Durante la presente administración federal, la Fiscalía General de la República (FGR) suma más de 800 carpetas de investigación relacionadas con pesca ilegal. Una forma necesaria, aunque no suficiente por sí sola, para disuadir la comisión de esta clase de delitos, consideraron expertos.
Entre enero de 2019 y octubre de 2020, se iniciaron 842 carpetas de investigación por delitos relacionados con la pesca ilegal, en los que se habría incurrido en los delitos tipificados en alguna de las fracciones del artículo 420 del Código Penal Federal.
Así en 22 meses se superaron los números conseguidos en 2017 y 2018, ya que entre ambos años la Fiscalía sumo 806 carpetas de investigación por delitos relacionados con la pesca ilegal, de acuerdo con información de la Dirección de Estadística otorgados en una solicitud de información.
“Las investigaciones juegan un rol importante, sin embargo, es una materia que tiene que ver con diversas dimensiones humanas y hay que explorar cada una de estas…. Sería erróneo hablar de manera homogénea”, dijo sobre pesca ilegal Camilo Thompson, abogado del Programa de Protección de Recursos Marino-Costeros de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
En la amplia gama de pesca ilegal se encuentran desde aquellos que incurren en ella por no contar con un permiso o con uno vigente; la realizada fuera de jurisdicción nacional; la pesca de especies que cuentan con protección; la realizada a través de redes de pesca no permitidas; y hasta aquellas donde están involucradas mafias y redes de ilícitos, entre otras, enlistó Thompson.
El nuevo sistema de justicia penal cumplió su plazo de implementación el 18 de junio de 2016, y en el proceso las carpetas de investigación pasaron a jugar un papel preponderante sobre las antes llamadas averiguaciones previas.
La mayoría de las investigaciones de la FGR relacionadas con pesca ilegal en los últimos cinco años corresponden a 802 carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas por los supuestos de la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal, el cual habla de actividades de tráfico para introducir o sacar del país ejemplares o subproductos de especies acuáticas vulnerables. 
Sin considerar las averiguaciones previas, las delegaciones de la FGR que más carpetas de investigación han reportado, entre 2015 y octubre 2020, son Yucatán con 218; Áreas Centrales (oficinas centrales), 210; Oaxaca 207; Baja California, 120; y Quintana Roo, 106. 
Esfuerzo intergubernamental
El combate a la pesca ilegal requiere esfuerzos intergubernamentales. Recién se publicó en el Diario Oficial de la Federal el plan Plan de Aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, en el que participan diversas autoridades en el Alto Golfo de California.
Thompson refirió que los esfuerzos intergubernamentales se han visto con anterioridad, con la diferencia de que esta vez entra a operar la Secretaría de Marina.
El plan también incorpora a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los esfuerzos para bloquear cuentas sospechosas de lavado de dinero.
“En efecto entra este órgano para fiscalizar el flujo de recursos. La totoaba está en un mercado negro, está regulada a nivel internacional la exportación y comercialización de especies que estén dentro de las CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y esto no está permitido… en términos de inteligencia financiera es eso, identificar el flujo de recursos que puedan estar beneficiando esas cadenas delictivas para cambiar el corte de la mecha. Sí veo que tiene congruencia (la participación de la UIF)”, dijo Thompson.
Hace unos días durante el lanzamiento del proyecto WildLife de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mireya Valverde Okón, directora general de Asuntos Normativos de la UIF, resaltó que se tienen 179 reportes que indican que 219 personas podrían estar involucradas en delitos contra la vida silvestre, incluida la pesca de especies marítimas, de acuerdo con información publicada en el diario El Economista.
Más allá de la persecución
Un enfoque integral, más allá que la mera persecución penal, es clave para poder abatir varios males que azuzan la pesca ilegal, apuntaló Thompson, quien resaltó la necesidad del ordenamiento pesquero.
“México tiene un déficit del ordenamiento de sus pesquerías, 20 ó 25% de sus pesquerías están de alguna manera ordenadas, el resto no. Hay especies que sí están en la Carta Nacional Pesquera con su ficha y se hizo un monitoreo y tienen buenos avisos de arribo; y se tiene cierto control en temas de pesca incidental, pero hay otra especie que no”, lamentó Thompson.
Es posible que por cada pescado que se consume de manera legal en México, haya otro que se venda de manera ilegal, afirma Mariana Aziz, directora de Campañas en Transparencia Pesquera de la organización civil Oceana.
De esta cuenta, es importante una política de trazabilidad que permita recorrer el camino del producto pesquero, desde la captura hasta que se comercializa en la última fase de la cadena de valor.
“La procuración de justicia, pero nosotros también vemos oportunidades en otras herramientas que impidan la pesca ilegal desde el principio, es decir que nunca ocurra”, expuso Aziz.
Parte de estas herramientas es que se abran los datos de monitoreo de embarcaciones satelitales a la plataforma Global Fishing Watch, dijo.
Hoy alrededor de 2,000 embarcaciones son monitoreados en tiempo real dentro del Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), pero sólo representan el 2.5% del total de las embarcaciones registradas.
“Mediante monitoreo satelital se puede tener una visión completa de todo lo que está pasando en el mar, y pues nosotros consideramos que estos datos deberían ser públicos y abiertos, no sólo para que Global Fishing Watch pueda contribuir con la vigilancia”, dijo Aziz y así evitar despliegues gigantescos en el mar.
En marzo del año pasado, la bancada de Morena propuso en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para transferir las responsabilidades de inspección y vigilancia a la Secretaría de Marina. Sin embargo, la propuesta no ha tenido resonancia en las organizaciones civiles.
“Pasarle la bolita de una autoridad a otra no va a tener impactos significativos en el combate a la pesca ilegal, porque seguimos sin herramientas esenciales… sin un reglamento, sin censo pesquero, todavía no existe una política de trazabilidad, los datos del sistema de monitoreo satelital siguen siendo cerrados y la gente no puede saber qué está pasando realmente allá afuera”, expuso Aziz.
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