Una buena reforma eléctrica debe considerar el impacto ambiental y evitar el despojo de comunidades: CEMDA

No era necesaria una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Se han visto áreas de oportunidad, pero no en el sentido en el que se ha propuesto: relegando el uso de energías renovables en detrimento del medio ambiente, indica Anaid Velasco, Coordinadora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Apenas el pasado 2 de marzo, el Senado de la República aprobó, con 68 votos a favor y 58 en contra, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tan solo veinte días después ya acumulaba 12 suspensiones definitivas de los 33 amparos admitidos.

“Si bien la controversia constitucional se basa en la competencia económica, hay bastantes argumentos desde el punto de vista ambiental y de derechos humanos que creemos que indican una pauta para lograr una sentencia definitiva que corrobore que la reforma a la LIE no es la mejor opción”, señala Anaid Velasco.

¿Por qué no es la mejor opción? El propósito de la llamada “Ley Combustóleo” es eliminar el criterio económico para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dé prioridad a sus propias centrales sobre las privadas de renovables y de ciclo combinado. El principal inconveniente es que incluye dar preferencia a las plantas termoeléctricas donde se utilizan fuentes fósiles que van desde el carbón hasta el combustóleo.

Para los defensores de la reforma representa mantener la soberanía energética. De acuerdo con el presidente López Obrador ayudará a establecer orden en el sistema eléctrico nacional evitando abusos de empresas particulares nacionales y extranjeras que también están en el mercado.

Mientras que los especialistas en contra de las modificaciones señalan que la reforma eléctrica llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles extranjeras como el gas y obsoletas como el combustóleo y el carbón.

Esto se traduce en afectaciones al medio ambiente y la salud, principalmente. Anaid Velasco lo explica así:

“Lo que se está haciendo al generar energía eléctrica a través de fuentes fósiles es que habrá más emisiones. Por un lado, más gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y, por otro lado, gases que les llamamos contaminantes criterio que se miden en función de la salud de las personas”.

La quema de combustibles ocasiona la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente en aquellos con alta concentración de contaminantes, como el azufre que se produce por el combustóleo. A su vez, pueden agudizar padecimientos en personas asmáticas, reincidencia en ataques, problemas de movilidad, entre otros que deterioran la calidad de vida.

Esto ocurre en la Termoeléctrica de Tula, Hidalgo, donde las emisiones de dióxido de azufre y carbono negro por la quema de combustóleo afectan la salud de 22 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con información de Greenpeace.

Ni con los privados ni con la reforma

Para Anaid Velasco, el debate alrededor de la reforma eléctrica se complica debido a opiniones polarizadas. “Esta división de que si no estás de acuerdo en favorecer la soberanía energética entonces estás en favor del despojo de los privados. El gobierno ha sido poco responsable al dividir la opinión pública”, afirma.

Y agrega que, aunque la reforma no debe basarse en el rechazo de las energías renovables, también hay áreas de oportunidad en las que puede trabajar para reforzar la industria eléctrica desde la sustentabilidad.

Una de estas áreas de mejora, señala Velasco, está relacionada con las violaciones a derechos humanos de poblaciones indígenas, las cuales han sido desplazadas por megaproyectos de energías renovables.

Parte de dichos proyectos requiere de extensiones de tierra para construir grandes parques eólicos o granjas solares. Sin embargo, desde sexenios anteriores se documentan disputas con comunidades locales por el uso del territorio y sus recursos naturales, llevando incluso al desplazamiento forzado.

Por ejemplo, desde 1994, en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca se comenzó a trabajar la llegada de parques eólicos en la comunidad de La Venta, municipio de Juchitán, debido a la calidad de viento en la zona.

El proyecto se canceló en 2013 debido a un amparo de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Pero en 2015, la empresa Eólica del Sur buscó instalarlo en la comunidad de San Dionisio del Mar.

Hasta 2017, en cinco municipios de Oaxaca se tenía registro de 27 parques eólicos con más de mil 500 aerogeneradores. Esta es una de las zonas del país con más denuncias por despojos debido a dichos proyectos.

“En este sentido, la LIE trae herramientas que en su momento intentaron mitigar estos daños sociales […] se incluyó en la evaluación del impacto para hacer la consulta libre, previa e informada en las comunidades indígenas, sin embargo, presenta áreas de mejora. Por ejemplo, se ha hablado que no basta con la consulta, tienes que llegar al consentimiento de la comunidad. Eso es un tema pendiente”, explica Velasco.

Además, agrega que se puede realizar una mejor evaluación ambiental como instrumento desde la planeación del sistema eléctrico nacional. Esto servirá para que puedan detectar las repercusiones socio ambientales al tener estos parques eólicos o paneles solares.

“CFE tendría que estar siendo proactiva para fortalecer la soberanía energética. Nosotros (CEMDA) no cuestionamos ese argumento. Pero tendría que serlo a partir de fuentes renovales […] nos interesa comunicar que este gobierno podría estar generando energía renovable, no es que solo los privados lo hagan, el gobierno también podría”, comenta la Coordinadora de Investigación.

Considera que, ante la riqueza de recursos naturales en México, la CFE tendría que dar prioridad a invertir en infraestructura de distribución y transmisión de energía mientras se respetan las causas ambientales y los derechos humanos, sin depender de combustibles fósiles.

“Estamos regresando a un escenario de hace 20 años donde apenas se estaba incentivando las acciones de transición energética, pero con la diferencia de que ahora tenemos más daños ambientales. Una parte positiva es que, al parecer, los jueces están siendo bastante receptivos a los argumentos de derechos humanos y causas ambientales, pero eso es lo triste, tener que llegar hasta un juez”, concluye.