Un juez del Poder Judicial Federal en Sonora frenó temporalmente el inicio de las obras de una terminal de licuefacción y almacenamiento de Gas Natural Licuado, conocido como AMIGO GNL, en el municipio sonorense de Guaymas, al otorgar una nueva suspensión definitiva sobre la autorización ambiental del proyecto.
La resolución es el resultado de la ampliación de un juicio de amparo promovido por la organización Nuestro Futuro A.C. a partir de señalamientos sobre irregularidades operativas en el procedimiento de evaluación ambiental de la obra.
La medida judicial impide la construcción de esta infraestructura terrestre y marítima mientras se resuelve el juicio de fondo, independientemente de la existencia de una autorización de impacto ambiental emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
La organización civil promovente del amparo documentó que durante las primeras etapas del proyecto se registraron vacíos de información en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), omisiones en el proceso de consulta pública y contradicciones sobre la validez de los permisos otorgados por las autoridades.
El complejo industrial AMIGO GNL contempla licuar gas natural proveniente de Estados Unidos para enviar 7.8 millones de toneladas anuales hacia los mercados asiáticos. Su operación en una segunda fase generaría el tránsito de buques metaneros por el Golfo de California, un ecosistema que alberga al 80 por ciento de los mamíferos marinos presentes en el país.
Especialistas en conservación advirtieron que este nivel de tráfico marítimo aumentará el ruido submarino, el riesgo de colisiones con la fauna local, la alteración en los sedimentos y la introducción de especies invasoras mediante el vertido de aguas de lastre.
Nora Cabrera, directora ejecutiva de Nuestro Futuro A.C., expuso que el Poder Judicial impuso un límite legal para impedir el desarrollo material de la obra antes de comprobar su legalidad, una acción que forma parte de una estrategia jurídica enfocada en proteger el ecosistema regional frente al avance de la infraestructura fósil.
La decisión del tribunal coincide con la publicación de una carta respaldada por más de 100 científicos, quienes solicitaron a las autoridades de México y Estados Unidos detener estas instalaciones por el riesgo que representan para la diversidad costera.
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