La lucha del pueblo maya de Homún avanza para proteger a los cenotes de Yucatán, en el sureste de México. Recientemente, el Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito reconoció que las autoridades municipales, estatales y federales han sido omisas en el cuidado de esos cuerpos de agua dulce y emitió una suspensión definitiva, para ordenarles actuar al respecto y suspender la instalación de nuevos megaproyectos en la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes.
La medida fue impuesta como parte del juicio de amparo promovido por el colectivo “Kanan Ts’ono’ot” (Guardianes de los cenotes), integrado por pobladoras y pobladores de Homún, motivados por el impacto ambiental de las megagranjas porcícolas.
“Nosotros creemos, sentimos, que los cenotes son sagrados, que tenemos mucho que aprender de ellos. Aunque no hablen, aunque no se muevan de lugar. Nos aportan beneficios, entonces nos preocupa que se contaminen. Pudiera parecer no tan importante, pero para nosotros lo es, como lo es la vida que tienen adentro, como lo hermoso que puedes mirar y sentir cuando estás dentro. Y nos desesperamos porque se están perdiendo esas creencias y por eso creemos que los que no lo saben, vienen e instalan cosas. Creen que solamente son socavones, agujeros que pueden aprovechar, contaminándolos con desechos, lastimando a nuestro pueblo en sí”, enfatizó Maribel Ek, una de las guardianas de los cenotes.
Una lucha de más de seis años
Desde que en el 2017 el pueblo de Homún se organizó para frenar las operaciones de la megagranja de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), instalada en ese municipio sin el consentimiento de la población, ha presentado al menos otros dos amparos, múltiples quejas, denuncias y demandas, ante instancias estatales y federales, sin obtener acciones efectivas para salvaguardar la integridad de los cenotes.
En febrero del 2022, “Kanan Ts’ono’ot” presentó una petición al Ayuntamiento de Homún, al gobierno del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Presidencia de la República, para considerar al Anillo de Cenotes como sujeto de derecho, y brindarle la guardianía de sus cuerpos de agua a las poblaciones mayas.
Pero transcurrió un año y ninguna de las instancias contestó la solicitud. Por ello, el pasado 2 de marzo el colectivo presentó la demanda de amparo.
“Nosotros vamos luchando desde hace más de seis años en contra de estas mega fábricas de cerdos, y lo que nosotros hemos podido aprender durante el camino es que las autoridades ambientales estatales y federales hicieron caso omiso de todo lo que nosotros pedíamos. Entonces si nosotros no los cuidamos, nadie los va a cuidar”, sostuvo José May, integrante de "Kanan Ts’ono’ot”.
El 6 de marzo, el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión provisional aplicando el ‘principio precautorio’ del derecho en materia ambiental. Kanan Ts’ono’ot y su asesora legal, Lourdes Medina, aportaron informes técnicos ambientales, antropológicos e históricos para sostener sus señalamientos respecto al impacto ambiental que supondría la operación de megaproyectos en la Reserva.
También las autoridades de los tres niveles de gobierno presentaron sus alegatos, y tras escucharlos, el Juzgado ratificó la medida cautelar que había impuesto. Así, el 29 de mayo emitió una suspensión definitiva.
Gracias a eso, no se podrán establecer nuevos megaproyectos en la Reserva en tanto concluye el juicio de amparo. Y las empresas que ya se establecieron e iniciaron funciones, deberán implementar acciones para proteger, restaurar o evitar daños.
“En su resolución, el Juzgado admite que las omisiones en las que han recaído las autoridades responsables de todos los niveles, han puesto en riesgo al Anillo de los Cenotes y por lo tanto, su deber es actuar. Ahora tienen que hacer programas o prácticas públicas visibles, empezando por responder a la petición realizada en febrero del año pasado por Kanan Ts’ono’ot, implementando acciones positivas para conservar y proteger esta Reserva de diversos mega proyectos”, precisó la abogada.
De igual forma, se especifica que la demora de las autoridades en responder a las peticiones del pueblo maya ponen en peligro el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, así como el principio precautorio.
También se señala que el uso intensivo y a gran escala de megaproyectos, como los de la industria porcícola, los monocultivos relacionados con los transgénicos, la expansión turística e inmobiliaria y otros proyectos de “desarrollo”, han contaminado el acuífero de la península de Yucatán, especialmente los cenotes, causando daños irreversibles al medio ambiente y afectando los derechos fundamentales de los pueblos mayas.
El pueblo maya de Homún lleva más de seis años defendiendo su territorio del potencial impacto ambiental de una megagranja porcícola. Foto: Lilia Balam
Contaminación a los cenotes
Múltiples estudios, como el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, publicado por la Semarnat en marzo de este año, sustentan el daño a los cenotes antes mencionado.
Dicha investigación reveló que se han detectado las coordenadas de, al menos, 507 granjas en el estado, pero solo 30% cuenta con algún título de aprovechamiento de Conagua. En más de 60% no se logró identificar algún título de concesión o permiso de descarga de aguas residuales. Además, al menos 319 granjas estarían instaladas en la Reserva.
La Semarnat hizo un análisis de la calidad del agua, aire y suelo en 20 cenotes localizados en diversos municipios de Yucatán, y los resultados de los estudios no fueron nada alentadores: en los puntos monitoreados hay alta presencia de fósforo, nitrógeno amoniacal y la bacteria Escherichia Coli (E. Coli), indicativo de contaminación difusa de excretas de seres vivos de sangre caliente en dichos cuerpos de agua, y el Dictamen señala directamente a las granjas porcícolas por ello.
En el propio documento se recomienda fuertemente que en Mérida, Kanasín, Muna, Conkal, Muxupip y Cacalchén no se otorguen más permisos para la instalación de granjas porcícolas, y se inspeccionen los sistemas de tratamiento de aguas residuales de las fábricas.
Hacia un cambio de paradigma
La demanda de amparo presentada por Kanan Ts’ono’ot está sentando un precedente histórico en el país, pues si bien en las constituciones de Colima, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, hasta ahora en ningún estado se brinda personalidad jurídica a algún ecosistema en específico.
“Si yo defiendo algo con nombre y apellido, es decir, de manera concreta, las autoridades tienen la obligación de desarrollar todas las acciones para su protección, conservación y restauración”, apuntó Medina.
De hecho, otros estados ya están siguiendo el ejemplo de las y los guardianes de los cenotes. Apicultoras y apicultores de las comunidades de los Chenes, en Campeche, también presentaron una demanda de amparo para proteger a las abejas frente a amenazas que ocasionan su muerte masiva, como la deforestación y el uso de agrotóxicos. A principios de junio la demanda fue admitida y el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Campeche emitió una suspensión provisional como medida cautelar.
Ahora, los Juzgados Federales de Campeche y Yucatán tienen una oportunidad histórica de realizar un cambio en el paradigma antropocéntrico del derecho ambiental para transitar a uno ecocéntrico, “en donde el concepto de dignidad reconocido a las personas, se amplíe a los diversos elementos naturales que forman ecosistemas únicos que son fundamentales para garantizar un adecuado equilibrio ecológico”, de acuerdo con Medina.
Con ello, se igualarían los avances registrados en países como Colombia, Argentina y Nueva Zelanda, donde se reconoce la personalidad jurídica de ecosistemas específicos, con el objetivo de evitar actos de autoridad o actividades que puedan degradarlos.
Y no solo se establecerían medidas más efectivas para garantizar el derecho al medio ambiente sano, sino también para conservar el patrimonio cultural y respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas.
“Al día de hoy, cuando se defiende un ecosistema en los juzgados, una de las principales pautas que debes demostrar es cómo la degradación afecta a las personas que están reclamando cualquier acto o megaproyecto. Entonces muchos juicios ambientales en nuestro país no caminan, porque es muy difícil probar esa conexión. El cambio de paradigma puede venir con estos casos, al reconocer que la naturaleza, con independencia del ser humano, puede sufrir una afectación, y si un ecosistema está sufriendo un impacto negativo, se debe proteger”, puntualizó Lourdes Medina.
La abogada pronosticó que este mismo año se podría emitir la sentencia del amparo. El llamado del colectivo Kanan Ts’ono’ot es que las autoridades hagan su trabajo de garantizar el derecho al medioambiente sano y proteger y restaurar los ecosistemas dañados.
Para José May, es primordial que se vigile el cumplimiento de la suspensión definitiva y se inspeccione de cerca que los megaproyectos ya establecidos cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y no contaminen el agua, suelo y aire.
Maribel apeló un poco más a la consciencia. “Espero que las autoridades sean un poquito más conscientes y les den a los cenotes, al agua, a la naturaleza el valor que merecen. Que se den cuenta que los necesitan tanto. Creo que solo así, sintiendo la necesidad del agua, podrán valorar y proteger a nuestros cenotes. Espero que más gente se sume para ser esa voz que nosotros necesitamos, que el agua necesita. Que nuestros cenotes necesitan”, concluyó.
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