“Aquí no” es el nombre con el que integrantes de la etnia mayo o yoreme, que radica en el norte de Sinaloa, han llamado al movimiento de oposición contra el proyecto para producir amoniaco al pie de la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome.
El proyecto de la compañía Gas y Petroquímica de Occidente S. A. de C. V., que comenzó a gestarse desde 2008, consiste en la instalación de una planta de producción de 2,200 toneladas diarias de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes, en una primera etapa.
En la segunda etapa se pretende instalar otra planta para duplicar la producción de amoniaco y, en una tercera, una más para la producción de metanol, según información de la propia empresa.
Dicho proyecto, autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2014, impacta directamente los modos de vida y el ecosistema de las comunidades aledañas a la laguna costera, aseguró Claudia Quintero Sandoval, líder indígena de la localidad de Ohuira.
La opositora afirmó que se afecta directamente a más de 4,500 pescadores. Ahí trabajan una decena de cooperativas, integradas en dos federaciones pesqueras: Siglo 21 y Norte de Sinaloa-Sur de Sonora.
Foto: Colectivo Aquí No
Se aprovechan especies como la almeja chocolata, almeja china, pata de mula, pargo, camarón, entre otras. De esta actividad depende la subsistencia de la mayoría de los pobladores que viven en la zona.
Además, la bahía es considerada un sitio sagrado para las comunidades indígenas, con más de 10 centros ceremoniales.
“El gobierno de Sinaloa está otorgando facilidades para este proyecto”, indicó la compañía en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada en 2013. La instalación de estas plantas contempla una inversión general de 5 mil millones de dólares, con un monto inicial para la primera etapa de mil 250 millones de dólares.
Se busca aprovechar la cercanía con el puerto de Topolobampo para la comercialización del amoniaco. Incluso, la MIA expone que se tuvieron acercamientos con la paraestatal Pemex, cuya planta se ubica a un costado, para explorar la posibilidad de compartir su corredor de ductos.
Gas y Petroquímica de Occidente fue constituida en noviembre de 2013, según consta en el acta constitutiva del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPC), con acciones de las empresas Petro Pinsa S.A de C.V, del empresario sinaloense José Eduvigildo Carranza Beltrán, y de Mexkc S.A de C.V, del alemán David Joseph Cassidy.
Desde la autorización del proyecto, la compañía no ha avanzado en la construcción debido a una oleada de amparos y denuncias. Lo que está en puerta es una consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de amparar en abril de 2022 a la comunidad mayo o yoreme de Lázaro Cárdenas, ubicada a 7.5 kilómetros del terreno de la planta.
Foto: Colectivo Aquí No
Autorización de Semarnat y la batalla legal
Para las comunidades, el meollo está en la autorización por parte de la Semarnat sin haber realizado una consulta indígena libre e informada, a pesar de que se trata de actividades altamente riesgosas.
El 21 de febrero de 2014 la Dirección Regional Noreste y Alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió su opinión técnica con respecto al proyecto, a solicitud de la Semarnat.
El dictamen de la Dirección Regional consideró que el proyecto se encuentra dentro del polígono del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María, Topolobampo, Ohuira” y en la zona de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.
“Se recomienda que el proyecto no sea autorizado debido a que su desarrollo contravendría los numerales 4.5 y 4.16 de la Norma Oficial Mexicana 022-Semarnat-2003 (sobre humedales) y la Ley General de Vida Silvestre”.
Sin embargo, el 14 de abril del mismo año, la oficina central de la Conanp emitió un nuevo documento donde se alega que el proyecto es técnicamente viable con la realización de algunos estudios de monitoreo, se lee en el documento firmado por el entonces comisionado nacional Luis Fueyo Mac Donald.
Con la venia de la oficina nacional de la Conanp, la Semarnat autorizó el proyecto apenas una semana después, el 21 de abril de 2014, sin tomar en cuenta las consideraciones de la oficina regional.
Las comunidades de Ohuira y Lázaro Cárdenas recurrieron al recurso de amparo ante el Poder Judicial, donde afirmaron que los actos de autoridad de la Semarnat violentaron sus derechos como pueblos indígenas.
Ambos casos, tras pasar por varios procesos en juzgados y tribunales federales, fueron atraídos en 2021 por la SCJN.
En el caso de Lázaro Cárdenas, los indígenas reclamaron que la resolución de Semarnat podría tener impactos significativos en sus modos de vida y su entorno.
Como respuesta, la dependencia federal alegó que los quejosos no acreditaron ser indígenas, pues “no bastaba con llamarse indígenas”, y que no se demostró que pudieran verse afectados con la autorización.
Al respecto, la Segunda Sala consideró infundados los argumentos de Semarnat y expuso que la autoadscripción constituye el criterio fundamental y suficiente para determinar quiénes deben ser considerados integrantes de pueblos o comunidades indígenas, según se lee en la sentencia del expediente con número 498/2021.
Asimismo, refirió que el resolutivo de Semarnat, si bien reconoce que se trata de actividades altamente riesgosas, minimiza los posibles impactos en las comunidades indígenas.
Por tanto, la SCJN amparó a la comunidad de Lázaro Cárdenas para que no se les excluya ni se les prive de su derecho a emitir las opiniones a través de la consulta previa, libre e informada, respecto de la decisión de Semarnat que incide en su territorio y en los ecosistemas que ahí se encuentran.
En el caso de la comunidad de Ohuira, con el expediente 497/2021 está pendiente la resolución por parte de la Corte. Claudia Quinero, quien es parte de las y los quejosos, espera que dicha resolución vaya en el mismo sentido que la de la comunidad vecina, pues reclaman las mismas violaciones a sus derechos.
En cumplimiento de la sentencia del expediente 498/2021, la Secretaría de Gobernación informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que Semarnat y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) llevarán a cabo la Consulta Indígena, con apego al sistema normativo mayo, en comunidades ubicadas 45 kilómetros a la redonda, los días 9 y 10 de julio de 2022.
El 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una Consulta Pública (diferente al modelo de Consulta Indígena) también organizada por la Segob y el INPI, donde ganó el sí. Sin embargo, los opositores al proyecto desistieron de participar, al considerar que se trataba de un plebiscito “amañado”, expuso Rosendo Castro, del colectivo Aquí No.
Foto: colectivo Aquí No
Ecosistemas, en medio de la disputa
La principal preocupación de las comunidades indígenas y aliados son los recursos naturales, de los que dependen económicamente.
De acuerdo con el portal web de la Convención Ramsar, las Lagunas Santa María, Topolobampo y Ohuira son el hogar del 84% de las aves acuáticas migratorias distribuidas en México durante el invierno.
También refiere que el sistema funciona como un estabilizador de la costa al reducir la energía de escorrentía causada por las lluvias y la pesca es el uso más importante en la zona.
Diana Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional en Sinaloa, afirmó que es un proyecto inviable para un sistema lagunar con las características de Ohuira.
Ohuira, con una superficie de 12,500 hectáreas, es una laguna somera de máximo cinco metros de profundidad, con un flujo de agua lento, de manera que cualquier contaminante puede permanecer por mucho tiempo en este cuerpo de agua, explicó la bióloga.
A los alrededores de la laguna hay presencia de manglares, especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010, que funcionan como incubadoras de larvas de camarón, almejas, escamas, entre otros.
Para la académica uno de los principales riesgos para la población de camarón es una planta desaladora que se pretende instalar en el complejo, pues vertirá en la laguna agua caliente y salmuera, modificando así sus condiciones naturales.
“La laguna ya tiene impactos y se siguen incrementando en lugar de proteger, en beneficio de los pobladores locales”, dijo en entrevista con Periodismo CN.
Escobedo Urias también indicó que se trata de actividades que contradicen el Programa de Ordenamiento del Golfo de California, mismo que prevé para la zona únicamente actividades de pesca a pequeña escala.
“Prometen 140 empleos en una planta muy automatizada, contra el bienestar de casi 5,000 pescadores locales”, sostuvo.
La empresa también ocupa un predio perteneciente a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), del que afirma contar con la debida concesión. En este terreno, añadió la experta, se rellenaron marismas con material pétreo.
Organizaciones como el Consejo de Ecología, Presur A.C, y la Federación de Cooperativas Pesqueras “Pescadores Siglo 21”, emitieron un documento técnico con consideraciones sobre el proyecto.
El documento señala que las lagunas Santa María, Topolobampo y Ohuira son uno de los ambientes costeros de mayor productividad del Golfo de California, con base en estudios realizados en 1978 y 2003, pues se trata de una zona de cría, alimentación y refugio de especies económicamente relevantes, que sostienen no sólo las pesquerías tradicionales, sino también las de altamar.
Foto: colectivo Aquí No
En una modelación de posibles riesgos, las organizaciones también exponen que la dispersión de amoniaco durante cinco minutos, por la ruptura de un ducto, podría tener afectaciones letales inmediatas a 15.5 kilómetros a la redonda, pero la zona de toxicidad alcanzaría hasta a 400 mil personas, pues se extiende hasta la ciudad de Los Mochis.
En contraparte, Gas y Petroquímica de Occidente sostiene que se trata de un proyecto viable. En su portal web asegura que la planta se instalará en un terreno ya impactado, donde no había presencia de vegetación.
También alega que, con base en los estudios realizados en las inmediaciones de la planta, no existen las condiciones necesarias para el refugio de larvas de peces y crustáceos, motivo por el cual éstas no se verán afectadas.
A cambio, la compañía ofrece una serie de programas de monitoreo de agua y aire, conservación, reforestación y rescate de especies.
Los miembros del colectivo Aquí No dicen que no se oponen al desarrollo, pero piden a la empresa y el gobierno buscar otras opciones para instalar y operar el proyecto.
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