Si la Ciudad de México se construyó sobre un lago, la península de Yucatán se sitúa sobre ríos. Las aguas subterráneas que durante años han servido a la población, hoy representan un riesgo por la contaminación de aguas residuales. De acuerdo con especialistas, a la industria porcícola o la falta de sistemas de saneamiento y drenaje se suma la ausencia de claridad en las competencias entre gobiernos federal y estatal.
“Menos del 5% del agua en Yucatán tiene un saneamiento. En casi toda la península (Yucatán, Quintana Roo y Campeche) no hay drenaje, pues al tratarse de aguas subterráneas son de competencia federal, así que el nivel estatal no considera ver si es tratada correctamente. Ese es el gran problema, el vacío legal que existe para atender su manejo”, explicó Salvador Castell González, director de Va por la Tierra.
Mientras tanto, refugios pesqueros, cenotes, Áreas Naturales Protegidas (ANP) y habitantes, principalmente de comunidades mayas, enfrentan las consecuencias de la contaminación.
En entrevista con Causa Natura, Castell González aclaró que el señalamiento a la falta de trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales no disminuye la importancia de atender las granjas de industrias porcícolas, cuyas afectaciones se han investigado y difundido desde hace varios años por organizaciones y medios locales.
En mayo de 2020, Greenpeace publicó el informe “La carne que consume al planeta”, donde presentó resultados de muestreos de agua en los que se encontró nitratos (NO3) que contaminan los mantos freáticos y provocan acumulación de metales pesados. Además de amoniaco (NH3), sulfuros de hidrógeno y gases que perjudican la salud.
Además, de las 257 granjas de cerdos en la península de Yucatán, 122 (alrededor del 47%) están establecidas en sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Al menos 43 se ubican en cuatro ANP, revela el estudio.
Este año, la Fundación para el Debido Proceso y el colectivo Indignación también documentaron el problema a causa de la industria porcícola en el estudio “Contaminación del Acuífero Maya”.
Uno de los casos más conocidos es la empresa Kekén, perteneciente al conglomerado industrial Grupo KUO, que en mayo de este año recibió una suspensión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto tras una demanda del pueblo maya de Homún.
“Se requiere una ley estatal (del agua) para que comparta responsabilidades con el gobierno federal, para que así el municipio y el estado puedan tomar atribuciones para llevar un control. Pasa lo mismo con gran parte de las granjas porcícolas, pues quienes deben hacer la evaluación y el seguimiento son autoridades federales”, propuso el director de Va por la Tierra.
Localización de granjas porcícolas en la península de Yucatán. Fuente: Greenpeace México.
Vigilar para proteger
Para la península de Yucatán la respuesta a la falta de sistemas de drenaje y plantas de tratamiento es el uso de fosas sépticas. Una tecnología para tratamiento de aguas que funciona como una cámara impermeable, a través de ésta pasan las aguas negras y grises para separar residuos sólidos, pero no contaminantes más pequeños.
El uso de fosas sépticas en el espacio doméstico se extiende al sector hotelero en Akumal, municipio de Tulum, Quintana Roo. Lugar donde se localiza una zona de refugio pesquero en beneficio de tortugas, corales y pastos marinos.
“Pero somos nosotros quienes estamos recibiendo esas aguas residuales de los hoteles […] Básicamente se inyecta a los sistemas subterráneos y termina en el mar. Eso afecta al refugio”, señaló David Díaz, representante de la cooperativa turística Las Maravillas de Akumal.
De acuerdo con Díaz, la filtración del subsuelo que va a los ríos subterráneos permite que la contaminación termine en el mar.
“Esta no es una zona arenal que pueda retener el agua u otro tipo de subsuelo que permitan una afluencia de líquidos. En toda la península de Yucatán tenemos muchos cenotes y ríos subterráneos, así que todo lo que entra al subsuelo termina allí. Debería tratarse la calidad del agua dentro de nuestros litorales porque está matando todos los corales”, indicó el representante de la cooperativa.
En enero, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió en un comunicado que, en coordinación con el gobierno federal y el gobierno del estado de Yucatán, se invirtieron 96.7 millones de pesos en la mejora de infraestructura y de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
De la inversión total, un 60% fue del gobierno federal para atender 20 localidades de alta marginación y la rehabilitación de 11 sistemas de agua potable.
Pero el problema no queda allí, mencionó Abar Yerves Maldonado, presidente de la Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Una asociación que durante 40 años ha llevado el tema de plantas de tratamiento en Yucatán y que ahora se ha extendido a otros estados.
“Al igual que en otros sectores, el problema que tenemos es que no hay la cantidad suficiente de técnicos capacitados para hacer la evaluación de cómo operan las plantas, los sistemas de saneamiento y verificar que todas las leyes y normas se cumplan. Tenemos muchas normas, pero no hay laboratorios o gente capacitada que haga todos los análisis. No hay voluntad política, en la mayoría de los casos, para poder hacer un tratamiento de manera adecuada”, agregó Abar Yerves.
Durante la entrevista Abar, al igual que Salvador Castell, exponen otro problema de contaminación menos difundido en la península: el uso de agroquímicos para agricultura. Un tema que también compete al gobierno federal y, que hasta el momento, no tiene respuesta. Principalmente en Campeche, donde se reportan casos de intoxicación.
Donde inician las soluciones
“Sólo para tener una idea, la península de Yucatán es una zona cárstica, tenemos la mayor concentración de ríos subterráneos del mundo y, aún así, no existe un sistema de drenaje. La mayoría de la gente tiene grietas, filtración o hay pequeñas plantas de tratamiento en algunos poblados, se supone que la tratan y luego la inyectan al subsuelo”, mencionó David Díaz.
Ante el panorama, la solución para los especialistas inicia con el saneamiento de las aguas, incluidos los tiraderos ilegales a cielo abierto. Seguido de vigilancia y capacitación para el cumplimiento efectivo.
“A corto plazo es publicar las leyes y obtener el saneamiento, pero en un mediano plazo es que todos los municipios tuvieran la infraestructura reglamentaria lista para hacer un manejo sustentable del agua. Así, en un largo plazo poder migrar a una opción agroecológica no contaminante y sostenible”, comentó Salvador Castell de Va por la Tierra.
Finalmente, Abar Yerves insistió que una coordinación efectiva entre gobiernos federal, estatal y municipal, así como la concientización ciudadana para que se entienda que el agua no rendirá para siempre, permitirá tener un medio ambiente sano.
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