El pasado 1 de mayo, Natalia Lara y Javier Alvarado, jóvenes defensores ambientales, fueron detenidos y arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Metro de la Ciudad de México.
Ambos fueron en un inicio señalados de realizar actos vandálicos durante la marcha que se realizaba en el marco del Día del Trabajo. En el video grabado por Lara se observa a Alvarado, sin playera por el forcejeo y sujetado por tres policías, mientras un par más evitan que Natalia se acerque.
A falta de pruebas, Lara quedó libre de cargos, pero Alvarado fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde se abrió una carpeta de investigación por el presunto abuso contra una mujer policía durante la detención en el Metro.
“El 2 de mayo, Javier y yo fuimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para poner la queja sobre abuso policial y detenciones arbitrarias a defensores del territorio”, cuenta Lara.
Como parte de las medidas de reparación, ambos solicitan una disculpa pública y sanciones a los policías que los detuvieron. En entrevista con Causa Natura Media, ambos defensores señalan que y, hasta el cierre de la edición de esta nota, las autoridades de la Fiscalía capitalina no han informado avances sobre la queja y las peticiones.
En el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2024”, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), publicado este año, hay un apartado dedicado a las agresiones que existen en zonas donde se establecen megaproyectos.
Los vinculados a la construcción de desarrollos habitacionales, de servicios y comerciales figuran entre los primeros tres más violentos con 10 agresiones documentadas. Sólo por debajo de aquellos vinculados a granjas porcícolas y tala forestal ilegal, con 10 y 11 agresiones, respectivamente.
Tanto Natalia como Alvarado pertenecen a movimientos de pueblos originarios y barrios de la Ciudad de México, como Santa Úrsula Coapa, que se han organizado contra el establecimiento de megaproyectos con fines comerciales como la ampliación del Estadio Azteca con miras al Mundial de Fútbol de 2026, ésta es uno de sus principales motivos de movilización debido a la concesión de agua y la construcción de un pozo cedidos a Televisa.
“También se cumplen 10 meses de la agresión que recibimos por parte de grupos paramilitares el 5 de septiembre del año pasado, que también fue una noticia que se volvió mediática porque nos reprimieron”, recuerda Alvarado, quien hace mención a que otras dos compañeras también tienen carpetas de investigación abiertas por participar en los movimientos sociales.
“A nosotros no nos sirve de nada que se dé alguna disculpa pública, si nos van a dejar abiertas las carpetas para seguirnos condicionando”, señala Alvarado.
Respecto al resto de las demandas, Natalia Lara señala que continúan insistiendo en que se cancele la concesión de agua para el megaproyecto del Estadio Azteca, que se dé información sobre los impactos ambientales de las obras en torno al Mundial de Fútbol y que se quiten los permisos de construcción de Televisa.
“Es muy importante que se cancelen los estudios de construcción porque de esa manera nosotros tenemos la seguridad de que el espacio no se cede a proyectos inmobiliarios. Pero mientras no se cancelan esos permisos de construcción, seguimos vulnerados ante ellos”, concluye.
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