Un gasoducto, una planta de licuefacción de gas fósil y una plataforma flotante amenazan con instalarse en la costa de Guaymas, Sonora, en el noroeste de México para exportar gas a Asia en buques metaneros a través del Golfo de California.
“Es muy similar a Saguaro, tiene algunas diferencias, por ejemplo, la característica de ser una planta flotante y que es un menor volumen de gas el que se pretende licuar, pero al fin y al cabo es un proyecto que tiene la misma lógica de sacar a través de México el excedente de gas que tiene Estados Unidos”, explicó Claudia Campero, coordinadora de justicia climática en la organización Conexiones Climáticas.
Para la construcción y operación del proyecto, la empresa Amigo LNG necesita la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin embargo, Cecilia García, integrante de Es Gas Fósil, una campaña que busca difundir información sobre los proyectos de gas, denunció que durante este proceso se ha violentado el derecho al acceso a la información y a la participación de las comunidades locales.
Sin información no hay participación
El proyecto Terminal de licuefacción y almacenamiento LNG Amigo ingresó a Evaluación de Impacto Ambiental para obtener la autorización de la Semarnat en noviembre de 2025. En ese momento, Conexiones Climáticas solicitó que se hiciera pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que es el documento donde se evalúan los daños potenciales y las medidas de prevención del proyecto, pero les fue negado el documento.
Debido a varias peticiones recibidas y después de posponer en varias ocasiones, el 12 de febrero de 2026, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), un órgano desconcentrado de la Semarnat que se encarga de regular y supervisar proyectos del sector hidrocarburos, anunció la apertura de la consulta pública para este proyecto.
En ese momento, la autoridad hizo pública la MIA y dio un plazo de 20 días para que la población revisara el documento y emitiera propuestas de medidas de prevención y mitigación, así como observaciones al proyecto vía correo electrónico.
“Se abrió un espacio muy acotado para participar en la consulta pública y con un formato muy reducido. Era importante participar para mostrar nuestro desacuerdo, pero queremos hacer énfasis en que ese formato de participación es insuficiente y no es una participación significativa”, señaló Campero.
Tanto García como Campero coinciden en que la población de Guaymas no ha tenido acceso a más información del proyecto que la expuesta en la MIA, que además está incompleta.
“En la MIA no hay información suficiente porque toda está tapada. Hay páginas completas que no se pueden leer, lo que contraviene nuestro derecho de participación y nuestro derecho de acceso a la información. Esa es la primera violación de los derechos con este proyecto”, denunció García.
Añadió que también se vulnera el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional del que México es firmante mediante el cual se compromete a garantizar el acceso a la información y a la participación ante proyectos que puedan atentar contra los derechos humanos ambientales.
Una información vital que no ha sido proporcionada es la ubicación donde se instalaría el proyecto y por dónde pasaría el gasoducto, para analizar su cercanía con el puerto y la población.
Actualmente el proyecto continúa en evaluación por parte de la ASEA y en cualquier momento podría emitir la resolución que lo autorice —con o sin condicionantes—, que lo rechace o incluso no resolverlo por un tiempo prolongado.
“Desde la perspectiva de la autoridad lo más fácil es no conceder la autorización porque así la empresa no tiene herramientas para reclamar nada, entonces sería buenísimo que no prospere esa autorización. No hay manera de hacer este proyecto, no hay forma de que sea un buen proyecto, y no se debe de llevar a cabo”, señaló Campero.
Principales irregularidades e impactos
El proyecto pretende recibir gas excedente del estado de Texas, Estados Unidos para, en la planta de Guaymas, convertirlo a un estado líquido, reducir su volumen, hacerlo más manipulable y meterlo en buques metaneros.
“El gas tiene consecuencias en todo su ciclo de vida, porque el gas genera daños desde su extracción, que es principalmente con fracking; en su procesamiento, cuando se quema es sumamente contaminante y genera daños a la salud; en su trayecto en los buques metaneros tendría muchas consecuencias para el ecosistema en general del Golfo de California; y cuando llega a Asia genera contaminación porque ahí se quema el resto del gas, además de las fugas que puede haber en toda esta cadena”, explicó Campero.
Colateralmente el proyecto tendría impacto en las actividades económicas relacionadas con la biodiversidad como la pesca ribereña y el turismo, que sostienen a muchas familias en el Golfo de California, de acuerdo con García.
La mayor irregularidad detectada en la MIA del proyecto es que no está clara la infraestructura que va a requerir para transportar el gas desde Texas a México.
El documento dice que se utilizará un gasoducto ya existente que se ubica por Sásabe, una comunidad fronteriza en Sonora que colinda con Arizona, Estados Unidos. Mientras que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró durante una conferencia de prensa que utilizaría el gasoducto que entra por el municipio de Naco, Sonora y que llega a Hermosillo, por lo que se requeriría una ampliación para hacerlo llegar hasta Guaymas.
“Las cuentas de la capacidad de los gasoductos con la demanda de gas que ya existe en la región pone en duda que esto sea viable. El gasoducto del que habla la presidenta es muy pequeño, y el de Sásabe ya tiene varias demandas de uso. Incluso sumando los dos gasoductos, no reúne el volumen que requiere la planta”, explicó Campero.
Esto podría significar la posibilidad de la construcción de un nuevo gasoducto con un mayor diámetro, lo cual representaría un mayor impacto ambiental y una incongruencia, ya que se supone que el Gobierno federal está intentando eliminar los combustibles fósiles, añadió Campero.
De acuerdo con García, estos proyectos solo responden a la necesidad de Estados Unidos de comercializar su gas excedente, mientras que México pone el territorio para procesarlo y se queda con los impactos.
“Estados Unidos busca vender su gas a otros países utilizando el territorio mexicano, impactando a las comunidades, a los ecosistemas y poniendo en riesgo el propio suministro, porque los gasoductos por donde quieren pasar el gas son los que mantienen con electricidad el noroeste de México. Es un conflicto a todas luces, no hay beneficio”, señaló García.
“Para nosotros es muy importante destacar que este no es un proyecto al que tenemos que decir cuáles son las alternativas. ¿Por qué? Porque este proyecto no responde a una necesidad local, responde a una necesidad de fuera y trae perjuicios locales. La energía que se generaría con ese gas se generaría del otro lado del mundo”, añadió Campero.
El futuro de los proyectos gasíferos
Como Amigo GNL, hay otros proyectos en el noroeste de México como Saguaro en Puerto Libertad, Sonora y Vista Pacífico en Topolobampo, Sinaloa que buscaban autorizaciones para instalarse en las costas del Golfo de California con el mismo objetivo: licuar gas y llevarlo a Asia en buques.
En el caso de Vista Pacífico, la empresa lanzó un comunicado en marzo de 2026 anunciando la cancelación del proyecto, sin embargo, las organizaciones están a la espera de que sea la Semarnat quien emita un documento que confirme esto para que sea oficial.
Mientras que Saguaro es actualmente un proyecto muy inestable, según Campero, ya que no cuenta aún con la inversión que necesita para operar y la empresa ha cambiado de dueño y de dirección.
En la zona también se encuentra otra amenaza para las comunidades y la biodiversidad: la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), un megaproyecto que desde hace 10 años busca instalarse en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, para exportar este gas tóxico a través de buques.
Durante 2025 avanzó en su construcción y ha sido fuertemente cuestionado por parte de la comunidad indígena mayo yoreme de la región quienes argumentan que también hubo irregularidades durante el proceso de consulta ciudadana, y buscan su cancelación.
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