En los últimos 20 años, las playas de La Paz, Baja California Sur, adquirieron un valor turístico y, con ello, aumentaron las disputas entre los diferentes usuarios por el uso exclusivo de estos espacios, de acuerdo con Carmina Valiente, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y coordinadora de la campaña Es Mi Playa, Mi Barrio.
“Quien tiene el poder político, económico y de la propiedad controla el acceso a la playa o al mar. Es muy fácil excluir a los demás cuando tienes una propiedad y, sobre todo, propiedades tan extensas como las que tenemos en Baja California Sur, a diferencia de otros lugares del país”, explicó.
Durante los últimos 10 años, el Ayuntamiento de La Paz ha recibido más de 10 denuncias de bloqueos en los caminos que conducen al mar y ha emprendido operativos interinstitucionales para liberarlos, lo que ha puesto en evidencia las limitaciones y vacíos legales que existen para garantizar el libre acceso a las playas.
“El interés o la iniciativa de crear este reglamento surge derivado de la intervención en sitio que tuvo el Ayuntamiento de La Paz y de la limitada normatividad vigente, que es muy poca. Este reglamento viene a sumar una herramienta más para la defensa de las playas, pero también para su conservación y cuidado”, señaló Pavel Castro, contralor del Ayuntamiento de La Paz.
A raíz de esta experiencia y de la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el Ayuntamiento de La Paz cuenta con una propuesta de reglamento de acceso a las playas que, de ser aprobada por el Cabildo de La Paz, evitaría conflictos respecto al acceso libre y al uso responsable de las playas durante Semana Santa y la temporada de verano de 2026.
“Ya es tiempo de que este reglamento salga si queremos evitarnos conflictos y pérdida de energía innecesaria en Semana Santa y el verano. Cuando las reglas del juego están claras, evitamos roces”, señaló Valiente.
Acceso libre a las playas
El reglamento se elaboró mediante mesas de trabajo durante alrededor de tres meses, entre el Ayuntamiento de La Paz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Cómo Vamos La Paz y Es Mi Playa, Mi Barrio. Su objetivo principal es garantizar, proteger y regular el derecho al acceso, al tránsito y al disfrute libre, seguro, gratuito, adecuado, inclusivo y continuo de las playas de La Paz.
“Se busca garantizar el derecho humano y el derecho universal a las playas y evitar la exclusión”, señaló Valiente.
El reglamento solo incluye atribuciones municipales relacionadas con la protección del acceso a las playas y a la Zofemat, así como con permisos de construcción, seguridad, limpieza y el cobro de concesiones.
“Sabemos que tenemos que ser cuidadosos de no escalar demasiado las facultades que tenemos. Dentro de esas facultades, las vías públicas son las que podemos intervenir, y en los convenios de Zofemat, en la conservación y el cuidado de las playas, así como en el cobro de la zona federal”, señaló Castro.
Dos de los ejes rectores que dan vida a este reglamento son la creación de un inventario de accesos y playas y la no autorización de subdivisiones de predios que no cuenten con caminos registrados o con una servidumbre de paso establecida previamente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“El ayuntamiento puede liberar accesos, pero después resulta que no estaban registrados en Catastro y los propietarios demandan que es su propiedad privada”, señaló Valiente.
Ahora, con el inventario de accesos y playas registrado ante Catastro, cuando alguien vaya a construir o adquiera una propiedad frente al mar, ya sabrá que existe un acceso a la playa que pasa por ese predio.
De acuerdo con Castro, este reglamento también busca anticipar el camino que deberán seguir los municipios en caso de que el Senado apruebe una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya aprobada por la Cámara de Diputados, que prohíbe la imposición de cobros para acceder a las playas y propone un Registro Nacional de Accesos.
“Esta reforma trae como propuesta un registro nacional de acceso a playas y establece que los catastros deberán registrar estos accesos”, señaló Castro.
Uso responsable de los bienes comunes
Otro de los ejes importantes del reglamento tiene que ver con la responsabilidad y las obligaciones de cuidado que se atribuyen a la ciudadanía.
“Hay ciertas responsabilidades ciudadanas como llevarse su basura, no meter el carro a la playa y respetar la presencia de otras personas. Eso es importante porque no solo podemos estar exigiendo; también tenemos que poner de nuestra parte para que todos estemos bien en ese espacio, como en cualquier espacio público. Tenemos que autorregularnos por el bien común”, señaló Valiente.
Añadió que existe una oportunidad para aprender a cuidar colectivamente los bienes comunes que, como las playas, pertenecen a todas las personas.
“Los bienes comunes se practican y nosotros, como ciudadanos, tenemos que hacernos responsables de ser autogestivos y de cuidar ese bien común, educándonos unos a otros, con señalética y con campañas de comunicación. El ayuntamiento no debería estar solo en eso; para eso también están las organizaciones de la sociedad civil”, señaló Valiente.
Aprobación, implementación y replicabilidad
La propuesta del reglamento está en proceso de ser dictaminada por la Comisión de Asuntos Legislativos y Reglamentarios, y se espera que sea votada por el Cabildo de La Paz antes de Semana Santa de 2026.
De aprobarse, vendrán nuevos retos, como su implementación para asegurar el cumplimiento de lo que establece el reglamento.
“Estamos proponiendo que el Ayuntamiento, a través de las áreas correspondientes, realice inspecciones periódicas y extraordinarias para verificar el cumplimiento de este reglamento en todos los accesos a las playas y en las zonas federales”, señaló Castro.
También se apoyarán en los elementos de seguridad pública municipal y en los recorridos y verificaciones que ya realiza Zofemat La Paz. Debido a las atribuciones municipales, también podrán involucrar a áreas como Gestión Integral de la Ciudad en temas de movilidad o licencias de construcción, o a Tesorería en asuntos relacionados con comercio.
“Simplemente vamos a generar una articulación más organizada, pero no nos va a detener el presupuesto, porque las direcciones ya tienen personal y podemos distribuir el trabajo sin problema”, señaló Castro.
Una vez que se cuente con este reglamento, tanto Valiente como Castro coinciden en que será una buena oportunidad para replicarlo.
“No siempre hemos sido estados turísticos; hay una cultura y una historia que han precedido al turismo, pero que se ven desplazadas. La narrativa del turismo, de la belleza y del paisaje se impone sobre la narrativa del origen de estos lugares. Por eso tenemos que amplificar la historia del lugar, aprender a convivir y evitar futuros conflictos en otros municipios de Baja California Sur y en todos los destinos turísticos de México”, señaló Valiente.
Comentarios (0)