Un grupo de pescadores ilegales pone en riesgo la subsistencia del caracol rosado en la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro, uno de los últimos bastiones de conservación esta esta especie, catalogada como ‘comercialmente amenazada’ por la International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Ubicado a 30.8 kilómetros de la costa de Mahahual, Quintana Roo, Banco Chinchorro es uno de los complejos arrecifales más grandes de México, hogar de más de 2 mil 500 especies de fauna marina, entre corales, algas, caracoles, rayas, estrellas de mar, tortugas, delfines y peces arrecifales. Cuenta con una superficie de más de 144 mil hectáreas, con decreto de Área Natural Protegida desde julio de 1996.
Aquí, los pescadores furtivos operan a sus anchas, denunció Erick Leonel Xicum, líder de la cooperativa pesquera Langosteros del Caribe, con sede en Chetumal, la capital del estado.
Además de un problema ambiental, la pesca irregular se ha convertido en un grave problema de seguridad para el sector organizado, que cuenta con permisos y cumple con los requerimientos de la autoridad, agregó.
El caracol rosa se distribuye en toda la zona del Gran Caribe y en México se distribuye entre los litorales de Quintana Roo y Yucatán.
El aprovechamiento de esta especie se encuentra totalmente prohibido en Yucatán desde 1994, según las disposiciones del acuerdo publicado el 25 de octubre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación. Esta veda permanente también aplica para Quintana Roo, con excepción de la zona de Banco Chinchorro, donde tres cooperativas pesqueras cuentan con autorización para extraer la especie: Andrés Quintana Roo, Banco Chinchorro y Langosteros del Caribe.
La captura se realiza manualmente mediante buceo libre y con una talla mínima de 20 centímetros. La veda regular va de febrero a mayo de cada año y la capacidad de extracción de cada cooperativa es de poco menos de nueve toneladas por año.
Pero los furtivos sacan más de 90 toneladas anuales, sostuvo el líder de los pescadores organizados.
La situación es conocida por las autoridades de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“En todas las reuniones donde se toca este punto de la pesca ilegal yo defiendo la posición de mis compañeros, porque para nosotros es nuestro plato de comida”.
Las personas dedicadas a la actividad ilegal están “completamente identificadas” por los pescadores. Se sabe quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, cuando se trasladan, dónde se abastecen de suministros. Varios, incluso, son exsocios de las cooperativas que fueron expulsados por no acatar las reglas.
No obstante, las denuncias ante la autoridad no han sido suficientes para frenar su actuar.
“El protocolo es avisar a la Marina cuando se detecta pesca ilegal, pero llamas y que un comandante tiene que autorizar a otro y pedir permiso a otro. Para cuando llega la Marina a hacer la inspección esos ya se están gastando el dinero de la venta”, alegó.
El negocio de la pesca ilegal
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) hizo en 2008 un registro sobre la pesca ilegal de caracol en voz de Jaime Medina Flores, entonces presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Quintana Roo.
Medina Flores apuntó que el caracol fue de inicio una alternativa ante la escasez de langosta. Aunque se definió en su momento una cuota límite, la mayoría de los pescadores empezaron a capturar caracol en forma desordenada y durante toda la temporada extraían este recurso de manera clandestina y lo vendían en Chetumal.
Cuando la pesquería ya era incontrolable, la cooperativa acordó expulsar a quienes continuaran realizando dicha pesca ilegal, pero ellos siguieron con la actividad.
“Actualmente, el que patrocina la pesca furtiva es el comerciante, el cual compra a los furtivos; porque le conviene pagar un precio menor al pescador furtivo que pagar el precio justo al pescador autorizado”, indicó el líder de la Federación de Cooperativas Pesqueras hace más de una década.
La regla del mercado sigue siendo la misma, hay demanda de producto ilegal porque es más barato, dijo Erik Leonel Xicum.
“Eso nos da en la torre, porque yo tengo mi permiso, llego con factura y todo y lo ofrezco en 250 pesos el kilo y el comprador me dice ‘a mi me vale madres tu papel’, porque ellos lo venden a 120”, añadió.
Raziel Villegas Núñez, abogado de la Alianza Kanan Kay, una iniciativa para prevenir la pesca furtiva en el Caribe Mexicano, expuso en entrevista que hay una debilidad institucional que permite la existencia de un mercado al margen de la Ley.
Por ejemplo, explicó, la Ley General de Pesca no cuenta con un apartado referente a medidas preventivas, que tienen fundamento internacional en el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro.
“Esto es que cuando se esté generando posiblemente un daño o una afectación, el Estado firmante no puede pretextar o argumentar la falta de conocimientos científicos absolutos para actuar, y entonces se tiene que imponer una medida de seguridad, que puede ser una clausura, o el aseguramiento precautorio de las artes de pesca, de las embarcaciones, o el producto que extrajeron”, señaló.
Aunque el principio precautorio está incluido en otras Leyes como la Ley General de Equilibrio Ecológico o la Ley General de Vida Silvestre, para el caso de la pesca no existe una normativa en materia de prevención.
“Las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley expresamente les faculta hacer, y si no tienen un artículo que les faculte a asegurar, pues no pueden generar ese aseguramiento precautorio, como no pueden clausurar, como no pueden suspender, y pues entonces estamos fritos”, aseveró.
Asimismo, agregó, la Ley General de Pesca no cuenta con un apartado referente a las denuncias populares, como un mecanismo para prevenir y sancionar acciones que vayan en detrimento de los recursos pesqueros.
Dicha Ley sí cuenta con un apartado de inspección y vigilancia, el cual faculta a Conapesca para hacer visitas de campo e imponer sanciones administrativas. En el caso de Quintana Roo, Villegas Núñez documentó a través de solicitudes de información que de las inspecciones realizadas en el estado entre 2011 y 2017, además de que son escasas, no han derivado en procesos de sanción, según lo expuesto en su libro ‘Práctica del Derecho Ambiental en México”.
Otro problema identificado es el actuar de la Conapesca y Profepa, pues dijo, entre una y otra “se echan la bolita de a quién le compete”.
El abogado, especialista en litigio ambiental, refirió que las competencias de una u otra dependencia no son excluyentes entre sí, sino que se trata de una concurrencia de competencias, es decir, que hay casos en donde ambas deben actuar.
Las cooperativas pesqueras de Banco Chinchorro se dedican, principalmente, a la captura de Langosta, un producto que es bien valorado en el mercado. Aunque también han identificado pesca furtiva, aún no notan un impacto severo en las poblaciones, como en el caso del caracol.
Urgen proteger los mares
Para la subsistencia de cualquier ecosistema, el equilibrio ambiental es clave. La pesca sin regulación pone en riesgo el futuro de los arrecifes de coral, indispensables para la vida de las comunidades costeras, afirmó Melina Soto, de la iniciativa Healthy Reefs (HRI).
El caracol rosado, que se alimenta de algas, también sirve de alimento para otras especies marinas. Un estudio liderado por Claudia Padilla Souza, del Centro Regional de Investigación Acuicola Pesquera (CRIAP) en Puerto Morelos, identificó que el caracol rosado tiene 29 depredadores en sus diferentes etapas de crecimiento, entre los que se encuentran cangrejos, pulpos, tortugas, langostas y rayas.
HRI organización ha documentado desde hace más de una década la merma de peces arrecifales que cumplen con determinadas funciones en el ecosistema. Por ejemplo, los peces hervíboros, que evitan el crecimiento de macroalgas carnosas sobre las estructuras coralinas.
Melina Soto apuntó que Banco Chinchorro es una de las zonas arrecifales más sanas del Sistema Arrecifal Mesoamericano, pues por su lejanía de la costa, las condiciones naturales se mantienen con poca afectación. Pero, aún así, esta reserva natural no está exenta de las amenazas humanas.
La especialista hizo un llamado a las autoridades para mejorar la vigilancia en las zonas marinas protegidas. Destacó que también es importante incrementar la superficie de las zonas de veda, para favorecer la recuperación de especies.
Las prácticas de extracción ilegal, refieren, vician toda la cadena de valor de los productos marinos y, al no acatar regulaciones, ponen en riesgo no solo la economía de los pescadores y el medio ambiente, sino también la propia salud de los consumidores.
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