En el 2010 la Minera Gorrión, empresa subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, anunció una mina a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Un proyecto que se concesionó en tierras de la comunidad nahua Tecoltemi para explotar oro y plata.
Después de 12 años de denuncias contra la invasión e investigaciones sobre daños a la salud y el medio ambiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó dejar insubsistentes las concesiones, lo que implica su cancelación.
“Desde 2015 la comunidad decidió presentar una demanda de amparo en contra de la Secretaría de Economía (SE) por haber otorgado dos concesiones mineras de 14 mil hectáreas sobre el territorio ejidal y comunal de Tecoltemi”, explicó en entrevista Diana Pérez, abogada del caso, perteneciente al Consejo Tiyac Tlali que acompaña en la defensa.
Tras un proceso legal que pasó por Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, el caso fue atraído por la SCJN. El 16 de febrero la Corte resolvió dejar las concesiones inválidas al haber sido emitidas sin consultar a Tecoltemi. Y el pasado 20 de julio la insubsistencia se hizo oficial en el Registro Público de Minería de la Secretaría de Economía.
Pero la empresa canadiense aún se posiciona a la espera de poder acceder nuevamente a los permisos.
Comunidad nahua Tecoltemi, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua. Foto: Tiyat Tlali Sierra Norte.
No más minas
"La Compañía (Almaden Minerals) entiende que esto (la insubsistencia) significa que el título minero ha vuelto al estado de solicitud, y que estas solicitudes conservan los derechos mineros de Almaden pero no permiten que la Compañía participe en la exploración, hasta que (la Secretaría de) Economía complete su consulta indígena ordenada por la Corte en el área cubierta por las solicitudes de títulos mineros", compartió la empresa en un comunicado tras la noticia.
Una postura que, para la comunidad Tecoltemi, contradice lo resuelto por la SCJN.
En entrevista con Periodismo CN, el abogado Jorge Chessal aclara que la insubsistencia sí representa una cancelación de las concesiones, pero la empresa aún tendría la posibilidad de entrar en el proceso.
“Lo que en realidad sucede es que no es imposible otorgar una concesión, quiere decir que la autoridad se brincó una parte del procedimiento. Y en estos casos, cuando el efecto del amparo es regresar el asunto a la parte del procedimiento que hay que reponer, no necesariamente se acaba todo. La concesión sí se elimina porque esa es la resolución que se emitió sin que se hubiera respetado la garantía de la comunidad, pero la solicitud que ya ingresó la empresa no necesariamente queda sin efecto”, explica.
Sin embargo, hay otro factor más en juego. La resolución de la Corte indicó a la SE que se pronuncie respecto a la factibilidad de que se autoricen futuros proyectos mineros en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.
En caso de que el posicionamiento tenga una respuesta positiva, podrían abrirse nuevos procedimientos para concesiones mineras. Pero si la SE decide que no hay factibilidad, entonces la cancelación de futuras minas es oficial.
“La sentencia de la Suprema Corte es muy clara en el sentido de ordenar a la Secretaría de Economía dejar insubsistentes los títulos de concesión minera por haber violado el derecho a la consulta y le pide que se pronuncie”, puntualizó la abogada Pérez.
Con la cancelación de las concesiones actuales la comunidad de Tecoltemi ha hecho hincapié en no permitir más minería en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
“Exigimos a la empresa (Almaden Minerals) de abstenerse de cualquier acto de intromisión en nuestro territorio, así como a las distintas dependencias e instancias del Estado Mexicano para no autorizar, e incluso, dejar sin efectos cualquier tipo de permiso (de cambio de uso de suelo, de construcción, de impacto ambiental, de agua, forestal u otros) que tengan relación con las concesiones canceladas”, señala la comunidad de Tecoltemi en su comunicado.
Exigencia principalmente dirigida al caso de Almaden Minerals. Hasta 2015 se tenía registro de 440 concesiones en Puebla, de las cuales el 60% se concentraba en esta empresa, de acuerdo con la organización civil PODER.
Ubicación de lo que sería el Proyecto Minero Ixtaca. Imagen: Almaden Minerals.
Los daños hechos
Aunque durante los años de concesión la Minera Gorrión sólo pudo realizar actividades de exploración, se hicieron estimaciones de que su ubicación en la cuenca del río Apulco impactaría a más de 70 mil personas.
La actividad minera a cielo abierto es conocida por sus diversos impactos negativos en los recursos hídricos. Algunos de los estudiados son la reducción del nivel de aguas subterráneas; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del hábitat; la eliminación de la producción en pozos de abastecimiento doméstico, entre otros que dificultan el acceso al agua.
Adicionalmente, declara la abogada Diana Pérez, durante la década de trabajos de exploración se realizaron actividades sin permisos ambientales. Lo que derivó en denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El caso más reciente fue el año pasado, cuando se percataron de trabajos de barrenación, que consiste en perforaciones en la tierra para obtener muestras del subsuelo, en la zona de Cerro Blanco. Esto sin contar con un informe preventivo como lo indica el artículo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico.
“La última denuncia que se hizo en 2021 fue porque la empresa hizo exploración, y salió a decirlo públicamente, cuando no tenían autorizado ningún informe preventivo que se necesita para poder realizar exploración minera. Actualmente, sabemos que se ha avanzado para abrir un procedimiento administrativo por esta razón”, actualizó la abogada.
Sin embargo, hasta el momento se sigue en espera de resultados respecto a dicho procedimiento.
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