“No estamos de acuerdo en que la minería a cielo abierto se siga implementando en nuestro país”, declara Felipe Pinedo, habitante de Mazapil, en Zacatecas, donde la mina Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, se dedica a la extracción de oro desde 2006.
Felipe viajó desde Mazapil hasta la Ciudad de México para participar en la conferencia de prensa organizada por Cambiémosla Ya, una colectiva de defensores ambientales y académicos que promueven la prohibición de la minería a cielo abierto.
El pasado agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados anunció que se discutirá la reforma en la materia. Fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero como parte de un paquete de 20 reformas constitucionales.
En la conferencia también se encuentraban Rogelio Varela, habitante del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde operó la minera San Xavier durante 15 años, y Martha Patricia Velarde, pobladora de Cananea, Sonora, donde se dio el derrame de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en 2014.
Todos concuerdan que la prohibición debe aprobarse.
“Zacatecas es un estado que creció con la minería, pero es una minería muy agresiva”, señaló Felipe Pinedo, tras enumerar una serie de afectaciones documentadas desde la instalación de la mina. La devastación ambiental, el acaparamiento del agua, los empleos mal pagados y la criminalización de quienes se oponen a la actividad son algunas de éstas.
Aunque la prohibición no contempla el cierre de las minas a cielo abierto que actualmente están en operación, en las últimas semanas la Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa y representa los intereses de la industria de la minería, ha manifestado su oposición a la propuesta.
“De ser aprobada en ambas Cámaras (Diputados y Senadores), tendrá consecuencias devastadoras para el desarrollo y estabilidad económica de México”, señaló la Camimex en un comunicado el pasado 14 de agosto.
Entre los argumentos sobre las consecuencias de aprobar la ley, los empresarios enlistaron la pérdida de empleos formales, el impacto a los índices de desarrollo de más de 690 comunidades del país y la contracción económica en el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional.
Sin embargo, habitantes de estas regiones mineras y académicos verificaron dicha información y presentaron la contraparte de las cifras.
Felipe Pinedo, habitante de Mazapil; Rogelio Varela, habitante de Cerro de San Pedro; Dolores Rojas, Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll; Beatriz Olivera, directora de Engenera A.C. Foto: Cambiémosla Ya.
Lo llaman desarrollo
Ante las declaraciones de la Camimex sobre su aporte del 2.5% hasta 4.3% al PIB nacional, Beatriz Olivera, directora de Engenera A.C. y parte de Cambiémosla Ya, señaló que es importante “no inflar las cifras”.
“El PIB minero, tal como lo establece el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), se compone de tres actividades. Una de ellas es la minería de metales metálicos y no metálicos, otra es la extracción de petróleo y gas, y otra más es la relacionada con los servicios”, explicó Olivera.
La minería de metales es la vinculada a la minería de cielo abierto y de ésta se extrae oro, plata y cobre. De acuerdo con Olivera, si en las estimaciones del PIB sólo se considera la minería a cielo abierto, el porcentaje de contribución del indicador desciende a 1.02%.
Además del PIB, la Camimex ha insisto en la pérdida de más de 1 millón de empleos formales. También han compartido que el 60% de la minería formal ha sido a cielo abierto, generando 200 mil empleos directos y 1.5 millones indirectos.
“Lamentablemente, la Camimex nunca ha publicado la metodología para estimar esto”, apuntó Isidro Téllez, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante su participación en la conferencia de prensa.
Téllez, junto con otros investigadores del Instituto de Geografía, ha revisado fuentes oficiales como los Anuarios Estadísticos de la Minería del Servicio Geológico Mexicano y los Censos Económicos para evaluar los empleos generados por la minería.
Algunos de los hallazgos más relevantes vinculados a la minería de metales son que ha ofrecido dos de cada 100 empleos a nivel nacional en las últimas dos décadas. Asimismo el trabajador minero mexicano percibe un salario nueve veces menor que sus pares en Canadá y que la rama de metales preciosos cuenta con la mayor proporción de trabajadores subcontratados (70%).
“El empleo resulta un elemento por el cual muchas comunidades han aceptado y podrían seguir aceptando este tipo de minería, por eso es muy importante entender que hay gente que no rechaza la minería y la acepta por el empleo. Hay zonas en las que no existe otra forma de trabajo más que esta. Hay que entender esta particularidad y, por lo mismo, hay que desagregar la información que se tiene sobre la variable: cuántos puestos de trabajo genera, de qué tipo son, bajo qué mecanismos de contratación están”, explicó el investigador Téllez.
Hechos ambientales
Ante la propuesta de prohibición, la Camimex ha declarado que sería mejor construir un marco normativo que concilie este tipo de minería con el medio ambiente. Sin embargo, para la minería a cielo abierto se necesitan explosiones hasta la roca madre, lo que acaba toda la cubierta vegetal del sitio.
Además, en la extracción se acumulan pilas de lixiviaciones (sustracción de sustancias de un sólido) rociadas por químicos como el cianuro, plomo, mercurio, entre otros dañinos para la salud, y para el procesamiento se utiliza agua. Esto último ha sido lo más criticado debido a la sobreexplotación y la contaminación que genera.
“En el caso del cobre se usan mil 500 litros de agua por cada tonelada. En su último informe, Grupo México dijo que la mina Buenavista del Cobre tuvo una producción de 874 mil toneladas anuales, lo que se traduce en mil 311 millones de agua por una sola mina. Esto sería el abasto de 35 mil personas”, explicó Carla Flores, investigadora de CartoCrítica, una organización dedicada a la información socioambiental georreferenciada.
De acuerdo con Flores, durante la minería a cielo abierto se forman represas con todas las soluciones tóxicas que terminan derramándose en cuerpos de agua cercanos. “Son albercas gigantes con estos residuos tóxicos, como la de Cananea de hasta 3 mil 300 hectáreas que sería toda la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México“, señaló la investigadora.
En la conferencia, Martha Patricia Velarde, pobladora de Cananea, compartió su testimonio sobre la vida tras el derrame de la mina Buenavista del Cobre ocurrido en el río Sonora hace 10 años.
“La contaminación en Cananea es espantosa. Imaginen todo lo que utiliza la minería, lo respiran las personas. Hay evidencia científica a los efectos de la salud, sobre todo cáncer, porque es muy común ver en Cananea y toda la cuenca del río Sonora (las enfermedades). Mucho más en estos 11 años sin un plan de manejo de residuos tóxicos”, dijo Velarde.
Países como Turquía, Alemania, Australia y Costa Rica han prohibido la minería a cielo abierto. Foto: Pexels.
Aunque las discusiones sobre la minería a cielo abierto aún no pasan de la Cámara de Diputados, México podría sumarse a países como Turquía, Alemania, Australia, Costa Rica y diversos estados de Estados Unidos que han prohibido esta práctica.
Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum compartió desde marzo sus 100 compromisos de gobierno. El número 87 indica que “no se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto. Se evaluarán aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales”.
Para las comunidades de Zacatecas, Sonora y San Luis Potosí, que durante décadas han vivido los impactos de la minería a cielo abierto, esto representa un avance. Sin embargo, señalan que se requiere más para alcanzar cambios significativos.
“A las comunidades nos toca seguir resistiendo, seguir luchando, porque somos los que estamos padeciendo la contaminación diariamente, los que padecemos que no haya agua, y a los que nos criminalizan y nos avientan a la policía y al crimen organizado para que no sigamos protestando”, dijo Felipe Pinedo.
El defensor propone que además de la Ley Minera, se revise la Ley Nacional de Aguas y la Ley Agraria que también han permitido que las actividades extractivas continúen.
“No solamente buscamos la remediación, además de la justicia, nosotros estamos pidiendo garantías de no repetición. Pero con las amenazas latentes lo vemos remoto y yo creo que esa es una de las razones de no sentar precedentes sobre remediar a las comunidades que sufren los atropellos de estas mineras”, agregó Martha Patricia Velarde.
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