A un año del fin de la presente administración federal, la intención del gobierno de que el combate a la pesca furtiva se haga desde una institución militar no se ha desvanecido. La Secretaría de Marina (Semar) cumpliría con esta labor si se hacen modificaciones a la ley pertinentes, dijo un alto funcionario de esta dependencia durante un foro pesquero.
“Las atribuciones de Conapesca, no las queremos absorber, es mucho trabajo, realmente es un trabajo especializado, pero finalmente si así lo determinan el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estaremos trabajando como autoridad pesquera también”, apuntó el capitán Carlos Alonso Ruiz, director de Inspección y Vigilancia Pesquera de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, durante su participación en la cuarta edición del Summit Latinoamericano de Sustentabilidad Pesquera y Acuícola.
Hasta ahora una iniciativa de ley que pretende pasar las atribuciones de inspección y vigilancia pesquera de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) a la Semar sigue sin avanzar en el Congreso.
El 19 de marzo del 2020, integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que faculta a la Semar para proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera.
Cuestionado sobre cómo atajar el crimen organizado en el mar, Alonso refirió que buscan castigar por medio del trabajo coordinado con otras dependencias, pero reconoció que la Semar tiene limitaciones legales para castigar los delitos pesqueros.
“No somos autoridad pesquera, esa es una las cuestiones que tenemos, se están haciendo reformas a las leyes para que la Marina tenga no sólo funciones, sino las atribuciones y las facultades. Por qué, porque finalmente el detectar los delitos, pero no tener la capacidad de castigarlos no nos sirve de nada. Podemos detectar, detener 200 personas el día de hoy por un delito, pero si no somos nosotros quienes podemos calificar esta actuación, esa contravención a las leyes y tenemos que depender de una tercera autoridad, ¿entonces?” dijo el capitán durante una mesa de discusión sobre pesca ilegal en América Latina.
El capitán Carlos Alonso Ruiz refirió que no son los pescadores legales quienes cometen las infracciones más comunes, desde pescar con artes hechizas o en áreas no permitidas hasta no contar con permiso de pesca. Sino el crimen que ha quedado en evidencia a través del combate frontal.
“Insisto en la parte de la pesca, se ha adueñado de los sectores, es quien recibe el producto, es quien comercializa, es quien se lleva la ganancia de todas las maneras que puedan imaginarse”, dijo Alonso.
En México la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) abarca el 40% de lo que se produce, una oferta azuzada por la demanda, apuntó.
El capitán destacó que hay una unidad dentro de la Marina dedicada a desarrollar sistemas de posicionamiento de embarcaciones. Además, de un sistema de videovigilancia capaz de divisar embarcaciones a 25 kilómetros. Dos recursos con los que buscan innovar el combate a este delito.
Traspaso de atribuciones legales
En cuanto al traspaso de atribuciones legales, el capitán detalló que desde el 2015 la Secretaría de Marina ha recuperado atribuciones que habían sido transferidas a otras secretarías en los años 70.
“Tanto así que en el 2017 la Secretaría de Marina recibe la Secretaría de Puertos. Se crean las comisiones nuevamente de la Guardia Costera que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; ahora también tenemos obras marítimas, la Marina Mercante y la administración del sistema portuario nacional”, enlistó.
Organizaciones civiles han visto con recelo el traspaso de atribuciones civiles al fuero militar que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recientemente, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) alertó sobre los riesgos de dar a la Semar decisiones, entre varios puntos, en materia de los recursos naturales del mar, a raíz de una iniciativa de Morena para que sea dicha institución armada la que formule y actualice la Política Nacional Marítima.
Dicha política es un conjunto de estrategias, objetivos y programas que abarcaría otros aspectos clave como: Seguridad Marítima, el Sistema Portuario Nacional, Protección Marítima y Portuaria, Cultura Marítima, Industria Naval, Comercio, Marina Mercante; Medio Ambiente Marino y Turismo Naútico.
“La Política Nacional Marítima debe ser implementada por múltiples Secretarías de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus actividades y no por la Semar”, advirtió MUCD en un análisis sobre la iniciativa de ley presentada el 11 de abril del 2023 que reforma el artículo 30 de la ley orgánica de la Administración Pública Federal.
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