A un mes del asesinato del defensor ambiental Jesús Bañuelos Acevedo, de 50 años, las lonas de clausurado de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proespa) impiden oficialmente el paso al basurero de Atitalaquia, Hidalgo.
Lo que había sido sólo una suspensión temporal, como aclaró la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un comunicado, el viernes 22 de julio se anunció de manera oficial como una clausura.
Actualmente se realizan estudios técnicos de aire, suelo y agua para evaluar los riesgos de contaminación. Tanto por los meses de actividad que tuvo el relleno sanitario como por los riesgos ante la actividad industrial en la zona.
Esta ha sido una de las principales peticiones de los grupos ambientalistas: que se reparen los daños.
“Sabemos que esto no va a recuperar a nuestro compañero Chuy, pero al menos que se repare el lugar. Atitalaquia ya no resiste más contaminación”, apuntó Oscar García Cervantes, profesor de licenciatura e integrante del movimiento No al Basurero de Atitalaquia.
En tanto, la investigación del homicidio de Jesús Bañuelos y la agresión a dos compañeros más a manos de un grupo armado la madrugada del 20 de junio no tiene avances.
El profesor Oscar, de 62 años, quien es uno de los compañeros que se encontraba con Jesús cuando ocurrió el atentado en el plantón a las afueras del relleno sanitario, también continúa sin medidas de protección.
Clausura temporal del basurero de Atitalaquia el 21 de junio. Foto: Profepa.
350 toneladas por día
La defensa que hoy se opone al basurero de Atitalaquia cobró fuerza en enero pasado. La mayoría de sus integrantes son vecinos de la localidad El Cardonal, quienes vieron la noticia de la inauguración del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (nombre oficial) como un golpe más de la crisis de contaminación que viven.
Atitalaquia es un municipio pequeño al sur de Hidalgo, pero tiene una documentación de más de 40 años como emergencia ambiental.
Su cercanía con la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tula; la refinería Miguel Hidalgo de Petróleos Mexicanos (Pemex); las plantas cementeras que incineran residuos; y las fábricas de alimentos y plásticos en el corredor industrial es el resumen de la causa.
Por ejemplo, el investigador Benjamín Ortíz-Espejel expuso que la termoeléctrica y la refinería son las industrias que más descargan aguas residuales en el sistema hidrológico de la región Atitalaquia-Tula-Apaxco. Propiciando la contaminación de los mantos freáticos que alimentan los pozos de agua potable.
“Son regiones llamadas infiernos ambientales, resultado del modelo neoliberal, de la gestión industrial totalmente desordenada y de la falta de cuidado al derecho fundamental que es el medio ambiente saludable”, explicó María Elena Álvarez Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante un seminario para abordar la problemática en 2021.
Sin embargo, ese mismo año se otorgó la licencia de funcionamiento a la empresa Ecological Solution México (Esmex) para el manejo de residuos en el basurero de Atitalaquia y en enero pasado se realizó la inauguración encabezada por Omar Fayad, gobernador de Hidalgo.
Los cuatro meses que estuvo en funcionamiento recibió más de 350 toneladas de residuos al día proveniente de nueve municipios: Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Mixquiahuala, Tepetitlán, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula.
Durante ese mismo periodo, el movimiento No al Basurero de Atitalaquia realizó manifestaciones, cierre de carreteras, campañas informativas y solicitudes de reuniones con autoridades.
Al no obtener respuesta, el 13 de mayo decidieron hacer un plantón definitivo afuera del basurero, hasta que ocurrió el asesinato el 20 de junio.
“En ningún momento se socializó el proyecto, tampoco existía la información para dar certeza legal y científica de que ese basurero opera de manera adecuada. Incluso se solicitó vía transparencia pero ha sido negada desde el primer momento. Sabíamos que había un contrato de concesión, pero no tuvimos una Manifestación de Impacto Ambiental”, declaró en entrevista Jesús Eduardo García, representante legal del movimiento.
Manifestación afuera de Palacio Nacional en abril. Foto: Movimiento No al Basurero de Atitalaquia.
Entre un juicio político
Al profesor Oscar le ha quedado un temblor en la mano derecha. Como si estuviera nervioso todo el tiempo. Durante la entrevista reconoce que lo está, le cuesta recordar lo ocurrido, le preocupa su familia y, a la vez, afirma que se niega a vivir con miedo.
“Tengo un sentimiento encontrado de que horas antes de aquella noche platicaba con Chuy sobre cuándo se iba a terminar esto. Y al siguiente día, después de su muerte, vino la Profepa y cerró el basurero”, describe.
La única reunión que considera ha resultado eficiente hasta el momento es con la Semarnat para sentar las bases de los estudios ambientales. Pero el proceso apenas va iniciando.
El pasado 25 de julio, tres días después de la clausura del basurero, el movimiento No al Basurero de Atitalaquia organizó un mitin afuera de Palacio Municipal para retirar un plantón que se encontraba desde el 26 de mayo, así como informar los avances de las últimas semanas.
El levantamiento es parte de un acuerdo establecido con las autoridades tras el cumplimiento de las primeras peticiones.
“No estamos conformes, pero dimos nuestra palabra si se cubrían ciertas cosas nos levantábamos de este edificio (Palacio Municipal), el cual pasará a la historia por nuestra lucha”, afirmó uno de los ponentes.
Respecto a los estudios ambientales en los que se ha trabajado están los recorridos hechos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que colocará monitores de aire, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que levantó puntos de muestreo del agua.
Además, en los próximos días se tiene agendada una reunión con el Ayuntamiento para presentar un proyecto de recolección de basura, así como trabajar en un programa de reforestación con flora de la zona como huizache, mezquite y maguey.
Respecto a Jesús Bañuelos, el movimiento insistió que seguirá la presión a las autoridades para dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio.
Mientras tanto, sigue una denuncia de juicio político contra integrantes del ayuntamiento de Atitalaquia ante el Congreso del Estado de Hidalgo.
“La intención de esta denuncia de juicio político es la destitución y, en su momento, la inhabilitación de los integrantes del Ayuntamiento de Atitalaquia por violaciones graves que atentan contra garantías individuales y sociales planteadas (por los manifestantes)”, explicó Jesús Eduardo García, que desde la parte legal espera puedan usar todos los recursos para conseguir justicia.
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