Los humedales montañosos María Eugenia y La Kisst en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, empiezan a recibir la atención de las autoridades. Tras una defensa ambiental de más de 10 años llena de movilizaciones, burocracia, agresiones a ambientalistas de la región y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se publicó la declaratoria de Hábitat Crítico para su conservación.
A nivel nacional esta es la primera vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece un Hábitat Crítico que, a diferencia de otras formas de protección ambiental, se enfoca en emplear medidas urgentes para detener el daño.
“María Eugenia y La Kisst están en una situación de deterioro muy crítico. Reconocerlo como tal permite que ya no quede la ambigüedad de qué es y qué pasa. Que se intervenga de manera decidida para tipificar los diversos delitos ambientales”, explicó León Enrique Ávila, profesor de Desarrollo Sustentable y miembro del Consejo General de la Zona Sur y Los Humedales.
La principal amenaza, relata Ávila, es el desarrollo inmobiliario irregular. Lo que ha ocasionado daños y contaminación al ecosistema, en especial en las áreas bajas donde la pérdida de biodiversidad es del 60%.
Esto a pesar de que desde el 2005 María Eugenia y La Kisst fueron declarados como sitio Ramsar, conforme a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Además de ser áreas naturales protegidas por decretos estatales de 2008 y 2011.
Contrario a lo que se esperaba con estos títulos de protección, entre 2015 y 2018, las denuncias de habitantes y colectivos se incrementaron contra el ex presidente municipal Marco Antonio Cancino y el entonces gobernador Manuel Velasco, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes fueron señalados por permitir cambios en el uso de suelo, el relleno de humedales y la construcción de locales.
“Esto ha generado un problema legal que no se ha podido solucionar y que impidió el desalojo, impidió la salida de la gente que está en los humedales de montaña, personas que tienen casas en función de propiedad privada”, indicó Ávila.
Con la declaratoria de Hábitat Crítico, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de abril, la Semarnat indicó que no se permitirán construcciones de vivienda o de cualquier tipo de desarrollo inmobiliario.
Respecto a las áreas que ya se encuentran ocupadas, la dependencia señaló que “en caso de que la desocupación de dichas zonas sea material o jurídicamente imposible, los poseedores, propietarios, arrendatarios o habitantes de dichas zonas, se encontrarán afectados y limitados en sus derechos de propiedad… y no podrán en ningún caso contar con permisos o autorizaciones para realizar obras o acciones posteriores…”.
Contaminación en La Kisst y María Eugenia. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro.com
Acciones tardías y agresiones
A principios de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se involucró en la situación de los humedales María Eugenia y La Kisst. El 31 de enero de 2022, emitió una recomendación por la invasión, desmonte y relleno de las áreas naturales protegidas que afectan el derecho al medio ambiente sano.
La recomendación se dirige a la Semarnat, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al gobierno estatal de Chiapas y al municipio de San Cristóbal de las Casas.
“Lejos de emprenderse medidas en los tres ámbitos de gobierno para proteger, preservar y remediar tales ecosistemas complejos (incluso a pesar de su reconocimiento bajo normas internacionales), se ha acelerado el proceso de abandono”, señaló la CNDH.
En la recomendación también se incluye el listado de los más de 20 amparos realizados por quienes viven dentro de los humedales, cuyas resoluciones son a favor del quejoso.
“También lo que hicieron los propietarios de la zona fue vender ilegalmente y así se formaron varias colonias irregulares y esas colonias empezaron a rellenar, a construir y a contaminar con sus aguas residuales”, explicó Carlos Herrera, quien fue regidor municipal de 2015 a 2018.
“Durante estos años, (las autoridades) permitieron que se crearan grupos de choque que están relacionados en todos los problemas sociales y ambientales, y los siguen contratando para que los ambientalistas sean perseguidos”, agregó.
Respecto a la omisión de las autoridades, miembros del Consejo General de la Zona Sur y los Humedales informaron este año que en reunión con la Profepa, delegados reconocieron que se habían interpuesto más de 100 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas en los últimos cuatro años.
Entre las imputaciones destacan las agresiones contra defensores ambientales, pero no ha habido resoluciones por parte de la autoridad.
El ataque más reciente se registró el pasado 14 de abril, cuando los llamados grupos de choque, provenientes de la colonia Bienestar Social, evitaron la realización del acto para la declaración de Hábitat Crítico, donde participaría María Luisa Albores, titular de la Semarnat.
Antes de que la secretaria Albores llegara a la reunión, ambientalistas fueron golpeados y retenidos durante varias horas.
Foto: Nicolás Gómez de Consejo General de la Zona Sur y los Humedales.
Los futuros pasos
Tras la declaración de Hábitat Prioritario, las autoridades ambientales no han detallado cómo se implementarán las medidas de preservación. De acuerdo con lo estipulado en el DOF, se establecerán cuatro áreas específicas de atención.
La primera es de conservación prioritaria que representa al menos el 70% del polígono total, comprendida por las superficies que requerirán mayor protección y donde no habrá tolerancia para cualquier tipo de construcción o actividad humana.
En cuanto a la segunda área se contemplan acciones para la recuperación ambiental; en la tercera se permitirá el uso sustentable para turismo ecológico, concientización ambiental y la contención ante posibles extensiones de la mancha urbana.
“Lo que queríamos era que María Eugenia y La Kisst se convirtieran en una Reserva Federal, era algo que habíamos planteado hace siete años… Nosotros no hicimos el polígono, no nos consultaron para eso, pero es una respuesta que da el Estado mexicano y la vemos positiva, está bien que traten de hacer algo”, declaró Ávila.
Finalmente, la cuarta área del Hábitat Crítico es de restricción urbana, la cual representa a las zonas que ya han sido invadidas por las construcciones. En el DOF se detalla que actualmente están en litigio de recuperación, desocupación o desalojo, por lo que no podrá ser autorizada ninguna obra pública. Lo que para defensores ambientales en la región es sólo un primer paso.
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