programas de Bienestar del gobierno federal.
Para José Lara, director del Centro transdisciplinar universitario para la sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana, se está desarmando toda la estructura institucional que no es afín a las prioridades del gobierno y que desde su perspectiva lucha por mantenerse en el poder a través de un sistema clientelar, en el que cuida su base de votantes.
Desmantelamiento de la investigación en temas ambientales
La primera de ellas es una iniciativa con proyecto de decreto que consiste en fusionar, integrar o extinguir 18 órganos, de los cuales cinco tienen un impacto importante en temas de medio ambiente.
Fue presentada en la Cámara de Diputados en el pasado periodo de sesiones, que acabó en abril, y está en espera de discusión y dictaminación. Si es votada favorablemente por el pleno, pasará por el mismo proceso en el Senado de la República.
Esta iniciativa reduce a unidades administrativas subordinadas a estos cinco órganos (mostrados en la tabla anterior), lo cual para Rivas significa una pérdida de prioridad de los temas ambientales.
“Hablando específicamente el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), definitivamente es una pérdida de peso en la agenda de gobierno. Quiere decir que si de por sí no estaba dentro del top de prioridades de gobierno, ahorita menos lo van a ser”, señaló.
Además, estos institutos, en su mayoría de corte investigativo, al ser absorbidos por otras instituciones van a perder su fuerza de imparcialidad y ya no habrá pesos y contrapesos que favorezcan una toma de decisiones basada en evidencia científica, sino que correrán el riesgo de quedar subordinadas al contexto político o presiones sociales.
José Lara señaló que estos organismos servían de interfaz entre lo público y la academia, y la iniciativa lo que hará es desarmar, desanimar e impedir la generación de información técnica y científica y cortar puentes de comunicación, de trabajo y de colaboración entre el sector privado, academia, gobierno y sociedad civil.
Lo que hace es debilitar la investigación en cambio climático, creando sesgos en la investigación en la pesca y acuicultura, en momentos de crisis pesqueras, climáticas, hídricas y alimentarias, señaló Esteban García-Peña, director de pesquerías en la organización Oceana.
La resistencia organizada en el IMTA
De estos organismos el que mayor resistencia presenta a la reforma es el Instituto Mexicano de Tecnología y Agua (IMTA), ya que sus trabajadores que se dedican a la investigación y desarrollo tecnológico están organizados en un sindicato, señala Jorge Salgado, secretario general de esta última organización.
“Hemos tratado de ponernos en contacto con estos 18 organismos públicos pero no hemos tenido éxito. Entiendo que no todos están constituidos u organizados en un sindicato, eso es una ventaja que nosotros tenemos en el IMTA y bueno desde el 2021, que se anunció su extinción, pues hemos hecho gestión para evitar que esta iniciativa prospere”, comentó.
Los argumentos en los que el Ejecutivo ha sustentado esta reforma han sido la corrupción dentro de los organismos, a lo que Salgado señala que en ese caso se proceda contra los responsables; el segundo es la duplicidad de funciones, sin embargo la Conagua es un ente operativo y administrativo encargado de los recursos hídricos, mientras que el IMTA desarrolla ciencia y tecnología y forma profesionales en temas de agua; y finalmente, señala que el ahorro económico no está fundamentado, ya que la federación tendría que aportar los 250 millones que el IMTA obtiene por sus propios medios a través de la venta de proyectos para su sostenimiento, lo cual significa más carga presupuestal.
Además, actualmente el IMTA es un ente imparcial en las controversias hídricas y con información científica y tecnológica hace diagnósticos, por lo que de perder su figura jurídica y subordinarse a la Conagua el país perdería una figura jurídica imparcial y la Conagua sería juez y parte en estas controversias, lo cual representa para Salgado un retroceso de 20 años en el desarrollo hídrico y pone en riesgo la seguridad del país en esta materia.
La Ley de ciencia
Otra iniciativa del ejecutivo federal y que recién se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnologías e Innovación (HCTI) que transforma el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Cristina Rivas señala que esta iniciativa ya llevaba más de dos años discutiéndose, sin embargo, parece que no se logró un buen consenso pues un gran sector de científicos y académicos están inconformes con la falta de integración de sus opiniones en ella.
En este caso se trata de una refundación, menciona, ya que se añaden más facultades, más especificidades de información, pero en esencia es la misma institución con cambios.
En este caso, lo que más ha generado debate en la opinión pública ha sido el ingreso de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina al Consejo Consultivo, un órgano de control y de consulta del ahora Conacyt.
Con esto, señala Rivas, se reconoce la generación de ciencia y tecnología de las fuerzas armadas y se las integra en una estructura de ciencia nacional, pero a su vez esto aumenta la participación de agentes de gobierno dentro de la toma de decisiones y se pierde decisión social (academia, sector privado y ciudadanía en general) en la dirección de la ciencia y el gobierno federal gana un mayor control y centralización en la toma de decisiones en materia científica.
Como resultado, se corre el riesgo de que haya una línea de hacia dónde debe dirigirse la ciencia y que ésta sea conformea las prioridades del gobierno y no lo que necesita el país; y en el tema de medio ambiente, por no ser una prioridad para el gobierno, que no haya líneas de investigación relacionadas con cambio climático o medio ambiente.
La extinción del INAI
La tercera iniciativa de ley fue presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles ante la Comisión Permanente del Congreso Mexicano y pretende extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y crear el Instituto de Transparencia Gubernamental.
La propuesta se ha presentado luego de que el Senado dejara inoperante al INAI al no nombrar al menos uno de los tres comisionados faltantes. Algo indispensable para que puedan sesionar y resolver asuntos relacionados con el acceso a la información.
Por su lado, el senador morenista Alejandro Armenta presentó una iniciativa que disolvía al INAI y le atribuía sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, pero esta fue retirada.
Rivas menciona que estas iniciativas se enmarcan en la pretensión de esta administración de realizar una reforma profunda al sistema de órganos constitucionales autónomos, y podrían significar la ruptura de la autonomía y la rendición de cuentas.
La función de contrapeso de organismos autónomos es indispensable, por ejemplo, para cumplir con el Acuerdo de Escazú, un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales, del cual México es firmante.
El cambio de paradigma
En general, el común denominador de estas iniciativas es la centralización de la toma de decisiones, rompiendo con los esfuerzos y la lógica anterior que era aumentar la participación social en la toma de decisiones, señala Cristina Rivas.
José Lara apuntó que los organismos entrarán a los ciclos políticos, lo cual es sumamente riesgoso, ya que los ciclos políticos responden a corto y mediano plazo, mientras que los problemas medioambientales son de mediano y largo plazo, de ahí la importancia de contar con instituciones que no estén vinculadas a estos ciclos pero que se están perdiendo.
Sin embargo, señala que por parte de la academia hay una oportunidad para buscar otras fuentes de incidencia y de financiamiento que no provengan del gobierno federal para la investigación y así continuar impulsando proyectos que ayuden a avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que México se ha comprometido en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.
Mientras que para Rivas, sin afán de defender las reformas, más allá de donde se encuentren las dependencias dentro del organigrama institucional, los desafíos en materia de medio ambiente dependen, sobre todo, de que haya presupuesto suficiente, voluntad y compromiso para cumplirlos y para generar alianzas por parte del gobierno federal.
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