La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) arrastra nueve meses de retraso de la publicación de las directrices que guiarán el Sistema de Comercio de Emisiones en México. Se trata de una demora importante para reducir el 22% de las emisiones de efecto invernadero en 2030 conforme el Acuerdo de París, sostiene la organización MexiCO2.
“Necesitamos que estos instrumentos funcionen de manera efectiva y acelerada para alcanzar los compromisos internacionales. Que este tipo de instrumentos no vean la luz, quiere decir que estamos retrasando ese progreso. Si lo viéramos como un indicador de cómo va progresando en el tiempo, en realidad lo que hemos visto es que no ha avanzado, que no ha presentado resultados”, dijo Denitza González, coordinadora de operaciones de MexiCO2, la plataforma mexicana de carbono que es subsidiada por la Bolsa Mexicana de Valores.
El Sistema de Comercio de Emisiones es un instrumento económico del mercado consistente en una plataforma electrónica donde se expiden, transaccionan y cancelan derechos de emisión y créditos de compensación. Está creado para contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, al menor costo posible, de tal forma que sea medible, reportable y verificable.
González estima que este sistema podría empezar a operar una vez que hayan pasado las elecciones federales del 2024 donde se renovará la presidencia del país, senadurías y diputaciones federales.
“Contemplando gran parte del pulso político, México entra en un periodo electoral, creemos que la Semarnat va a esperar a publicarlas quizás hasta finales de 2024, principios de 2025, una vez que ya pase esta etapa de elecciones o etapa electoral”, opinó.
Este escenario, desde su perspectiva, plantea la necesidad de buscar otras estrategias para reducir las emisiones de forma acelerada y poder alcanzar los objetivos y compromisos internacionales.
“Si el gobierno da señales de que no avanza, los sujetos obligados, las empresas, no se van a sentir comprometidas a cumplir con estos objetivos, salvo si ellas tienen estos objetivos a nivel interno en su visión corporativa. Creo que esta señal de incertidumbre, de poner en pausa, de poca información acerca de cómo va a avanzar, te da una señal un poco contradictoria de cómo es que vamos a cumplir estos objetivos si el instrumento que debería ser más fortalecido, el que va a apoyar a que las empresas sean obligadas a reducir sus emisiones, lo hagan, no está en funcionamiento”, dijo.
Funcionamiento del Sistema Comercial de Emisiones
Una vez el sistema entre en operación, se creará el mercado nacional de carbono, que establecerá un tope de emisiones para las empresas que tendrán que inventariar, cuantificar y reducir sus emisiones a través de iniciativas internas como: adquisición de energía limpia y renovable, cambios de tecnología y actualización de equipos.
Para González, en un sistema de comercio de emisiones, las empresas tienen derechos de emisión que la entidad encargada de regular le permite. “Les asignan un tope y derechos de emisión”.
Si los sobrepasan tienen que buscar la manera de compensar ese límite para reducir sus emisiones permisibles y pueden hacerlo a través de la compra de créditos de carbono en el mercado voluntario de carbono, compuesto por sistemas comerciales en los que entidades privadas venden créditos de carbono; cada uno equivale a una tonelada de dióxido de carbono reducido, secuestrado o evitado por la entidad que los vende.
De esta forma, los créditos de carbono son una opción más para reducir emisiones. Sin embargo, estos entran cuando una empresa ya no puede disminuir las emisiones, ya sea porque es muy complicado o la inversión es muy fuerte para renovar la tecnología.
“De este análisis de huella de carbono se pueden generar varias estrategias, puede ir desde que se tenga que reemplazar tecnologías muy obsoletas por nuevas tecnologías, cambiar el tipo de materias primas o de energías que se utilizan hasta la compra de créditos de carbono”, explicó Lesly Ortega, gerente de análisis y monitoreo ambiental en la empresa Toroto, dedicada a proveer soluciones basadas en la naturaleza.
No obstante, el sistema de comercio de emisiones en su fase de prueba permitía compensar hasta un 10% de sus emisiones a través de los créditos de carbono, según Denitza González de MexiCO2, pero se desconoce cuánto permitirá en su fase operativa.
El mercado voluntario
Ante la falta de un mercado nacional de carbono, desde 2013 opera un mercado voluntario que es utilizado por las empresas para ayudar en sus áreas de responsabilidad social y ambiental y mejorar su imagen corporativa, señala González.
A través de estándares y protocolos enfocados en medir la huella de carbono, las corporaciones y gobiernos miden su huella de carbono, y de forma voluntaria, sin ningún tipo de obligatoriedad, reducen y compensan sus emisiones.
Los créditos de carbono funcionan bajo la lógica de la oferta y la demanda, señaló Ortega. Por una parte están los dueños de la tierra que pueden ser ejidos, comunidades, privados o gobierno que desarrollan proyectos que han sido verificados por una agencia, conocidas como “tercera parte”, para vender créditos. Por otra parte, están los compradores que pueden ser de igual manera empresas y gobiernos que requieren de ellos para cumplir con sus metas de reducción o de su estrategia de sustentabilidad.
Sobre los protocolos internacionales, uno es el llamado CAR, el cual supervisa a los organismos verificadores (tercera parte) que están acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación de la SE. Dichos verificadores son independientes a los protocolos y a los dueños de la tierra.
Los créditos se comercializan a través de plataformas donde los compradores acceden a la información de los proyectos y los eligen de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, una empresa compra créditos de cierto año para abonar a las reducciones del año específico que quiere atacar, explicó Ortega.
“Así las transacciones se realizan por este medio, y podemos tener como una trazabilidad de quién emitió, quién compró, y cuántos créditos tiene en su registro”.
De esta forma las empresas revisan un portafolio de proyectos y deciden a través de qué tipo de proyectos van a compensar sus emisiones y al hacer la transacción reciben una certificación de su reducción de carbono.
González señala que el mercado regulado ayuda a establecer un tope mientras que el mercado voluntario ofrece créditos de carbono para compensar, por lo que son complementarios.
Beneficios de un mercado nacional
Actualmente los proyectos de compensación de créditos de carbono verificados solo pueden ser consultados a través de las plataformas de las agencias verificadoras quienes establecen los protocolos, estándares y los lineamientos para verificar los proyectos.
En cambio si hubiera un mercado regulado habría una plataforma donde se podría consolidar toda esta información.
“No tenemos todavía una plataforma en la que se agrupe toda esta información, es algo en lo que sí se está trabajando, pero por el momento los protocolos cuentan con sus registros propios y es donde podemos encontrar la información de estos proyectos”, explicó Ortega.
Otros de los beneficios que se esperan de este mercado nacional de créditos de carbono son cambios tecnológicos en los procesos productivos de la empresas para hacer un uso más eficiente de los recursos; que los dueños de la tierra mejoren su calidad de vida y se adapten ante los impactos del cambio climático, apuntó Ortega, todo esto integrado al objetivo de transitar a una economía baja en carbono.
Lo mismo sucede con el precio, este fluctúa sin que haya un mínimo ni un máximo en el precio por cada crédito, que representan la eliminación de una tonelada métrica de carbono de la atmósfera. Esta decisión actualmente está en manos del mercado.
“Actualmente como nosotros seguimos operando en un mercado voluntario lo que en realidad sucede es que no tenemos un precio base o un precio fijo que ya se haya determinado”, señaló Ortega.
Al crearse el mercado nacional de carbono, surgen instrumentos de fijación de precio al carbono del mercado regulado, el primero a través del sistema de comercio de emisiones y el tope de comercio, y el segundo a través de impuestos al carbono.
El precio fijado debe considerar la complejidad de los servicios que brindan los ecosistemas, de tal manera que permita la restauración, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, y mejore las condiciones de vida de los dueños de la tierra y asegure la permanencia de los proyectos, señaló Ortega.
Aunque para González no es indispensable fijar el precio ya que el mercado voluntario ha funcionado sin esto por más de 20 años, reconoce que es importante que se establezca un piso de precios al carbono que sea bueno.
Futuros retos
Al final el mercado nacional impone topes de emisiones, esto beneficiará al mercado voluntario según Denitza González porque “va a tener más oferta de empresas que obligatoriamente van a tener en algún punto que compensar sus emisiones a través de proyectos de reducción de carbono”.
De aprobarse las directrices, reducir las emisiones será obligatorio para toda empresa y gobierno, pero González menciona que su implementación será igual que otras legislaciones en las que “habrá empresas que se vayan a limitar a lo establecido y hay otras empresas que ni siquiera, aunque estén reguladas del sistema de comercio de emisiones, es posible que vayan a seguir esas directrices y ellas van a seguir emitiendo (carbono), hasta que la federación las sancione”.
Ortega señala que en ocasiones el mercado de créditos de carbono es una alternativa de la cual echan mano las empresas y gobiernos, pero sin realizar un esfuerzo interno por reducir sus emisiones.
Ante esto opina que “tenemos que tener muy claro que no va a ser lo que resuelva a largo plazo todo lo que el cambio climático está ocasionando. Es una muy buena alternativa… pero también es necesario conocer y analizar nuestros procesos a profundidad y saber qué podemos mejorar desde lo interno y también aprovechar como otros mecanismos que se están construyendo como justo son los mercados de carbono, pero diversificar la estrategia de sustentabilidad”.
Actualmente el mercado voluntario de créditos de carbono en México está compuesto mayoritariamente por proyectos forestales (300 en operación) y el sector ganadero es el que mayor mayor potencial tiene para desarrollar proyectos en el siguiente año, de acuerdo con Ortega.
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