La población colombiana lleva alrededor de 60 años en medio de un conflicto interno armado entre el Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares, a los que se han sumado la actividad de los carteles del narcotráfico. Dicha violencia ha alcanzado a los defensores del río Cauca en el sur de Colombia.
Desde 1990 ha habido negociaciones entre las partes para frenar el conflicto armado, sin embargo, Amnistía Internacional, una organización destinada a monitorear y defender los Derechos Humanos en el mundo, señala en su reporte anual que aunque actualmente hay un cese parcial al fuego entre el gobierno colombiano y algunos grupos armados, los últimos se fortalecieron en 2023 y los conflictos entre ellos aumentaron, con impactos a la sociedad.
“Desafortunadamente, hay procesos heterogéneos de cese al fuego con diferentes grupos armados, pero el cese al fuego es entre población combatiente, no con la población civil que continúa bajo hostigamientos, principalmente, hacia defensores de derechos territoriales y ambientales”, señaló Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Un ejemplo de esto es el Movimiento Ríos Vivos Colombia, una alianza de quince organizaciones afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico llamado Hidroituango, que ha padecido el asesinato de un integrante, así como lesiones desplazamiento forzado a otros por defender el río Cauca, el segundo más importante del país.
Los principales accionistas de Hidroituango son la Gobernación de Antioquía (uno de los 32 departamentos de Colombia) y un grupo empresarial trasnacional llamado Empresas Públicas de Medellín (EPM), que además es el ejecutor de las obras.
El Movimiento asegura que el proyecto destruye el cañón del río al desviar su cauce y ha agudizado la violencia de la que la población ya era objeto por los intereses en disputa que hay a lo largo del río entre grupos armados, lo que viola sus derechos humanos y ambientales.
El proyecto también ha aumentado la militarización de la zona a través de la construcción de bases militares y esto se ha traducido, según el movimiento, en agresiones, estigmatización, persecución y amenazas a quienes expresan sus quejas, inconformismo o rechazo a la obra.
El 29 de abril de 2024, Esteban Mazo, líder y defensor de derechos humanos del Movimiento Ríos Vivos fue atacado por grupos armados ilegales en el municipio de Briceño, al noroeste de Colombia. La agresión le provocó una lesión discapacitante en la columna que lo condiciona a utilizar silla de ruedas. Por seguridad, se desplazó fuera de la zona junto con su familia por segunda ocasión.
“Solicitamos a la comunidad nacional, internacional y en especial a las autoridades del Estado y gobierno colombiano, adelantar todas las acciones pertinentes tendientes a garantizar la vida, integridad física y todos los derechos de quienes hacemos parte del Movimiento Ríos Vivos Colombia. A la Fiscalía General de la Nación realizar las acciones de investigación y judicialización de quienes atentan contra la vida y desplazan a los líderes sociales en Colombia”, señaló el movimiento a través de un comunicado del 4 de mayo.
Mazo ya había sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado antes, por lo que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde noviembre de 2022, un organismo de escoltas de orden nacional, pero en febrero de 2024 le fueron retiradas.
Por eso el Movimiento hizo un llamado a la UNP a mantener la protección a quienes defienden el ambiente, ya que al eliminar o disminuir las medidas de protección aumenta el riesgo de ser víctimas de otra agresión y hace responsable a las autoridades de lo que les ocurra.
Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en 2022 prometió que fortalecería el programa de protección colectiva a personas defensoras y de prevención de violencia hacia comunidades de la UNP, ambas a cargo del Ministerio del Interior.
Mientras que en septiembre de 2023 la Defensoría del Pueblo, entidad gubernamental encargada de defender los derechos humanos de la ciudadanía colombiana, emitió una alerta temprana nacional con relación a la violencia contra las personas defensoras. Pese a esto, Amnistía Internacional señaló en su reporte anual que el grado de violencia siguió elevado.
“Una cosa es el fortalecimiento al programa de protección y otra cosa es que, efectivamente, se traduzca en una disminución de agresiones. El problema que tenemos es un problema de una pugnacidad y una peligrancia extrema entre grupos armados que están copando el territorio y cuyas primeras acciones para disputar el territorio a otro grupo, es someter a la población y dentro de ese sometimiento la ubicación sistemática de líderes como objetivos de ese sometimiento. Y muchos de esos sometimientos se pagan con la vida”, señaló Botero.
De enero a noviembre de 2023, 163 mil 719 personas se vieron obligadas a desplazarse de Colombia, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los refugiados. Además, desde 2012 hasta 2022, al menos mil 910 personas perdieron la vida por defender su tierra y el medio ambiente, según el informe de Global Witness y en 2022 el país encabezó la clasificación mundial con 60 asesinatos.
“Los conflictos armados se han multiplicado en virtud de una deficiente implementación del acuerdo de paz con los grupos armados. Esto ha llevado a que el Estado haya retrocedido en su presencia territorial en la mayor parte del país o es una presencia del Estado sin una capacidad legítima de mantenerse, es simplemente una presencia militar que agudiza la conflictividad porque presencia territorial no es equivalente a tener fuerza pública. Por eso hay un reto gigante de cómo recuperar territorios de manera legítima y sostenible del Estado en relación con la población civil”, señaló Botero.
El Índice Global de Impunidad de 2017, hecho por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), posicionó a Colombia, México y Brasil con el peor desempeño para proporcionar justicia en los crímenes ambientales.
En un análisis reciente de la red colombiana de la sociedad civil Programa Somos Defensores, que documenta y denuncia los ataques contra personas defensoras, se evidenció que el Estado colombiano solo ha resuelto por la vía judicial el 5.2% de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, y esa impunidad genera un clima propicio para que la violencia siga.
En 2024, durante el primer trimestre de 2024, se registraron 124 agresiones contra 155 personas defensoras de derechos humanos en Colombia, según un informe de dicha organización.
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