Impunidad en actual sexenio aumenta la deuda con defensores ambientales: CEMDA

La deuda con los defensores ambientales continúa incrementándose debido a la permanencia de la impunidad a las agresiones sufridas, sostuvo Luz Coral Hernández, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

“La violencia que padecen las personas defensoras ambientales de hace un año colectivamente, pues tiene un incremento, la documentación que hemos realizado evidencia que pese a que los esfuerzos como la adopción del acuerdo de Escazú, que digamos tendría que tener efectos benéficos para la garantía de un entorno seguro, contrastan mucho con el incremento de los índices de violencia, ataques y las agresiones de las que son víctimas”, dijo Coral Hernández a Causa Natura.

Entrado en vigor en abril, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado con disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina.

Durante los primeros dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron asesinadas 33 personas defensoras del medio ambiente, de acuerdo con el trabajo del CEMDA “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”.

Sin ánimo de invisibilizar a ningún sector, en el país reciben más agresiones aquellos defensores dedicados a la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), consideró Marianna Mendoza Aquino, coordinadora del área de protección de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT), conformada por 86 organizaciones en 23 estados del país.

Crecen agresiones 66% en pandemia

En el contexto de la pandemia las agresiones a los defensores ambientales se incrementaron. CEMDA contabilizó 65 casos en 2020, lo que representa 66.6% más que en 2019.

“Lo que estamos viendo es que no sólo no pararon, sino que en un contexto de pandemia, que se investigaran fue más complicado”, dijo Mendoza.

La pandemia alteró las dinámicas de defensa de los territorios. La actividades como la minería o la construcción de los megaproyectos fueron calificadas como esenciales por parte del gobierno federal, al tiempo que las manifestaciones públicas en contra de las obras se vieron reducidas por las medidas sanitarias que invitaban al confinamiento, señala el informe Semillas de Dignidad y Lucha de la Red TDT lanzado en abril.

“Se reactivaron los megaproyectos y justo en comunidades que estaban esperando que este tema de pandemia sirviera para hacer una reflexión, incluso para reorganizarse…. los megaproyectos se volvieron a reactivar. El más claro es el Proyecto Integral Morelos”, comentó Mendoza.

¿Quiénes son los agresores?

Al menos el 40% de los agresores de defensores del medio ambiente en 2020 fueron autoridades, en tanto que se desconoce a los autores de otro 40%. Por su parte, las empresas privadas perpetraron 4.6% de los ataques, los paramilitares 3.1%, caciques locales 3.1%, personas de la misma comunidad 6.2% ; y el binomio autoridades y empresas 3.1%

Es preocupante que en México las autoridades tengan un porcentaje tan alto de agresiones.

“De la información que se deriva de la investigación de las notas periodísticas en la información de fuentes, como las plataformas gubernamentales de información, información que se solicita al mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, pues este porcentaje sí es alarmante, que el 40% de la cifra corresponde al gobierno”, dijo Coral Hernández.

Además, el informe de CEMDA destaca haber identificado actos y discursos estigmatizantes en contra de de personas defensoras ambientales por parte del presidente López Obrador hacia quienes se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Mecanismo de Protección

Entre el 2013 y marzo del 2019 fueron admitidas dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 263 personas defensoras de los derechos humanos. No obstante, hasta marzo del 2019 sólo había 77 que permanecían dentro del Mecanismo, según el informe estadístico de la Secretaría de Gobernación al termino del primer trimestre en 2019.

Como parte de una política para controlar presupuestos, el gobierno federal instruyó a la bancada oficial y aliados en el Congreso a eliminar una lista de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Protección a Periodistas y Activistas.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentaron la decisión. Si bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prometió que los recursos para estos propósitos se mantendrían, organizaciones refieren que el cambio repercutió en la operación del Mecanismo.

“Hemos visto casos en que hay personas beneficiarias que han sido asesinadas. El mecanismo necesita repensarse. El año pasado estuvo el tema de la eliminación del fideicomiso , lo que estamos viendo es que el mecanismo se está volviendo más lento, estaría asociado con el tema de los recursos”, dijo Mendoza, quien sostuvo que se necesita una renovación para mejorar la implementación de los planes de protección.

Este año la Secretaría de Gobernación cuenta con 448 millones de pesos para la protección y defensa de los derechos humanos, esto es más que los 439 millones que recibió el año pasado.

Sin embargo, las entrevistadas coinciden en que la política de protección a los defensores debe cambiar y ser más amplia.

“Estaríamos hablando pues ya justo de una colaboración interinstitucional, de una defensa integral a defender los derechos humanos y los derechos humanos ambientales, que por tanto implicaría mecanismos específicos,  más amplios tanto de prevención, respecto a las agresiones que pudieran sufrir, como de combate a la impunidad de las agresiones y las violaciones a derechos humanos y delitos ya cometidos”, dijo Coral.