Hace poco acudí a realizar trabajo de campo a una zona de Tekax. Habitantes denunciaban desmonte para el establecimiento de monocultivos. El ambiente, más que de enojo, era de tensión y vigilancia constante. Cuando una camioneta se acercó al lugar, alguien dijo en voz baja: “Seguro vienen a reclamar quiénes vigilan”, lo peor de todo, es que les iban a reclamar a ellos, los dueños de los terrenos.
En Yucatán se presume la paz. Se presume la seguridad. Se presume la tranquilidad. Pero en las comunidades mayas, costas, monte y calles del estado, la pregunta verdadera es: ¿seguridad para quién?
Mientras las autoridades locales y el sector empresarial se vende al estado como “el más seguro de México”, hay personas defensoras del territorio, periodistas, académicos y activistas que viven otra realidad en medio de vigilancia, amenazas veladas, criminalización, fabricación de delitos, desgaste emocional y violencia institucional silenciosa.
Manifestarse en Yucatán se vuelve riesgoso. Foto: Santa María Chi.
Activistas ya lo han dicho: en Yucatán no hay balas ni desapariciones, pero la violencia opera desde oficinas, fiscalías, tribunales y discursos oficiales.
Es así que a cientos de personas se les construyen carpetas de investigación, acusaciones desproporcionadas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio, principalmente para quienes incomodan al poder económico o político.
Organismos internacionales ya han advertido sobre este fenómeno. Un informe de Amnistía Internacional señaló que México utiliza de manera desproporcionada el sistema penal contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y colocó a Sitilpech, Yucatán, entre los casos emblemáticos de criminalización por protestar contra megaproyectos contaminantes.
El documento advierte algo particularmente grave, que es el uso de delitos ambiguos como “motín”, “obstrucción de obra pública” o “ataques a las vías de comunicación” para procesar a líderes comunitarios y desarticular movimientos sociales.
Por difícil de creer en Yucatán protestar puede derivar en persecución penal.
Existen los casos de Sitilpech y Chapab, comunidades que durante años han denunciado los impactos ambientales y de salud relacionados con la industria porcícola. Otro ejemplo es Santa María Chi, donde habitantes han cuestionado la contaminación y las afectaciones derivadas de megaproyectos agroindustriales. En Ixil, los pobladores y defensores han denunciado procesos de criminalización en medio de disputas relacionadas con proyectos inmobiliarios y territoriales.
En esta última zona, recientemente tres defensores del territorio fueron vinculados a proceso por el delito de despojo tras denuncias impulsadas por empresarios inmobiliarios. Organizaciones y comunidades han señalado que el caso refleja un patrón de criminalización contra quienes defienden el uso colectivo de la tierra frente al avance inmobiliario.
Pese a todo, las comunidades mayas siguen defendiendo su territorio. Foto: Santa María Chi.
En muchos de estos conflictos, las personas que protestan terminan enfrentando acusaciones por “obstrucción de vías”, “daños”, “ataques a las vías de comunicación” o incluso delitos que buscan equipararse con secuestro.
Protestar puede costarte tu libertad
Lo preocupante es la judicialización de las comunidades y la normalización de este mecanismo con el que se castiga a quienes bloquean el paso, pero rara vez se investiga con la misma rapidez a empresas señaladas por contaminación, devastación ambiental o violaciones a derechos colectivos.
El Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI) ha advertido que reducir las protestas sociales en Yucatán a hechos aislados sería ignorar una historia larga de represión y silenciamiento.
Es la organización comunitaria la que impide que más megaproyectos invadan su territorio. Foto: Santa María Chi.
La organización recuerda casos como el desalojo en Chablekal en 2016, cuando habitantes que intentaban impedir el desalojo de un adulto mayor fueron reprimidos con gas lacrimógeno y violencia física; o las protestas feministas del #28S en Mérida, donde autoridades respondieron con denuncias penales por daños al patrimonio.
En febrero de 2023, habitantes de Sitilpech que protestaban contra una granja porcícola denunciaron haber sido sorprendidos y reprimidos durante la madrugada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Días después, en una protesta solidaria en Mérida, cuatro manifestantes fueron detenidos ilegalmente. Para CEJUDI, estos hechos forman parte de un patrón preocupante donde las autoridades responden con criminalización antes que con diálogo.
Mientras tanto, periodistas que cubren conflictos socioambientales enfrentan hostigamiento digital, intentos de intimidación y aislamiento institucional.
La prensa se ha tenido que organizar para impedir denuncias por difamación de parte del sector privado. Foto: Somos Periodistas.
Académicos ni periodistas están exentos
Hace poco solicité entrevistas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y me sorprendió saber que académicos que investigan impactos ambientales son desacreditados o presionados para guardar silencio.
También, activistas son etiquetados como “radicales”, “enemigos del desarrollo” o “generadores de conflicto”.
La labor periodística en Yucatán atraviesa una crisis marcada por la violencia institucional, la inseguridad jurídica y la precarización laboral.
En 2022, la organización Artículo 19 documentó 50 agresiones contra la prensa en la entidad, posicionándola como el segundo estado con más ataques a periodistas en el país.
En este contexto surgió el colectivo Somos Periodistas, integrado como una respuesta de defensa y acompañamiento frente a agresiones ejercidas principalmente por corporaciones de seguridad pública y autoridades municipales. Además de exigir garantías para el ejercicio periodístico, el colectivo ha impulsado la eliminación de los llamados “delitos contra el honor”, figuras legales utilizadas para criminalizar y limitar el trabajo de periodistas y comunicadores.
Todo esto ocurre en un estado donde el discurso oficial insiste en que aquí “no pasa nada”, pero sí pasa, sí pasa cuando una comunidad maya tiene que unirse para cuidar su agua, su monte o su territorio frente a proyectos con enorme poder económico.
Ahí las fuerzas de seguridad aparecen antes para retirar manifestantes que para atender denuncias por daño ambiental.
Niñas y niños también salen a marchar para cuidar su hogar. Foto: Santa María Chi.
Wilberth Alfonso Náhuat Puc, comisario municipal y representante de Santa María Chi, denunció recientemente que enfrenta desde hace más de tres años una persecución penal derivada de una protesta pacífica contra una empresa porcícola señalada por contaminación ambiental. Afirmó que mientras la comunidad era tratada “como criminal”, autoridades federales terminaron clausurando y desmantelando la granja denunciada debido a afectaciones ambientales y riesgos a la salud.
La pregunta que plantea es ¿por qué sigue vigente la persecución penal contra quienes defendimos la vida?”
Mientras hay criminalización para quienes defienden el territorio, más avanza en Yucatán la expansión inmobiliaria, energética, agroindustrial y turística.
* Este artículo fue escrito por Itzel Chan, quien cubre comunidades costeras gracias al apoyo del programa Report for the World.
Comentarios (0)