El proyecto inmobiliario y turístico Kuni que pretendía construir más de 20 mil cuartos de hotel y viviendas a una distancia de 19 kilómetros de la ciudad de La Paz, en el noroeste de México, obtuvo un resolutivo negativo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de acuerdo con la Gaceta Ecológica, donde se dan a conocer los proyectos que ingresan a evaluación de impacto ambiental y el sentido de los resolutivos.
Aunque se desconoce el motivo del rechazo del proyecto, este se da después de una gran presión ciudadana por el grupo Acción Urgente La Paz que convocó a manifestaciones en contra del proyecto e ingresó masivamente solicitudes para que Semarnat convocara a una reunión pública donde la empresa promovente respondiera las dudas ciudadanas sobre las posibles afectaciones ambientales.
Baja California Sur es un estado en el noroeste de México con la extensión más grande de litoral y el mayor estrés hídrico del país. Ante ese escenario, los proyectos inmobiliarios y turísticos como Kuni plantean abastecerse de agua a través de plantas desaladoras, las cuales ya fueron autorizadas anteriormente y por separado a la actual Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). No obstante, especialistas señalan que hace falta una mejor regulación y valoración de los impactos socioambientales de esta tecnología antes de buscar el crecimiento urbano con ella.
El proyecto Kuni tiene un cárcamo y una línea de conducción que fueron autorizadas en una MIA ingresada en el 2010; así como dos desaladoras autorizadas a favor de la empresa El Coyote Baja Resort, una en julio de 2008 que no está en operación y otra en diciembre del mismo año que no ha sido construída, y que juntas suman un suministro de un poco más de 7 mil 500 metros cúbicos por día.
El proceso de construcción del proyecto de Kuni requeriría más de mil pipas, mientras que la desalación del agua descargaría 5 mil 300 metros cúbicos de salmuera, el equivalente a dos piscinas olímpicas a diario, advirtieron a través de un comunicado la alianza de organizaciones conformada por BCSicletos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental, Cómo Vamos La Paz y el Center for Biological Diversity.
Las desaladoras serían la fuente de dotación de agua para los hoteles y residencias que se pretenden construir en el futuro, pero aún con estas dos desaladoras no alcanzaba a cubrir la demanda total de 9 mil 913 metros cúbicos diarios. Para esto el promovente señalaba en la MIA que propondría alternativas como el suministro a través de pipas o la construcción de una tercera desaladora.
“Las desaladoras son una forma de privatización porque solamente ciertos grupos con cierto poder adquisitivo pueden tener acceso al agua desalinizada. Y además, como el agua que produce es insuficiente, siempre van a requerir otra desaladora o una nueva concesión del acuífero o pipas, afectando la disponibilidad de agua para el resto de la población”, señaló Jorge del Ángel, presidente del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, una asociación civil dedicada a la defensa del territorio con argumentos socioambientales.
Para este reportaje se contactó al representante legal de la empresa Maravia, promovente del proyecto, así como a los accionistas, sin embargo hasta el momento de la edición no se logró concretar una entrevista.
Contaminación del aire y del mar
Predio donde se pretendía instalar Kuni. Fuente: Cemda
Las desaladoras tienen el objetivo de eliminar la cantidad de sales y minerales del agua de mar o salobre (de pozos playeros), para convertirla en potable. El proceso más utilizado es la ósmosis inversa, que aumenta la presión del agua y filtra el agua a través de membranas permeables.
Sin embargo, este proceso genera aguas de rechazo con altas concentraciones de sal, conocidas como salmuera, y con químicos que se usan para aumentar la vida útil de la infraestructura. Estos últimos si no se manejan correctamente pueden ocasionar graves daños ambientales, según especialistas.
“El agua de rechazo que va de regreso al mar pone en estrés a los organismos por la salinidad en tan altas concentraciones y por la alta temperatura en la que va. Los compuestos a base de cloro y de cobre en concentraciones altas dañan a la fauna, sobre todo la que no se puede mover, como las esponjas, los corales, las anémonas, y a los de poca movilidad como los crustáceos, que son el alimento de las aves marinas. De tal manera que afectan todo ese ciclo, toda esa estructura de la comunidad”, explicó Laura Carreón, responsable técnica del laboratorio de análisis espacial, ecología y conservación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor).
El proceso de ósmosis inversa requiere de un alto consumo de energía, al que se sumaría el consumo de luz de las residencias que se pretendía instalar Kuni. No queda claro para los expertos cómo esta energía sería suministrada ya que en uno de los apartados la MIA refiere que se instalarían celdas solares en cada lote de más de mil metros cuadrados (macrolote) mientras que, en otro, se dice que sería a través de plantas generadoras.
Jaqueline Valenzuela, directora ejecutiva del Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental (Cerca), advirtió que el espacio de los techos de las residencias no alcanza para los paneles solares que requiere el proyecto inmobiliario para autoabastecerse, ni se plantea una central fotovoltaica interna, por lo que eventualmente, el proyecto va a aumentar la presión sobre la disponibilidad de energía en un sistema vulnerable como el de Baja California Sur, que no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional.
“Lo que va a pasar es que cada propietario de las residencias u hoteles va a buscar el suministro de la electricidad a través de la Comisión Federal de Electricidad, que dentro de sus atribuciones está obligada a suministrarla. Las residencias de este megaproyecto son altamente consumidoras de electricidad. En comparación con el promedio doméstico, las residencias pueden consumir hasta diez veces más. En el municipio de Los Cabos en 2019 había registro de 27 mil cuartos de hotel y representaban el 70% de la electricidad que generaba la Central de Combustión Interna (CCI) Baja California Sur, entonces, sin contar las desaladoras, necesitaríamos prácticamente otra Central de Combustión Interna”, señaló Valenzuela.
La generación de energía implica combustibles fósiles y, con ello, la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que contribuyen al Cambio Climático, como dióxido de carbono y otros contaminantes criterio, conocidos así por sus impactos a la salud humana, de acuerdo con Del Ángel.
“Creo que hay bastante que cuestionarnos en tener que agregar al menos dos chimeneas (plantas generadoras de energía) que van a contaminar más nuestro aire por un proyecto que no tiene beneficios a la población. Se habla de empleos y beneficios en términos económicos, pero creo que debe tenerse un estudio integral de cómo se modificaría la cuenca atmosférica de La Paz en términos de emisiones, para saber cómo afectaría la calidad del aire”, señaló Valenzuela.
Cerca estima que el consumo estatal anual del sector turístico es de aproximadamente 822 gigawatts, los cuales representan casi el 40% del consumo total de Baja California Sur que es de dos mil 500 gigawatts. Sin embargo, no hay forma de saber cuánto consumo energético implican, particularmente, las desaladoras ni sus emisiones de GEI.
“Mientras no se reconozca que las desaladoras producen problemas ambientales, nadie se va a preocupar por entender cuántas podemos poner porque se vende como si fuera una solución infinita, cuando en realidad va a haber efectos acumulativos, entendidos como efectos combinados de acciones pasadas, presentes y futuras”, señaló Del Ángel.
Una solución sin registros ni verificación
Manifestación contra el megaproyecto Kuni el día 1 de septiembre en el Malecón de La Paz. Fuente: Daniela Reyes
En Baja California Sur hay 11 plantas desalinizadoras de uso público con una capacidad instalada total de 22 mil 267 metros cúbicos por día que abastecen a comunidades aisladas para uso doméstico, y cuya operación está en manos de la Comisión Estatal del Agua (CEA BCS) o de los Organismos Operadores Municipales.
Sin embargo es más difícil rastrear las plantas desalinizadoras privadas. Sarahí Gómez, especialista ambiental para la oficina noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), apuntó que en su mayoría se usan para abastecer proyectos de tipo turístico e inmobiliario y que no existe un registro de cuantas están en operación.
Las desaladoras, por situarse en zona costera, están obligadas a presentar una MIA ante la Semarnat para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, es difícil rastrear cuántas desaladoras ingresan a evaluación debido a que a veces son un complemento de un proyecto turístico o inmobiliario más amplio y tampoco se monitorea si operan correctamente una vez que se autorizan, apuntó Gómez.
Para obtener un estimado se pueden revisar los permisos de toma de agua y de descarga de aguas de rechazo, así como los proyectos autorizados por Semarnat, pero ninguno de los tres reflejan cuántas plantas están operando actualmente ni cuál es el volumen de aguas de rechazo que están generando. Por ejemplo, en la base de datos de la Conagua, sólo hay cuatro títulos de permisos de descarga de aguas que provienen de desalinizadoras en La Paz por parte de privados.
Tampoco hay claridad respecto a los permisos que debe obtener una desaladora para poder operar ni el orden en el que deben conseguirse. Por ejemplo, Kuni presentó un proyecto de desaladora sin tener asegurado el suministro eléctrico.
“Los proyectos tienen la concesión de extracción de agua de mar antes de promover incluso la desaladora. Entonces todavía no hemos logrado establecer qué es lo que (las autoridades) tienen que dar primero, si la concesión o la desaladora. En nuestra lógica, debería primero someterse al proyecto de la desaladora para ver si es viable o no, y entonces ya luego Conagua debe dar la concesión correspondiente y los volúmenes”, señaló Gómez.
A lo anterior se suma que muchos particulares instalan desaladoras sin ninguna de estas tres autorizaciones.
“Hay que reconocer que pues muchas veces desarrollos turísticos o casas incluso particulares que colindan con el mar, instalan desaladoras pequeñas que nadie lleva el control de ni de cuánta agua sacan y cuánta desala ni qué le hacen al desecho”, señaló Tatiana Davis, directora general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Baja California Sur.
Para subsanar la falta de información, el Cemda realiza un análisis de todos los proyectos con desaladoras para estimar cuántas operan y con qué permisos cuentan para tomar decisiones ambientales basadas en esta información.
“Consideramos que esa información debería ser del conocimiento de los tomadores de decisiones y debería ser información pública. Ahorita no tenemos la certeza de cuántas son las desaladoras que están operando y tienes al gobernador diciendo que siempre y cuando tengan desaladoras, los proyectos son viables, pero qué significa eso en términos ambientales, económicos y sociales. Justo lo que queremos visibilizar es que se necesita información para llegar a esas conclusiones”, señaló Gómez.
El Cemda ha confirmado que el problema de fondo con las desaladoras tiene que ver con la falta de un marco regulatorio específico para el establecimiento y funcionamiento de las mismas a nivel federal, estatal y municipal.
De la regulación estatal y municipal, solo el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del 2023 incluye un apartado que menciona que la desalación es el último recurso y debe priorizarse el uso del agua desalinizada para la población, señaló Carreón.
Sin embargo, de acuerdo a las especialistas consultadas, un apartado debería de incluirse también en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para blindar zonas ecológicamente sensibles, y en la propuesta de Ley de Aguas Nacionales.
“Es un problema regionalizado en el noroeste y por eso la parte normativa no es muy clara. Hemos platicado con Conagua para que la propuesta de la nueva Ley de Aguas Nacionales incluya los temas de desalación porque no están incluidos para fines administrativos y ambientales. Y tiene que ser dentro de la normatividad nacional porque las descargas van a dar a aguas y a suelos que son propiedad de la nación”, señaló Davis.
La directora señaló que desde el CEABCS buscarán impulsar dentro de la normatividad estatal la obligatoriedad de que los particulares inscriban las desaladoras a un padrón para contar con un inventario actualizado.
El futuro de los megaproyectos y de La Paz
Reunión ciudadana donde se conformó el grupo Acción Urgente La Paz el 1 de septiembre en el Malecón de La Paz. Fuente: Alejandro Olivera
Aunque Kuni fue rechazado, nada impide que puedan presentar un nuevo proyecto ante la Semarnat o que otras empresas propongan proyectos con desaladoras en Baja California Sur.
Desde el punto de vista de la funcionaria Tatiana Davis, lo mejor que se puede hacer es eficientar el uso del agua que hay disponible y aplazar el uso de desaladoras, en la espera de que la tecnología mejore para que sea más eficiente tanto en consumo de energía como en el manejo de las aguas residuales en el tema ambiental.
Mientras que en la parte social, deben considerarse medidas que eviten la desigualdad social, señaló Gómez, como garantizar un porcentaje de la producción a la población y el otro porcentaje para el proyecto particular.
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