Con más de 20 años de tala ilegal en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y los bosques aledaños de San Juan Atzingo, el pueblo tlahuica tiene claro cuáles son los pasos para ponerle un alto.
Lo primero es declarar la región como una zona de emergencia ambiental, seguido de implementar inspección y vigilancia forestal permanente, confiscar los aserraderos clandestinos, revisar talleres de venta e impulsar apoyos hacia la comunidad para reforestar la región.
Así lo establece el comunicado del 5 de julio publicado con motivo de la más reciente manifestación, en la que imprimieron en mantas la frase “El Bosque de Agua muere por la tala ilegal en las Lagunas de Zempoala” y bloquearon la carretera Santiago-Chalma, Estado de México.
El Bosque del Agua es como se le conoce a la zona forestal que recorre las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de El Tepozteco, Chichinautzin, Zempoala, Ajusco, Desierto de los Leones, en las entidades de Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
Aunque no hay cifras oficiales del impacto por tala clandestina en este bosque, Greenpeace tiene registro de 2 mil 400 hectáreas perdidas al año.
“La tala es un problema que se ha dejado crecer demasiado, al grado de que los talamontes ya lo hacen de manera organizada, equipándose con vehículos, camionetas, radios de comunicación y armas. No son los que talan para subsistir, ahora es un negocio de grandes ganancias”, explicó en entrevista Eduardo González Gómez, presidente del Ayuntamiento Indígena Provisional Electo de Atzingo.
Tala clandestina en Ocuilan, Estado de México. Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro.com
Talamontes en la carretera
San Juan Atzingo es la localidad principal del pueblo indígena tlahuica, en el municipio de Ocuilan, Estado de México. Se encuentra en los alrededores de las Lagunas de Zempoala, las cuales cuentan con un decreto de ANP desde 1936.
De manera extraoficial, comuneros de San Juan Atzingo han documentado que en los últimos 20 años en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala se devastaron 6 mil hectáreas.
De acuerdo con González, establecer la zona como emergencia ambiental, una categoría que usualmente es aplicada en casos de contaminación, evidenciaría que no hay un programa prioritario para enfrentar la tala.
“Es cierto que está decretado como Área Protegida, pero en realidad es una zona desprotegida. Sabemos que para las autoridades sería reconocer que hay una política fracasada al declarar una ANP como zona de contingencia ambiental”, expresó.
En 2007, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) implementó el programa denominado inicialmente “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, con énfasis en Michoacán y Estado de México. Posteriormente se extendió a Morelos y a la Ciudad de México.
En su informe de actividades 2020, la Profepa reconoció que en materia de recursos forestales realizó mil 198 inspecciones, 905 recorridos de vigilancia y 106 operativos ese año.
Estas acciones dieron como resultado el aseguramiento precautorio de 5 mil 740
metros cúbicos de madera, 611 toneladas de carbón vegetal, 150 vehículos, 155 equipos y herramientas, así como la clausura de 17 aserraderos en todo el país.
A pesar de las cifras, cada año son más frecuentes las imágenes de talamontes en camionetas y árboles tirados a las orillas de las carreteras en Ocuilan.
“Sabemos que en las localidades de Santa Martha y de Santa Lucía existen nueve aserraderos clandestinos en los que a diario procesan los árboles que derriban. Lo hemos denunciado”, señaló el presidente del Ayuntamiento Indígena durante la entrevista.
“Creemos en que hay complicidad entre los taladores con quienes trabajan en las dependencias. Notamos que cuando se realizan operativos, no salen al bosque a talar durante esa semana, se resguardan”, agregó.
En la localidad de Santa Martha, a menos de 7 kilómetros de San Juan Atzingo, también está un cuartel de la Guardia Nacional. En mayo pasado se difundieron los videos de un enfrentamiento con taladores armados.
Tres años antes, Félix Alberto Linares González, presidente municipal de Ocuilan, se unió a una manifestación contra la tala ilegal, exigiendo apoyo del gobierno federal con la presencia de este cuerpo y reconociendo estar sobrepasados por bandas de talamontes.
Menos acciones, más denuncias
En 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que existían 122 zonas críticas forestales en el país, de las cuales, seis se encontraban en el Estado de México.
Sin embargo, el número de denuncias por tala ilegal es superior que en el resto de las entidades del país.
De 2018 a 2021 la Procuraduría registró 4 mil 989 denuncias por tala no autorizada. De acuerdo con información otorgada vía transparencia, 724 pertenecen al Estado de México, con 10 inspectores asignados para toda la entidad.
Posteriormente se encuentran Michoacán con 524, Puebla con 392 y Ciudad de México con 301 reportes. El 2019 fue el año que supera a los otros con un total de mil 380.
“La tala es un fenómeno grave que ha crecido durante los últimos años. No es sólo un fracaso de la Profepa, es de toda la política forestal y para atenderlo es necesario promover el manejo forestal”, declaró René Orantes, presidente de Bosques y Gobernanza A.C.
Hasta el momento, en el pueblo Tlahuica realizan sus propias actividades de reforestación tanto en San Juan Atzingo como en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Después de la manifestación de hace un mes, tuvieron una reunión con autoridades en donde plantearon sus peticiones, pero la única respuesta fue un operativo de la Guardia Nacional que no ha generado cambios.
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