A principios de septiembre Juan Diego Medina, líder de una agrupación de cooperativas en Altata, Sinaloa, solicitó ayuda a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para atender la intromisión de pescadores furtivos.
El presidente explicó que durante la veda del camarón, que va desde mayo hasta el 15 de septiembre, es común la solicitud de apoyo a las autoridades al menos dos veces al mes para detener a pescadores ilegales, mas no reciben ningún tipo de recurso para estas tareas de parte de la Conapesca.
“Hacemos la vigilancia nosotros como cooperativa y se pide el apoyo de Conapesca para hacer los recorridos y meterle más seriedad a eso”, dijo el presidente de la Federación de Sociedades cooperativas de producción pesqueras de Bahías y Aguas Marinas de Altata y Ensenada el Pabellón, en Sinaloa.
La logística se da en una zona donde la inseguridad obliga a los pescadores a pedir ayuda de las autoridades para hacer el trabajo que no pueden hacer solos. Son los inspectores de Conapesca quienes cuentan con las facultades de multar y los elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) de detener a quienes cometen irregularidades.
Una dinámica similar sucede con la pesquería de langosta en Punta Allen, Quintana Roo, donde la cooperativa pesquera de Vigía Chico realiza tareas de inspección y vigilancia de forma mensual.
Cuando se sabe de que pescadores ilegales se aprovechan de la veda, que va de marzo a junio, deciden pedir auxilio de las autoridades, refirió Roger Ancona, secretario de vigilancia de la cooperativa .
“Nosotros no somos súperman para agarrar personas solos, necesitamos a la Conapesca y autoridades superiores, con la Marina y otros para intervenir”, expuso.
“En veda entonces mucha gente no va a pescar, entonces gente furtiva aprovecha esa ocasión para ver qué ir a pescar… Pero nosotros en veda hacemos esa vigilancia y en ocasiones en temporada”, agregó.
Actualmente los operativos de la cooperativa de Vigía Chico los realizan dos personas más el presidente de vigilancia.
El secretario refirió que los inspectores de la Conapesca no llegan a la comunidad si no son solicitados, pese a que en reuniones les han dicho expresamente que les gustarían que les acompañen de forma rutinaria.
Los recursos ejercidos de la Conapesca para combatir la pesca ilegal han ido en disminución desde el inicio de esta administración.
En 2019 la dependencia ejerció 152 millones 835 mil pesos para el combate a la pesca ilegal, un monto que disminuyó 34.5% en 2021, de acuerdo con datos de transparencia abierta publicados por la Conapesca.
En 2021, el 44% de los recursos para inspección y vigilancia se gastaron en servicios de servicios de conducción de señales analógicas y digitales; el 29.6% en arrendamiento de vehículos marítimos y terrestres; y el 11% en combustibles y lubricantes, de acuerdo con los tres principales rubros ejercidos conforme a los datos abiertos.
Con la llegada de la presente administración, los apoyos para pesca ilegal empezaron a mermar. Hoy las cooperativas de Altata, Sinaloa, no reciben dinero federal para la inspección y vigilancia, sino por parte del gobierno de Sinaloa, explicó Medina.
“Por los seis meses de veda nada pueden ser 150 mil o 200 mil pesos, con lo cual nosotros como Federación (pesquera) lo repartimos en los cinco campos pesqueros dándole gasolina y pagando a la persona que ande ande arriba ahí en la embarcación… la verdad 200 mil es poco para el tiempo que tenemos que cuidar”, refirió Medina.
Mientras que el presupuesto ejercido para el combate a la pesca ilegal languidece, las denuncias por pesca ilegal recibidas que reporta la autoridad también han disminuido, al pasar de 450 en 2019 a 375 en 2021, una caída de 16%.
De las mil 610 denuncias recibidas en los tres años, el 70.6% correspondía a captura ilegal, el 22% por comercialización ilegal, el 1.6% por captura ilegal, y el resto en otros.
La posibilidad de conocer estos datos se da gracias a la transparencia sobre inspección y vigilancia.
El centro de investigación de Causa Natura evalúa el nivel de esta transparencia. En diciembre de 2021 se publicaron los resultados del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales (ITRN),
En una escala del 0 al 1, donde 1 es el máximo puntaje, los datos públicos de inspección y vigilancia obtuvieron 0.42 en transparencia activa, obligación de organismos públicos de publicar información relevante; 0.08 en transparencia proactiva, actividades que promueven la generación de información adicional a la exigida por ley; y 0.74 en datos abiertos, sin derechos que pueden ser usados por cualquier persona libremente.
Falta de recursos
Hoy la Conapesca cuenta con 85 lanchas y 121 vehículos terrestres para hacer labores de inspección y vigilancia, de acuerdo con el inventario de inspección y vigilancia de la Conapesca.
La labor es titánica cuando se piensa que con estos recursos se deben vigilar los 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados de superficie de zona económica exclusiva.
Para los pescadores, contactar a la Conapesca es a su vez una vía para que dicha institución pida ayuda a elementos de la Semar.
“De hecho porque ellos nos apoyan con elementos por seguridad, por si pasa algo que no te esperas, entonces llevamos uno o dos marinos, vamos a hacer operativos, en caso de que veamos algo ilícito”, comentó Ancona.
Si bien, una iniciativa de ley para pasar las atribuciones de inspección y vigilancia a la Semar de manos de Conapesca a la Semar aún no ha sido aprobada, de facto estos cambios podrían haber iniciado ya, conforme a declaraciones en su momento del anterior titular de la dependencia pesquera Raúl Elenes.
A través de solicitudes de información, Causa Natura reveló que la Semar aumentó el número de aseguramientos de pesca ilegal en 426% del 2020 al 2021, sin embargo, cuando se trata de kilos asegurados, la dependencia en 2021 aseguró 3.4% menos que en 2020. Lo que mostraría, según expertos consultados, una tendencia de los Marinos a realizar operativos sobre embarcaciones de pesca ribereña, en vez de industrial.
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