El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla alrededor de 12 mil 200 millones de pesos para proyectos de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que podrían involucrar el uso de fracturación hidráulica, conocida como fracking, de acuerdo con el informe Fracking en el presupuesto público 2027, elaborado por Engenera, Fundar y la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF).
El análisis identificó al menos cinco proyectos con potencial uso de esta técnica en yacimientos no convencionales o que contemplan perforación horizontal, una característica del fracking. Las organizaciones advierten que el presupuesto mantiene recursos para actividades relacionadas con esta práctica, pese a la recomendación del comité científico convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum de prohibir la extracción de gas natural de yacimientos no convencionales en la cuenca Tampico-Misantla.
El informe señala que el presupuesto no permite conocer cuánto dinero se destinaría específicamente al fracking. Los 12 mil 200 millones de pesos corresponden a las asignaciones totales de los proyectos identificados, en cuyos documentos técnicos se contempla o se documenta el uso de esta técnica.
Entre los proyectos señalados se encuentran Aceite Terciario del Golfo, con una asignación de 5 mil 557 millones de pesos; Integral Veracruz, con 3 mil 712 millones; Integral Poza Rica, con 2 mil 615 millones; Coyula, con 223 millones, y el contrato CEE Miquetla, con 91 millones de pesos.
El informe destaca que tres de estos proyectos —Aceite Terciario del Golfo, Coyula y Miquetla— están relacionados con la cuenca Tampico-Misantla, donde un comité científico recomendó prohibir la extracción de gas natural de yacimientos no convencionales.
El documento detalla que en estos proyectos existen antecedentes de fracturación hidráulica o referencias técnicas que contemplan su posible aplicación. En Aceite Terciario del Golfo, por ejemplo, una evaluación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de 2010 reportó que mil 323 pozos, equivalentes al 76 por ciento del total del proyecto, habían sido fracturados mediante esta técnica.
Una prohibición pendiente
La recomendación de restringir el fracking en la cuenca Tampico-Misantla fue presentada por el Comité de Científicos y Especialistas que analizó la viabilidad de explotar yacimientos de gas natural no convencional. En agosto de 2026, el comité planteó que, por razones de protección social, biodiversidad y densidad demográfica, se debía considerar la prohibición de estas actividades en la región.
El informe advierte que esa recomendación todavía requiere un instrumento jurídico que la haga vinculante. Mientras tanto, el PPEF 2027 conserva recursos para proyectos ubicados en esta cuenca, entre ellos Aceite Terciario del Golfo, Coyula y Miquetla, en los que se ha realizado fracking en distintos momentos de su desarrollo.
El análisis también señala que el programa K025, denominado Infraestructura económica de hidrocarburos, contempla 162 proyectos petroleros y tiene asignados 250 mil 784 millones de pesos para 2027. Los proyectos identificados por su relación con el fracking forman parte de este programa de inversión.
Las organizaciones advierten que la continuidad de estas inversiones puede tener implicaciones para el acceso al agua, la salud, el medio ambiente sano y los derechos de las comunidades que habitan las regiones donde se desarrollan las actividades petroleras. También señalan que la falta de información desglosada dificulta conocer en qué proyectos se ha utilizado la fracturación hidráulica y dónde se prevé aplicarla.
Las organizaciones piden reasignar los recursos
Engenera, Fundar y la AMCF llaman a la Cámara de Diputados a revisar las asignaciones presupuestarias y evitar que se autoricen recursos para proyectos que impliquen el uso de fracking. También solicitan que Pemex desglose la información sobre esta técnica en sus asignaciones petroleras, dictámenes técnicos y análisis costo-beneficio.
Las organizaciones proponen destinar los recursos identificados a la transición energética dentro de Pemex, mediante reconversiones tecnológicas, mejoras en la eficiencia energética y obras para captar y reducir emisiones de metano. También plantean fortalecer el presupuesto para las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Según el informe, las ANP recibirán en 2027 apenas 16.20 pesos por hectárea para su conservación. Las organizaciones consideran que aumentar estos recursos contribuiría a proteger los ecosistemas y fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar los efectos del cambio climático.
El documento concluye que las decisiones presupuestarias deben guardar correspondencia con las recomendaciones científicas sobre los yacimientos no convencionales y con los compromisos de transición energética y protección territorial.
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