México, un país con 300 mil personas dedicadas a la pesca, cierra los últimos seis años con un balance “pobre” y “cosmético” de reformas legislativas del Congreso de la Unión para dicho sector en los últimos seis años, sostuvieron expertos entrevistados.
En lo que va del presente sexenio se han aprobado 5 reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), derivadas de dos legislaturas de tres años en la Cámara de Diputados y una sexenal en el Senado.
“Estas cinco reformas, si algo las distingue es que son reformas la mayor parte cosméticas”, explicó el abogado Rigoberto García Soto.
Carta Nacional Pesquera
El 7 de diciembre del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 32 de la LGPAS que amplió el plazo de la actualización de la Carta Nacional Pesquera de uno a dos años. Un instrumento que guarda la información de las pesquerías del país y que sirve para desarrollar políticas públicas.
“En un ambiente tan cambiante como la crisis climática, con la falta de permisos, con la falta que nosotros mismos dimos a conocer hace algún tiempo a la autoridad pesquera de que la información de la Carta Nacional tiene más del 50% con más de 10 años de desactualizado. Entonces, ¿cómo puede ser qué con esta crisis se amplíe el periodo?”, indicó Esteban García-Peña, director de Campañas de Pesquerías de la organización Oceana, quien consideró pobre el trabajo legislativo en los últimos seis años.
Infraestructura productiva
El 19 de enero de 2023 se publicó el decreto para añadir que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura contemple proyectos de infraestructura productiva y que fomenten el desarrollo de comunidades pesqueras y acuícolas.
“No incorporó valor, pero sobre todo es una reforma inocua a juzgar por los hechos. Es decir, si a partir de la reforma, que entró en vigor al día siguiente, mides en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, qué programas promuevan proyectos de infraestructura productiva y social se han puesto en marcha por la actual administración federal en el país, vas a encontrar que son dos únicamente: en el plan de justicia para las comunidades étnicas Seri y Yaqui en Sonora, pero no hay nada más”, explicó el abogado García Soto.
Foto: Comisión de Pesca, Cámara de Diputados.
De esta forma la reforma no funciona si no hay voluntad de la administración para hacerla efectiva, destacó García Soto.
“Cuando tú no le das recursos en el presupuesto, cuando tú no generas las condiciones, pues no sólo de la política pública, sino que no la acompañas de los recursos económicos materiales financieros para que se implemente, pues termina siendo una reforma inocua”, agregó.
Cálculos para multas
El mismo día una reforma al artículo 138 de la LGPAS cambió el Salario Mínimo Vigente por la Unidad de Medida de Actualización, el indicador para calcular las multas pesqueras.
“Fue una reforma meramente cosmética porque consistió en quitar la referencia al salario mínimo como la unidad de medida a través de la cual se imponían las multas... entonces no tuvo mayor incidencia ni en la productividad ni en la sustentabilidad ni en la mejora de las condiciones del sector pesquero”, apuntó García Soto.
Despedida del Inapesca
Posteriormente, el 4 de diciembre del 2023 se publicó una reforma para actualizar el nombre de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura en la LGPAS por el de Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).
“Hacen lo mismo, nomás que ahora ya no se llama Inapesca, se llama Imipas. Bueno eso es lo que hicieron 500 diputados y 120 senadores durante seis años en el sector pesquero y es un desperdicio y una lástima. En lugar de haber atendido los asuntos de fondo”, se quejó García-Peña.
Comunidades afromexicanas
Por último, el 1 de abril de este año diversos artículos fueron modificados para incorporar a las comunidades indígenas y, en especial, las afromexicanas en diversas disposiciones de la ley.
“Pues tiene un contenido significativo incluyente en relación con nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es una cuestión que tiene que ver con justicia social, es una cuestión que no porque hoy se diga no se incluyera antes, pero la mención pues es importante, no podríamos demeritar”, dijo García Soto.
Comisiones de pesca
La comisión ordinaria de Pesca de la Cámara de Diputados cumple con funciones de dictamen legislativo. Realizó 18 reuniones ordinarias en la LXV legislatura que va del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2024; esto es 38% más que las 13 que tuvieron entre el 2018 y 2021; pero 28% menos que las 25 realizadas entre el 2015 y 2018.
Un análisis realizado, con base en los listados de asistencia, de las reuniones ordinarias de los y las diputadas de la Comisión de Pesca revela que hubo legisladores que faltaron hasta 14 veces en la LXV legislatura.
“Te vas a dar cuenta de que la mayor parte de las cosas que discuten son exhortos. No digo que no sean importantes, pero hubiera sido mejor que los legisladores se hubieran reunido para legislar. Y para resolver los problemas de la pesca”, comentó García-Peña.
Por otro lado, en el Senado la Comisión de Pesca se instaló el 9 de noviembre del año pasado. El presidente de la comisión, el senador Raúl Elenes Angulo, apuntó en su momento que buscarían una dinámica acelerada para revisar las iniciativas de pesca que ya existían.
Comisión de Pesca, Senado. Foto: Senado.
No obstante, sin considerar la primera reunión de instalación, los senadores sólo se juntaron dos veces más: el 6 de diciembre del 2023 y el 25 de abril. La primera contó con la inasistencia de la Senadora Nancy Guadalupe Sánchez, Arturo Bours; Mayuli Latifa; y Mario Zamora. Mientras que la segunda con la de Ricardo Velázquez y Jorge Carlos Ramírez.
El 26 de abril el pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se extinguen las 27 comisiones ordinarias constituidas en la LXIV y LXV legislatura que no están previstas en la Ley Orgánica, entre ellas la Comisión de Pesca.
Un acuerdo que García-Peña calificó de “absurdo”.
“Entonces, qué crees, antes de terminar la actual legislatura en la mesa directiva envió un oficio en el que dice que las reformas de los últimos meses no causan efecto y se echan para atrás. Por lo tanto ese (acuerdo de creación) que además era cosmético, que era hacer una comisión legislativa, desaparece”, apuntó.
Las infracciones pendientes
Entre la lista de reformas pendientes a la pesca, García Soto destacó la materia de infracciones y sanciones administrativas.
Existen una serie de iniciativas del título decimocuarto de la LGPAS, que regula las mismas, pero se halla desactualizado.
“El primer capítulo que es el tema de las infracciones contiene un catálogo de las conductas que se consideran infracciones administrativas sancionable en materia de pesca y acuacultura, es un catálogo obsoleto, ambiguo e impreciso; es un catálogo con una serie de situaciones redundantes que debe ser mejorado para contribuir a mejorar la eficiencia en la aplicación de sanciones por parte de la autoridad pesquera en el país”, explicó.
La otra parte parte de dicha reforma se relaciona con las sanciones, que hoy contemplan: amonestaciones, multas, decomisos, revocación de permisos, arrestos y clausuras.
“Permíteme decirte que no se ha impuesto nunca el arresto administrativo como una sanción en materia de pesca, jamás, Tampoco se ha impuesto nunca como sanción la clausura. No hay casos que se hayan sostenido en tribunales en donde se haya impuesto como sanción la suspensión o la revocación de permisos o concesiones en materias de pesca y acuacultura. Esto tiene que ver porque existe una serie de imprecisiones, de ambigüedades en la propia ley en materia de estas sanciones, pero además existe, y esto es muy importante, falta reglamentación. De modo que tampoco está escrito cómo se va a imponer una clausura, cómo se va a imponer una suspensión o una revocación, cómo se van a hacer efectivas una vez que se impongan”, dijo García Soto.
García Soto añadió que una reforma que reordene las facultades y competencias de las autoridades en términos de la inspección y vigilancia pesquera sería necesaria, comentó.
En la práctica, a falta de reforma, el gobierno federal ha atribuido funciones a la Secretaría Marina sin la suficiente discusión.
Sin restauración de recursos
García-Peña lamentó que la LGPAS no considere la restauración de los recursos pesqueros. Un tema fundamental si se considera que el 34% de las pesquerías en México se encuentran en malas condiciones por sobreexplotación, apuntó.
“No hay un sólo apartado en la ley que asegure la recuperación de las especies. De hecho, lo voy a decir con todas las palabras, es la única ley de tutela un recurso natural, en este caso el recurso pesquero, que no contempla la restauración del recursos que tutela. Por ejemplo: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable contempla la restauración de recursos forestales; la ley general de Vida Silvestre contempla la restauración de los elementos de la vida silvestre; la ley de aguas nacionales habla no sólo de la restauración o cuidado del agua, sino de la restauración de las cuencas hidrológicas. Vaya hasta una ley tan antagónica para los recursos naturales y renovables como la ley minera contempla la restauración de los sistemas que interviene. ¿Entonces por qué la ley pesquera no contempla la restauración?”, lamentó García-Peña.
El experto destacó que reformas de gobernanza participativa y de igualdad de género también se quedaron en el tintero.
Hasta el 31 de agosto, tiempo de receso del Congreso, la Comisión Permanente se encarga de los asuntos legislativos de la Cámara de Diputados y el Senado. La 66 legislatura empezará el 1 de septiembre de 2024.
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