Los recortes presupuestales aplicados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la última década han mermado su capacidad para cumplir con su función principal: contener la destrucción de los recursos naturales.
Plazas laborales, herramientas de trabajo, mantenimiento de equipos y vehículos, viáticos. Cuidar el medio ambiente requiere dinero, señala la activista Aracely Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab.
La abrupta baja en los recursos económicos para la operación de la institución se refleja en el número de inspecciones realizadas para atender, investigar y sancionar casos de posibles delitos ambientales.
La Profepa es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con autonomía técnica y operativa, que tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en la materia.
Para cumplir con sus objetivos, cuenta con una estructura organizacional que concentra las actividades administrativas en la oficina central de la Ciudad de México y cuenta con bases operativas en cada una de las entidades federativas, con personal capacitado para inspeccionar y determinar violaciones a las normas aplicables.
No obstante, la disminución de recursos ha provocado bajas en el personal encargado de realizar inspecciones y, por tanto, en la capacidad operativa de la Profepa.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre el presupuesto asignado para 2022, en términos reales, considerando el factor de la inflación, en los últimos 10 años los recursos asignados tienen una tendencia a la baja.
Para 2012, el monto asignado a la institución fue de 1 mil 097 millones de pesos, mientras que para el 2022 el presupuesto fue de 517 millones de pesos, considerando 2013 como año base de inflación, el mismo utilizado por la SHCP para la programación presupuestal del año en curso.
Esto significa que la Profepa cuenta con poco menos del 50% de recursos para cumplir con sus funciones.
Para el 2012 la Profepa contaba con 714 inspectores ambientales, alcanzando su pico más alto en 2014, con 874; sin embargo, al siguiente año comenzó la reducción.
En 2021, el año más crítico, se contrató a 443 inspectores, es decir, 49% menos que en 2014, con base en datos de la propia dependencia.
En este 2022 se reportó un incremento a 602 el número de elementos en campo; no obstante, la cifra continúa siendo más baja que hace 10 años.
La variación del personal no ha sido igual para todas las entidades federativas.
Mientras que en 2021 casi en todos los estados hubo recortes, en la Ciudad de México sucedió al contrario, la entidad más pequeña en términos de territorio de México, pasó de tener 22 a 97 inspectores; para este año la plantilla creció a 126.
En cambio, en Jalisco, uno de los estados con mayor extensión territorial del país, laboran solo seis inspectores, 12 menos que hace 10 años.
Los estados del país con mayor incidencia de delitos contra el medio ambiente durante los últimos 10 años, registrados ante la Fiscalía General de la República (FGR), son Quintana Roo, Chiapas y el Estado de México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Sin embargo, los tres han sufrido bajas de personal. De 28 inspectores que tenía Quintana Roo en 2012, ahora solo operan 14; en Chiapas, donde había 32, solo quedan 16, mientras que en el Estado de México se cuenta con 10 de los 23 que trabajaban hace una década.
La falta de personal tiene una relación directa con la capacidad de actuación de la Profepa.
La dependencia ambiental cuenta con cinco tipos de inspección, conforme al tipo de posible delito a inspeccionar: de Inspección Industrial; de Impacto Ambiental; Zona Federal Marítimo Terrestre; de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros (DGIVVSRMEC) y de la Dirección General de Inspección y Verificación Forestal (DGIVF).
En todos los rubros, 2014 es el año con más inspecciones llevadas a cabo, el mismo año en el que la Profepa contó con más personal operativo en campo. A partir de 2016 hay una caída generalizada hasta 2020.
A pesar de que la Ciudad de México cuenta con 126 inspectores disponibles, en lo que va de 2022 solamente se han realizado 378 inspecciones, es decir apenas tres por cada uno. La productividad del personal es notablemente baja si se compara con otras entidades. En Quintana Roo, por ejemplo, cada inspector ha realizado un promedio de 14 inspecciones este año.
Crítica de las políticas de austeridad en el rubro ambiental, Aracely Domínguez aseguró que la institución es ineficiente por las carencias presupuestales y la falta de voluntad política para resolver la situación.
“Habla de una falta de interés y entendimiento del gobierno federal sobre el valor del manejo sustentable de los recursos naturales. Sembrar arbolitos no es el manejo adecuado de los recursos, hay muchas más cosas que se tienen que hacer”, dijo a Periodismo CN.
Dominguez agregó que a los daños ambientales cometidos por particulares se suman los agravios cometidos por el propio gobierno, saltando normas y leyes en la materia para la ejecución de sus proyectos, como es el caso del Tren Maya.
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