Desde hace tiempo atrás hemos visto luchas en distintos frentes para demandar derechos y atender una diversidad de problemas ambientales por los que atraviesa el país. Grupos ciudadanos se enfrentan al mal manejo ambiental de empresas privadas, particulares y gobiernos a diferentes niveles y en distintos ámbitos. Muchas veces las demandas de comunidades y grupos por mantener recursos naturales en buen estado y sin contaminación, llámese agua, pesca, aire, suelo, se mezclan con la búsqueda de una distribución más justa de los beneficios que nos da la naturaleza. 

En los últimos meses se han tomado decisiones de gobierno que representan otro gran reto para las personas preocupadas por su entorno. La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de, primero, emitir un Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 para establecer que las obras prioritarias del gobierno federal sean catalogadas de seguridad nacional y empezadas sin cumplir con los permisos y autorizaciones hasta por un plazo de 12 meses, dio un fuerte golpe a estos derechos adquiridos. Por un lado, las quitan del ámbito de la autoridad civil, por ser de “seguridad”, afectando la capacidad de diálogo de los grupos con el gobierno, en un país crecientemente militarizado. 

Segundo, al posibilitar la postergación de las autorizaciones y permisos, por ejemplo, de impacto ambiental, a las obras que el gobierno decide, no permite que se ejerzan los recursos de protección tales como el amparo o el solicitar una consulta pública para el proceso de aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental, o la consulta libre e informada que marca el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo para obras que afectan a comunidades indígenas. Si bien pueden ser recursos con muchas deficiencias, son al fin y al cabo de los pocos que tenían las comunidades y grupos sociales para enfrentar a fuerzas muy desiguales en el Estado o de grandes consorcios empresariales. 

Hace unas semanas, se materializaron sus consecuencias cuando, ante los constantes amparos de grupos de ciudadanos y organizaciones civiles preocupados por los impactos ambientales que tendrá la construcción y operación del Tren Maya en su tramo 5, se decide declarar la obra como de seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Nacional, mismo que es manejado por el ejecutivo federal y que lo preside el presidente de la república. 

Una de las razones para tratar al Tren Maya como seguridad nacional es, según se argumentó, para evitar la intervención de grupos ambientalistas, los cuales aplican tácticas dilatorias (léase amparos) que obstaculizan el avance de su construcción. Se limita así la posibilidad de que grupos opuestos a la obra (sin importar las razones que tengan) puedan presentar sus demandas y defiendan lo que su juicio los afecta, utilizando la vía institucional y el marco legal. 

Sobre esto, la Ley de Seguridad Nacional es muy explícita en los casos donde se puede hacer uso de esta categoría para un estado de excepción. Seguridad nacional se refiere en esta ley a “acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.” No se entiende de qué manera el uso de los mecanismos que da la ley y la Constitución para defender derechos y garantías puede poner al Estado mexicano en riesgo. La misma Ley de Seguridad Nacional menciona que ésta es regida bajo los principios de respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales. 

Frente a estos excesos del poder ejecutivo que pasan por encima del marco legal vigente, el poder judicial debe ejercer sus facultades de contrapeso y de protección de derechos humanos y garantías individuales contra los abusos del poder. En un régimen de derecho, democrático, se vale disentir y existen mecanismos y contrapesos para proteger derechos de los abusos del Estado, lo que ha quedado revertido con está acción del poder ejecutivo en torno al Tren Maya. Si se deja pasar, se creará un muy peligroso precedente para poner por encima de la protección de derechos y garantías constitucionales el poder presidencial.

Los grupos y organizaciones que trabajan en ese gran conglomerado que es la agenda ambiental tienen también un gran reto. Deberán oponerse a la narrativa expuesta de cambiar el sentido de las leyes para hacer la voluntad del gobernante en turno. Esto donde el liderazgo político dominante en el gobierno toma represalias cuando se alza la voz y cuestionan la validez de sus proyectos y decisiones. No obstante, no hacerlo sería contribuir a dejar que ello se normalice y perdamos aún más nuestra capacidad como ciudadanos de proteger nuestro medio ambiente y defender nuestros derechos.

Por último, el ejecutivo federal y el mismo presidente de la república deben de salvaguardar los derechos y garantías de las personas, así sean de grupos antagónicos y con opiniones e intereses diferentes a los suyos, revirtiendo esta deriva autoritaria. Vale la pena recordar que en el año 2020 México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. En este acuerdo el Estado mexicano se comprometió a garantizar a todas las personas el derecho al acceso a la información, a la participación de manera oportuna en las decisiones que los afectan a ellos y a su entorno y el acceso a la justicia en asuntos ambientales cuando sus derechos han sido vulnerados. Un primer paso del gobierno mexicano que muestre que este compromiso adquirido en el Acuerdo de Escazú va en serio sería hacer válido el derecho a la participación y el acceso a la justicia en una obra tan emblemática e importante.