A lo largo del estado de Yucatán decenas de bancos de materiales que son sitios donde se remueve piedra caliza, sascab y otros agregados, operan para abastecer la creciente industria de la construcción. Detrás de esta actividad, que alimenta carreteras, fraccionamientos y megaproyectos, hay una problemática que avanza y es la degradación ambiental, la transformación irreversible del territorio y, cada vez más, la resistencia comunitaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la zona metropolitana de Mérida duplicó su superficie urbanizada en dos décadas, pasando de poco más de 21 mil hectáreas en 2000 a más de 42 mil en 2020. Este crecimiento ha estado acompañado por más de 300 desarrollos inmobiliarios, principalmente hacia el norte del estado.
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) AMPI, Claudia Pérez Aguilar, indicó que estos 300 desarrollos inmobiliarios están activos, es decir, son casas, departamentos, oficinas o bodegas actualmente ocupadas, en venta o renta.
Los bancos de materiales suelen ocupan grandes extensiones. Foto: Patricio Eleisegui.
En agosto de 2023 había 203 proyectos recién construidos y en sólo un año se sumaron otros 100 más, de acuerdo con un registro de la AMPI.
Además de las construcciones de tipo residencial, el sector industrial actualmente se expande en la ciudad, sobre todo en la zona metropolitana que colinda con los municipios de Umán y Kanasín, a 30 minutos y 20 minutos de Mérida, respectivamente, sostuvo Pérez Aguilar.
Otro impacto del Tren Maya
Desde el inicio del proyecto del Tren Maya, en 2018, la extracción de material pétreo en la península de Yucatán se intensificó de forma acelerada. Tan solo de dicho periodo a 2025, se otorgaron más de 60 concesiones para bancos de material en comunidades mayas colindantes, lo que ha derivado en una problemática que hoy rebasa lo local y se configura como una crisis regional.
“Desde ese momento las personas denunciaron las afectaciones, principalmente explosiones”, explicó Alberto Velázquez.
A partir de entonces, las comunidades comenzaron a organizarse para visibilizar los impactos que hasta ahora no han recibido una respuesta integral por parte de las autoridades.
De acuerdo con Velázquez, las comunidades afectadas se concentran en una misma zona, particularmente al sur del área metropolitana de Mérida, donde la proliferación de bancos de material ha transformado el territorio.
“En los últimos años es impresionante la cantidad de volquetes que transportan material pétreo. Este crecimiento responde a una mayor demanda impulsada por proyectos de infraestructura, expansión urbana y desarrollos inmobiliarios”, señaló.
La extracción implica deforestación, erosión del suelo y posibles afectaciones al manto freático, ya que las excavaciones avanzan hasta encontrar agua. A esto se suman impactos directos en la calidad de vida y ya se encontraron viviendas con daños estructurales por las explosiones, contaminación del aire, ruido constante y estrés en la población, especialmente en niñas, niños y personas mayores.
Hay poblaciones muy cercanas a los bancos de materiales. Foto: Patricio Eleisegui.
En localidades como Ixil y Tepakán, se han documentado grietas en casas y techos debilitados. También se reporta afectación a fauna silvestre y, en algunos casos, daños al patrimonio biocultural, como cenotes y vestigios arqueológicos.
A pesar de la magnitud del problema, muchas de estas actividades operan sin procesos adecuados de consulta indígena.
“Ninguno de estos bancos tiene un proceso de consulta conforme al derecho de los pueblos”, señala Velázquez, lo que representa una violación a la libre determinación del pueblo maya.
Aunque algunas empresas cuentan con Manifestaciones de Impacto Ambiental, en la práctica se han documentado irregularidades como cambios de propietarios, ampliaciones no autorizadas y falta de supervisión estatal para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Frente a este escenario, comunidades de distintos municipios han comenzado a articularse en una red para exigir un alto a la expansión de la minería no metálica. Entre sus principales demandas están la cancelación de permisos, el reconocimiento de la problemática como una emergencia socioambiental y la reparación de daños.
En algunos casos, personas defensoras del territorio han sido denunciadas por empresas extractivas, lo que añade un componente de riesgo a la defensa comunitaria.
“Lo que están diciendo es claro y dicen ya no queremos minería y queremos que se respete nuestra voz”, concluye Velázquez.
Registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) muestran decenas de proyectos de extracción con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), especialmente en municipios como Umán, Conkal, Kanasín y Hunucmá.
En Conkal, el crecimiento inmobiliario ha avanzado a la par de bancos de extracción cercanos a zonas habitacionales. En Umán, uno de los principales polos industriales, operan bancos de sascab vinculados a infraestructura y parques industriales. En Kanasín, la expansión urbana ocurre junto a zonas extractivas donde la regulación es más débil. Y en Hunucmá, la presión sobre el territorio se cruza con actividades industriales y turísticas.
Las MIAs reconocen impactos como la remoción de selva baja, emisión de polvo, ruido, alteración del relieve y posibles riesgos para el acuífero, uno de los sistemas más frágiles de la península.
Las empresas suelen llegar hasta "la vena", es decir, cuando tocan agua. Foto: Patricio Eleisegui.
El territorio responde
Frente a este contexto, comunidades mayas de comisarías de Mérida y Umán anunciaron la conformación de una Red de Pueblos contra la Minería, con el objetivo de denunciar y enfrentar los impactos socioambientales de los bancos de material pétreo.
Entre los pueblos que integran esta red se encuentran Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc-ac, Cheuman, Petecbiltun y Texán Cámara.
Las comunidades señalaron que estas actividades extractivas han generado daños ambientales, afectaciones a la salud y riesgos para la seguridad.
Quienes habitan en estos territorios denuncian explosiones constantes que generan miedo, especialmente en niñas y niños, polvo suspendido que afecta la salud, tránsito permanente de volquetes que pone en riesgo la movilidad, daños estructurales en viviendas por detonaciones.
A esto se suma la tala de monte, el desplazamiento de fauna y posibles afectaciones al patrimonio arqueológico, como en el caso de Yaxcopoil.
La Profepa enfrenta restricciones operativas para supervisar amplias zonas, lo que ha derivado en denuncias por bancos en operación sin permisos visibles o sin cumplir condicionantes ambientales.
Hay decenas de proyectos de este tipo en Yucatán. Foto: Patricio Eleisegui.
Una deuda ambiental y social
Las MIAs establecen que los bancos de materiales deben contar con planes de cierre y restauración. En la práctica, muchos quedan abandonados, convertidos en pasivos ambientales.
Ante ello, los pueblos mayas han elevado sus exigencias:
Detener la autorización de nuevos proyectos extractivos
Reconocer la emergencia socioambiental en la región
Garantizar la reparación integral de los daños
Atender afectaciones a la salud
Reparar viviendas dañadas
Restaurar monte, aire y agua
Respetar la autonomía y libre determinación
“Como pueblo maya ya hemos decidido que no queremos minería en nuestro territorio”, concluyó Rosario Cú, habitante de una de las comunidades afectadas.
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