Los montos de multas expedidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a empresas e instituciones por descargas de aguas residuales se dispararon 85% en 2024 con respecto al 2023.
En el marco del Día Mundial del Agua el 22 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Tlaxcala que hablaría con las empresas para que cumplan con las normas “y si no lo hacen, sancionarlas, porque quien contamina tiene que limpiar el agua".
El 2024 cerró como el año con 95 multas de Profepa por descargas de aguas residuales (aquellas que han sido utilizadas y contaminadas), el más alto en la última década, de acuerdo con una solicitud de información entregada por Profepa a Causa Natura Media.
Sin embargo, la eficacia de las multas para disuadir la contaminación es cuestionada por expertos. En los últimos diez años la Profepa ha impuesto 563 millones 340 mil pesos en multas a dependencias e industrias que han realizado descargas de aguas indebidas. Este año, hasta febrero, las multas ascienden a 1 millón de pesos.
“Hemos visto con el paso del tiempo que las multas que se pueden aplicar a algunas empresas que arrojan contaminantes a los cuerpos de agua, pues es como quitarle un pelo a un gato, ¿verdad?”, ironizó Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto en Jalisco.
Las descargas contaminadas han derivado en afecciones a la salud en el municipio denunciadas por dicho Comité que realiza un conteo anual de personas fallecidas por causas atribuibles a la contaminación de los cauces.
Tan sólo en 2024 fallecieron 168 personas, principalmente, a causa de cáncer e insuficiencia renal, de acuerdo con el conteo del Comité.
El Gobierno de Jalisco recibió una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sanear el río Santiago en 2020.
En 2016, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas constató que el río Santiago recibía descargas de más de 300 industrias en el corredor industrial Ocotlán-El Salto.
El otrora gobernador Enrique Alfaro apuntó al finalizar su sexenio en el 2024 que había invertido 6 mil 725 millones de pesos para sanear el río, mas admitió que la cobertura de saneamiento pasó de 64 al 75%.
“Están metidos en el Plan Maestro para la recuperación del río y han reportado que tienen un avance del 60%, 70% y los indicadores de contaminación no bajan. ¿Por qué? [….] Entonces, claro, las preguntas se van hacia las industrias, porque en esta región entre Guadalajara, El Salto, y toda la zona del área metropolitana de Guadalajara pues son más de 30 mil industrias en esos municipios conurbados”, apuntó la académica Adriana Carolina Flores Díaz del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana.
La administración de Sheinbaum se ha propuesto sanear el río Lerma-Santiago, así como el río Tula y Atoyac; promesa que podría derivar en multas.
A nivel nacional, Jalisco es la cuarta entidad con mayores montos de multas por descargas de aguas residuales, sólo detrás de Puebla (139 millones de pesos); Tlaxcala (112 millones) y Yucatán (92 millones).
La acumulación de multas por parte de algunas empresas no es cuestión particular de México, apuntó Flores Díaz, que también lo ha visto en Estados Unidos.
“Y claro, las multas no están mal. El asunto es que no es cierto que el pago por esa contaminación vaya a remediar el problema. No es cierto que el dinero que se paga -porque una industria está contaminando-, de verdad va a favorecer que ese río se restaure”, agregó.
“Muchas de estas industrias pagan y la restauración de esos ríos más o menos se recuperan en cinco o 10 años algunos factores físico químicos como el oxígeno, la temperatura, el pH, etcétera. Pero la comunidad biótica, o sea, la vida del río, los macroinvertebrados, los peces, las algas, los moluscos, todos los seres vivos, la biodiversidad del río, después de 10 ó 15 años todavía no regresa”, agregó.
Facultad de sanción
Conagua y Profepa se coordinan para sancionar las alteraciones que detectan en los niveles de contaminación del agua.
La Profepa emite multas conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
De las 127 visitas realizadas en una década, el 55.9% fueron clausuras totales temporales y el 44% clausuras parciales.
Conforme a la NOM-001-SEMARNAT-2021, las industrias deben evaluar los niveles de contaminación de sus descargas en laboratorios certificados por la Conagua. Esta norma fija los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores.
Parámetros de oxígeno, de heces fecales y sólidos suspendidos totales entraron en vigor en abril del 2023, mientras que otros, como el examen de toxicidad aguda y color verdadero (refleja el nivel de materia orgánica natural disuelta en el agua) lo harán en el 2026.
Muñoz lamentó que las industrias sean evaluadas por laboratorios a los que pagan por estas muestras.
“Es algo que no puede seguir pasando porque eso debe de ser totalmente independiente y con una total autonomía para que sin interferencia, de ningún interés de los empresarios o interés de los servidores públicos, pues no sean tendenciosos los resultados”, expuso Muñoz.
Mecanismos participativos
Hay modelos comunitarios de vigilancia del agua que han sido benéficos, apuntó Flores. Uno de ellos es el implementado por Global Water Watch México, donde los ciudadanos toman muestras del agua.
“Lo fundamos hace 20 años y ahí a lo que nos dedicamos es a fortalecer capacidades en los ciudadanos para que puedan vigilar la calidad del agua en sus ríos y en sus arroyos”, dijo la académica del Centrus.
No obstante, estos esfuerzos no pretenden suplir la responsabilidad de la autoridad en el monitoreo y atención del agua.
“El asunto es que hay cosas que no están al alcance. O sea, los ciudadanos pueden hacer vigilancia de algunas cosas, el oxígeno, el PH. Esos métodos están reconocidos tanto en Estados Unidos como en México como métodos de primera alerta”, apuntó Flores.
Más allá de las multas es viable pensar en modelos que incentiven el cuidado del medioambiente.
“Pagar 15 años la restauración de una cosa es carísimo, es mucho más caro la restauración que la conservación. Por eso, yo creo que más bien en vez de que sea el que contamina paga, una alternativa podría ser, por ejemplo: el que previene su contaminación ahorra impuestos. Entonces, (desde el punto de vista de la autoridad) te voy a bajar la mitad del impuesto sobre la renta a las industrias y me demuestras que estás evitando una contaminación de tal cantidad”, ejemplificó.
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